El coronavirus convierte la desigualdad en un problema de salud pública

«Puede parecer una idea ridícula, pero la única forma de combatir la plaga es mediante la decencia». - Dr. Rieux en la novela de 1947 de Albert Camus, La peste.

La crisis de COVID-19 está generando ejemplos positivos de cooperación global, pero también está exponiendo muchos fallos y revelando tendencias alarmantes. Algunos de los estados de la UE más afectados han expresado resentimiento por la aparente falta de solidaridad de los países vecinos. Ciertos estados de EE. UU. participan en una guerra de ofertas entre sí por equipos de protección personal (EPP) y hardware médico que ha elevado los precios.

Las urgentes decisiones nacionales de salud pública en los Estados Unidos se han visto envueltas en el partidismo político. En Brasil, el escepticismo científico y el dogma político han contaminado el debate nacional sobre COVID-19. En todo el mundo, existen preocupaciones legítimas de que el cerco de las comunidades y el cierre de las fronteras con fines de contención también reforzarán el tribalismo y la xenofobia. Existe inquietud de que las suspensiones de las libertades civiles puedan envalentonar el autoritarismo y hay razones para temer un aumento global de la sospecha y la división intergeneracional. La discriminación por edad va en aumento.

En las próximas décadas se debatirán nuestras acciones colectivas y la falta de acción, pero algunas lecciones ya son evidentes. Lo más convincente es que la desigualdad extrema no funciona para nadie en esta era COVID-19. Incluso los más privilegiados no pueden construir sus muros lo suficientemente altos como para aislarse de las epidemias, independientemente de si esos muros están en un mismo territorio o entre varios. Así como los especialistas en salud pública del siglo XIX defendieron la mejora urgente de la vivienda y el saneamiento, los especialistas en salud pública del siglo XXI deben defender la necesidad urgente de abordar la desigualdad social, por las mismas razones relativas al bienestar público generalizado. Además, ese esfuerzo debe ser global.

COVID-19 se está expandiendo ahora rápidamente hacia el mundo en desarrollo. Al margen de China, con sus particularidades y amplias reservas financieras, Brasil es la primera gran economía emergente en encontrarse en primera línea. El contexto es diferente y desafiante. Brasil se ha clasificado constantemente entre los países más desiguales del mundo desde hubo datos disponibles en la década de 1980. Sin embargo, la desigualdad de ingresos en Brasil aumentó en el último trimestre de 2019 por decimonoveno trimestre consecutivo, lo que representa la tendencia más sostenida jamás registrada en la historia del país.

El economista Marcelo Neri ha observado que de 2014 a 2019, los ingresos laborales de la mitad más pobre de la población brasileña disminuyeron en un 17,1 %, mientras que los ingresos del 1 % más rico aumentaron en un 10,1 %, en un entorno donde el 5 % más rico de los brasileños ya tiene ingresos equivalentes al 95 % restante de la población. La pobreza en Brasil ha aumentado un 33 % solo en los cuatro últimos años. Durante este período, 6,3 millones de brasileños, que equivalen a toda la población de Suiza, aumentaron las filas de los pobres.

Las instrucciones para renunciar a la generación de ingresos, quedarse en casa y practicar el distanciamiento social suenan a hueco para decenas de millones de brasileños que llevan vidas laborales precarias y residen en hogares abarrotados y multigeneracionales dentro de comunidades densamente pobladas. COVID-19 se ha sumado a las vulnerabilidades en términos de ingresos, vivienda y alimentos; una infraestructura frágil; mala gobernanza; y, con demasiada frecuencia, un trasfondo de extorsión criminal.

El Ministro de Salud de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, predijo que el frágil sistema de salud del país, ya agotado por los severos recortes presupuestarios en los últimos años, se colapsará a finales de abril. Según sus palabras: «Puedes tener dinero, puedes tener un plan privado, puedes tener una orden judicial, pero sencillamente no hay lugar para ti».

Según un documento del Centro de Macroeconomía Aplicada y la Fundación Getulio Vargas, el producto interno bruto de Brasil puede reducirse un 4,4 % en 2020. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) prevé que las pérdidas de ingresos a raíz de COVID-19 en los países en desarrollo superen los 220 000 millones de dólares. Un nuevo análisis de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) predice que los países exportadores de productos básicos se enfrentarán a un descenso de entre 2 y 3 billones de inversión extranjera en los próximos dos años.

El PNUD dijo: «Con una estimación del 55 % de la población mundial que no tiene acceso a la protección social, estas pérdidas repercutirán en las sociedades, impactando en la educación, los derechos humanos y, en los casos más graves, la seguridad alimentaria y la nutrición básicas».

Durante décadas, el llamamiento insistente dentro de los círculos de políticas de salud ha sido hacia acciones basadas en evidencia. Es comprensible que se haya convertido en el mantra de la comunidad científica. En este momento debe realizarse un llamamiento hacia políticas basadas en evidencia. Los datos empíricos existen. Sabemos que la desigualdad extrema provoca una costosa disfunción social a varios niveles que es perjudicial para todos; que puede corregirse y que los beneficios de esa corrección serán ampliamente compartidos.

Sabemos que unas sociedades más equitativas son más cohesivas y productivas y menos violentas y ansiosas. La reducción de la desigualdad no es un asalto al mercado, sino una defensa del mismo. La crisis de COVID-19 añade una nota de drama y urgencia a la necesidad de dichas acciones.

Claramente, los países desarrollados tienen más que su parte de desafíos relacionados con COVID-19, pero es vital que la buena ciudadanía global no se convierta en una víctima en medio de sus preocupaciones internas. Según el PNUD: «Sin el apoyo de la comunidad internacional, los países en desarrollo corren el riesgo de que se produzca una reversión masiva de los logros alcanzados en las últimas dos décadas y la pérdida de toda una generación, si no en vidas, en derechos, oportunidades y dignidad».

COVID-19 destaca nuestra interconexión. Es urgente contar con medidas colectivas sólidas para responder a los desafíos inmediatos y futuros. También deben redefinir integralmente los paradigmas de la salud pública mundial.