En diciembre de este año, los gobiernos del mundo se reunirán en París para acordar un nuevo tratado vinculante que frene y, en última instancia, revierta el cambio climático global. La 21.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCC), conocida como COP21, es una de las conferencias ambientales más importantes que jamás se han celebrado. Pero, como se argumenta en un nuevo informe de políticas del Universal Rights Group, también es una de las reuniones de derechos humanos más importantes de los últimos cincuenta años.
La capacidad de los Estados para alcanzar —o no— un acuerdo mundial nuevo y ambicioso en París tendrá un impacto determinante en la vida, las perspectivas, las esperanzas, la dignidad y los derechos de millones de personas en todo el mundo.
La ONU ha considerado y reconocido en numerosas ocasiones las consecuencias del cambio climático para el disfrute de los derechos humanos. La comunidad internacional también ha pedido reiteradamente que los principios de derechos humanos se integren en las respuestas de política climática global, con el fin de fortalecerlas y hacerlas más reflejo de las necesidades de las personas vulnerables y más responsables ante ellas.
Pese a estos avances, Stephen Humphreys, en un artículo reciente para Open Democracy, concluye que, en lo que respecta al cambio climático, “… el derecho de los derechos humanos y sus profesionales —y el movimiento de derechos humanos en su conjunto— tiene poco útil que decir y ningún papel evidente que desempeñar.”
Aunque una valoración tan pesimista resulta sorprendente, sobre todo viniendo de alguien que ha desempeñado un papel protagónico en la configuración del debate sobre derechos humanos y cambio climático durante casi una década, es fácil entender por qué Stephen ha desarrollado dudas.
La cruda realidad es que el progreso rápido inicial (de 2007 a 2011) en el impulso y aprovechamiento de la agenda de «derechos humanos y cambio climático» se estancó después de la COP16 en Cancún. Desde finales de 2011 hasta finales de 2014, se avanzó poco o nada en el uso de las preocupaciones en materia de derechos humanos para generar mayor ambición en las negociaciones de la UNFCCC, o en la integración de las obligaciones y los principios de derechos humanos en las políticas climáticas (internacionales y nacionales).
Entonces, ¿significa eso que la comunidad internacional de derechos humanos tiene “poco útil que decir y ningún papel evidente que desempeñar”?
La respuesta a esta pregunta depende de las expectativas que se tengan sobre el papel del sistema internacional de derechos humanos.
Por supuesto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y sus mecanismos no pueden resolver la crisis climática contemporánea. Pero tampoco deberían hacerlo: no es su responsabilidad ni su mandato dentro de la arquitectura de la ONU. El mandato del Consejo, establecido en la resolución 60/251 de la Asamblea General, es ‘incorporar de forma transversal’ los derechos humanos en otras instituciones, mandatos y políticas de la ONU, no a absorber esos mandatos o asumir esas políticas.
Cumplir con este mandato de incorporación transversal es lo que el Consejo se propuso hacer en marzo de 2008 con su primera resolución sobre derechos humanos y cambio climático (resolución 7/23). Su objetivo era demostrar que el cambio climático tiene implicaciones negativas para los derechos humanos (algo que entonces no era un hecho dado); precisar la naturaleza de esas implicaciones (por ejemplo, qué derechos y qué grupos de población se ven más afectados); e instar a las partes pertinentes de la ONU a guiarse por la preocupación por los derechos humanos al diseñar respuestas de política.
Si se miden frente a estos objetivos, el desempeño del sistema internacional de derechos humanos puede verse con una luz más positiva.
Lenta pero firmemente, y basándose en los Acuerdos de Cancún, los derechos humanos se están incorporando de forma transversal en las negociaciones, procesos y políticas sobre cambio climático.
Las Comunicaciones Nacionales (informes nacionales) en el marco de la UNFCCC ofrecen un ejemplo de ello. Un informe reciente de la Mary Robinson Foundation—Climate Justice (MRFCJ) constató que, de los países que han presentado Comunicaciones Nacionales y planes nacionales de acción para la adaptación, 49 hacían referencia explícita a los derechos humanos (entre ellos muchos que copatrocinaron la resolución 7/23 del Consejo).
Mientras el mundo mira hacia la COP21 en París, además, hay nuevas señales de un impulso renovado a favor de la incorporación transversal de los derechos humanos en la política climática internacional.
Varios actores han tomado medidas para aprovechar el lenguaje de los derechos humanos a fin de exigir mayor urgencia y ambición en las negociaciones sobre cambio climático, y para integrar de manera más sólida los principios y las obligaciones de derechos humanos en la política climática internacional y nacional. En octubre y diciembre de 2014, decenas de titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales de la ONU emitieron declaraciones conjuntas en las que instaban a los Estados a integrar las obligaciones de derechos humanos en la acción frente al cambio climático y a tenerlas en cuenta.
En febrero de 2015, el Gobierno de Costa Rica lanzó el ‘Geneva Pledge for Human Rights in Climate Action.’ Los signatarios del Geneva Pledge se han comprometido a “facilitar una colaboración significativa entre nuestros representantes nacionales en estos dos procesos [es decir, la UNFCCC y el Consejo] para aumentar nuestra comprensión de cómo las obligaciones de derechos humanos orientan una acción climática mejor”. Poco después, un representante de Francia, próximo presidente de la COP, pidió que los derechos humanos se integraran en las negociaciones de París con el fin de alcanzar “un acuerdo ambicioso y justo” en la COP21.
La ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, ha presentado tres propuestas prácticas para reforzar la incorporación transversal:
La creación de foros en el marco de la UNFCCC y del Consejo para que las comunidades de derechos humanos y de cambio climático compartan ejemplos y buenas prácticas (con base en el Geneva Pledge);
La elaboración, por parte de la comunidad de derechos humanos, de directrices sobre cómo integrar las obligaciones, normas y principios de derechos humanos en la política climática (es decir, cómo poner en práctica un enfoque informado por los derechos); y
Los Estados deben incluir el análisis de los vínculos entre derechos humanos y cambio climático en sus informes ante el Consejo de Derechos Humanos (es decir, el EPU) y en sus informes en el marco de la UNFCCC (es decir, las Comunicaciones Nacionales).
Un último paso reciente y prometedor fue la decisión del Consejo de Derechos Humanos de renovar y fortalecer el mandato del Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente. En una señal temprana de su intención de aprovechar esta función para impulsar mayor ambición en París, en abril de 2015 el Relator Especial encabezó una presentación conjunta de 14 titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales a la COP de la UNFCCC sobre las posibles implicaciones para los derechos humanos a nivel mundial de un aumento de 2 °C o de 1,5 °C en la temperatura media global.
Son, por supuesto, pasos relativamente pequeños frente a la enormidad de los desafíos de derechos humanos que plantea el cambio climático. Pero eso no significa que la comunidad internacional deba dejar de darlos. Sigue siendo de vital importancia que quienes formulan las políticas climáticas internacionales, cuando se reúnan en París más adelante este año, comprendan las implicaciones para los derechos humanos de las decisiones que se espera que tomen, especialmente para los miembros más vulnerables de la sociedad. Y sigue siendo importante que los Estados implementen cualquier acuerdo alcanzado en París de manera coherente con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Estos objetivos siguen mereciendo la pena.
Este artículo se publica en colaboración con Open Democracy. La publicación no implica el respaldo de las opiniones por parte del Foro Económico Mundial.
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Autor: Marc Limon es el director ejecutivo del Universal Rights Group.
Imagen: Fragmentos de hielo se desprenden de uno de los costados del glaciar Perito Moreno en un proceso de ruptura inesperada durante los meses de invierno del hemisferio sur, cerca de la ciudad de El Calafate, en la provincia patagónica de Santa Cruz, en el sur de Argentina, el 7 de julio de 2008. REUTERS/Andres Forza
