Mientras Australia se encamina a las elecciones federales del 18 de mayo, se intensifica el debate nacional sobre la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, la discusión pone de relieve los límites de lo que Australia o cualquier otro país por sí solo puede hacer para combatir el calentamiento global. Más bien, el mundo debe redoblar sus esfuerzoscolectivos para hacer frente al cambio climático. Y, por extraño que parezca, las agresivas políticas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrían señalar el camino a seguir.
En Australia, el opositor Partido Laborista quiere que el país reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero un 45% respecto de su nivel de 2005 para 2030. Pero alcanzar esta ambiciosa meta impondría altos costos a los australianos, tanto por los ingresos que dejarían de percibir como por los impuestos propiamente dichos: según las estimaciones del economista Brian Fischer, entre 10.000 y 20.000 AUD (entre 7.000 y 14.000 dólares)per cápita a lo largo de una década. Aunque Australia logre reducir sus emisiones en esa medida, el efecto general sería pequeño, porque el país representa menos del 2% de la economía mundial.
La afirmación del Partido Laborista de que el plan reduciría las inundaciones, los huracanes, los deslizamientos de tierra y otros desastres naturales solo es cierta a medias, porque las acciones de Australia por sí solas no influirán mucho en la frecuencia ni en la gravedad de esos fenómenos. Para marcar una diferencia, suficientes países tendrían que reducir aún más sus propias emisiones de gases de efecto invernadero.
Hasta hace poco, la mejor esperanza del mundo para combatir el calentamiento global era el Acuerdo de París sobre el clima de 2015, firmado por 197 partes, entre ellas los dos mayores emisores acumulados de gases de efecto invernadero (Estados Unidos y la Unión Europea) y el principal emisor actual (China). Todos los signatarios se comprometieron a cumplir objetivos cuantitativos para reducir drásticamente sus propias emisiones respecto de una trayectoria sin cambios en las políticas actuales.
En aquel momento, muchos pensaban que el Acuerdo de París era el límite de lo políticamente viable. Sin embargo, la mayoría de los modelos sobre el cambio climático predicen que, aunque todos los países cumplieran sus compromisos, sus esfuerzos no mantendrían el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 °C respecto de los niveles preindustriales: el umbral crítico a partir del cual serían inevitables consecuencias catastróficas, como la subida del nivel del mar y una mayor frecuencia de desastres naturales.
Peor aún, bajo el mandato de Trump, Estados Unidos ha dado un enorme paso atrás al retirarse del Acuerdo de París e impulsar una mayor producción de carbón y centrales eléctricas de carbón sin requisitos de captura de carbono. Esto resulta doblemente perjudicial: además de aumentar las emisiones de Estados Unidos, Trump ha dado a otros países una excusa para eludir sus propios compromisos de París.
Dirigentes progresistas de Estados Unidos, como la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, han defendido un «Nuevo Pacto Verde» basado en inversiones financiadas con fondos públicos. Esta iniciativa enfrenta un problema similar al de la propuesta del Partido Laborista australiano: impondría costos a las empresas y los hogares estadounidenses, mientras que los beneficios de reducir las emisiones se repartirían por todo el mundo.
Es cierto que un Nuevo Pacto Verde exitoso tendría un efecto mundial mayor, porque Estados Unidos representa aproximadamente una cuarta parte de la economía global. Pero ni siquiera Estados Unidos puede salvar al mundo si otros países no toman medidas igual de enérgicas para reducir las emisiones. De hecho, otros podrían incluso emitir más, porque las acciones de Estados Unidos podrían reducir el costo de los permisos de emisión negociables.
Irónicamente, la disposición del propio Trump a imponer elevados aranceles a las importaciones podría sentar las bases de un nuevo enfoque colectivo. Como Estados Unidos es la mayor economía del mundo y posee un enorme poder político y militar, la mayoría de los países tienen que atender de algún modo las exigencias estadounidenses. En ese sentido, las guerras arancelarias de Trump han «funcionado» (aunque si benefician a la economía estadounidense es otra cuestión).
Quizá un futuro Gobierno de Estados Unidos podría usar aranceles, o la amenaza de imponerlos, para impulsar a otros países a reducir sus emisiones con mayor intensidad, sobre todo a aquellos que contribuyen o contribuirán de manera sustancial al calentamiento global. Esto sería distinto de un impuesto de ajuste en frontera basado en el contenido de carbono de las importaciones: sería una forma de aumentar el costo de la inacción para los países que no contribuyen lo suficiente al esfuerzo mundial.
Estas medidas podrían contravenir las normas comerciales mundiales vigentes. Sin embargo, podrían justificarse por razones de eficiencia, porque evitar la destrucción del planeta beneficia a todos. Además, este enfoque sería justo si lograra que todos los países compartieran de forma más equitativa los costos de combatir el cambio climático (todos compartirían los beneficios de un planeta más saludable).
Lo ideal sería que una iniciativa de este tipo también adquiriera una base jurídica mediante futuras reformas de las normas de la Organización Mundial del Comercio. Sería aún mejor que muchos países se comprometieran a coordinar sus políticas arancelarias para ayudar a hacer cumplir cualquier acuerdo sobre nuevas reducciones de emisiones.
Por supuesto, los aranceles no son —ni deberían ser— la única herramienta para combatir el calentamiento global. Aun así, dada la falta de un mecanismo de cumplimiento eficaz en el acuerdo climático actual, podrían ser un complemento útil y potencialmente eficaz para la próxima ronda de negociaciones climáticas mundiales. Sin embargo, para ello se necesita que Estados Unidos tenga un líder que comprenda la amenaza del cambio climático.
