¿Qué es la transparencia de la propiedad beneficiaria y cómo puede ayudar a financiar el desarrollo?

El mundo enfrenta una crisis de financiamiento para el desarrollo. La deuda global está aumentando. Los flujos de ayuda están disminuyendo. Y la prometida transformación del financiamiento para el desarrollo —de miles de millones a billones— aún no se ha materializado.

Pero existe una herramienta poderosa y poco utilizada que, si se implementa, ayudará a los países a recaudar más, perder menos y gastar mejor: la transparencia de la propiedad beneficiaria.

En la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo (FfD4) de este año, en Sevilla, los líderes mundiales asumieron el compromiso internacional más firme hasta ahora para enfrentar a las empresas anónimas.

El nuevo acuerdo —el Compromiso de Sevilla— compromete a los países a crear registros de propiedad beneficiaria de alta calidad, mejorar el intercambio internacional de datos y explorar la creación de un registro global.

Entonces, ¿qué es exactamente la transparencia de la propiedad beneficiaria? ¿Por qué importa? ¿Y cómo pueden los gobiernos usarla para generar resultados en el desarrollo?

Un “beneficiario real” es la persona que, en última instancia, posee o controla una empresa, incluso si su nombre no aparece en los documentos oficiales. Hasta aproximadamente la última década, rara vez se requería que esta información se documentara oficialmente.

Las empresas anónimas se usan con frecuencia para mover dinero de manera secreta. Pueden emplearse para blanquear ganancias del narcotráfico o delitos ambientales, ocultar sobornos pagados a funcionarios corruptos o ganar contratos públicos a través de empresas pantalla. Debido a que sus verdaderos propietarios están ocultos, puede ser difícil —o incluso imposible— responsabilizar a las personas.

La transparencia de la propiedad beneficiaria (TPB) significa exigir a las empresas que revelen quiénes son sus verdaderos propietarios y quién las controla —y hacer que esa información esté disponible para quienes la necesiten, desde agencias de fiscalización hasta funcionarios de compras públicas.

Cada año, se estima que los países pierden 3,1 billones de dólares por delitos financieros y 492.000 millones de dólares por abuso fiscal. Estas pérdidas afectan directamente la capacidad de los gobiernos para financiar servicios básicos.

En África, por ejemplo, los flujos financieros ilícitos cuestan casi un 4 % del producto interno bruto (PIB), casi tanto como el presupuesto total de educación del continente. Los fondos robados u ocultos no solo perjudican las finanzas nacionales, sino que también socavan la confianza en las instituciones y el estado de derecho.

Las empresas anónimas son centrales en la manera en que circula este dinero. Al hacer que la información sobre la propiedad sea visible y verificable, los gobiernos pueden prevenir abusos y fortalecer la integridad financiera.

Varios ejemplos muestran cómo la transparencia de la propiedad beneficiaria puede generar resultados concretos —pero solo cuando los datos son accesibles, precisos y se utilizan—, incluyendo:

El panorama ha cambiado drásticamente en la última década.

Hace diez años, solo un puñado de países contaba con registros de propiedad beneficiaria. Hoy, más de 100 los han introducido o se han comprometido a hacerlo. El tema ha pasado de ser especializado a formar parte de la corriente principal, y ahora es un elemento reconocido dentro de los marcos globales de desarrollo y lucha contra la corrupción.

Pero el progreso es desigual. En algunos lugares, los registros existen solo en papel y carecen de verificación, aplicación o integración en la toma de decisiones del mundo real. Con demasiada frecuencia, los datos se recopilan, pero son difíciles de acceder o no se utilizan.

En Open Ownership, hemos pasado los últimos nueve meses desarrollando nuestra nueva estrategia 2025–2030, moldeada por las lecciones de apoyar reformas en más de 40 países.

Nuestra conclusión es simple: la transparencia por sí sola no es suficiente. El siguiente paso es ayudar a los gobiernos a poner los datos de propiedad a trabajar.

Hemos identificado cinco prioridades clave para los próximos cinco años:

Para 2030, nuestro objetivo es que los datos de propiedad beneficiaria se utilicen de manera rutinaria —no solo se recopilen— para apoyar una mejor gobernanza y resultados de desarrollo más sólidos.

El Compromiso de Sevilla es un hito. Marca la primera vez que los Estados miembros de la ONU se comprometen a explorar un enfoque global para la transparencia de la propiedad beneficiaria.

Pero la verdadera prueba es si ese compromiso se traduce en un impacto significativo y medible, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos, que se ven desproporcionadamente afectados por los flujos ilícitos y el abuso fiscal.

La transparencia de la propiedad beneficiaria no se trata solo de prevenir daños. También es una herramienta positiva: para aumentar los ingresos internos, mejorar la contratación pública y construir economías más justas y resilientes.

Los próximos años son críticos. Los gobiernos tienen la oportunidad de convertir la propiedad oculta, de ser una vulnerabilidad sistémica, en una herramienta que fortalezca el sistema. El apoyo adecuado —político, técnico y financiero— puede ayudar a que eso suceda.