La liberación de prisioneros por la COVID-19 no es una cuestión de piedad sino de justicia

Una prisión o un centro de detención de inmigrantes es el peor de los lugares para atravesar una pandemia. Con tantas personas hacinadas, el virus puede propagarse con mucha facilidad. Por esto algunos gobiernos han comenzado a conceder la libertad a algunos reclusos y detenidos inmigrantes.

Sin embargo, el número de liberaciones varía considerablemente entre países. Mientras que en Turquía e Irán se cuentan por decenas de miles de prisioneros, en muchas democracias occidentales su número va a la zaga. En Canadá, Australia y los Países Bajos se tardó en actuar. En el Reino Unido el plan aspiraba a la liberación de 4000 personas, el 5 % de la población penitenciaria pero las liberaciones reales fueron pocas, hasta quedar interrumpidas por completo después de que por un error administrativo se liberó a las personas equivocadas.

En todo el mundo, la respuesta más común ha sido la de confinar a los prisioneros en sus celdas, sin derecho a visitas. Esto no les ha parecido bien a los prisioneros. Han estallado disturbios en Italia y Colombia .

El panorama de los centros de detención de inmigrantes no es menos desolador. Después de los brotes de la COVID-19 en los centros de detención de Nueva Jersey, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) ordenó la liberación de varios centenares de personas, pero debido a que en EE. UU. está vigente el mayor régimen de detención de inmigrantes del mundo, estas cifras no son elevadas. John Sandweg, a la cabeza del ICE durante el gobierno de Obama, ha solicitado la liberación de todos los detenidos, a excepción de quienes representan riesgo de seguridad o huida. En el Reino Unido, los inmigrantes detenidos han denunciado no solo la falta de puestas en libertad, sino también las medidas de prevención sanitaria dentro de las instalaciones. Denuncian la carencia de máscaras, gel de manos y pruebas.

En el caso de los centros penitenciarios y de detención, activistas piden urgentemente que se aumente el número de liberaciones, y se otorgue prioridad a los individuos más vulnerables, es decir a la población anciana o que no goza de buena salud, o que se encuentre en ambas circunstancias. (Si crees que la prisión es solo para jóvenes, te equivocas. En los Estados Unidos, actualmente hay más presos mayores de 55 años que con edad comprendida entre 18 y 24 años). Pero ¿por qué se deben defender exactamente las liberaciones? ¿Por qué debería concederse la libertad a personas que han cometido delitos o infracciones a las normas de inmigración?

La respuesta más obvia es la humanitaria. Desde este punto de vista, una justicia fría exigiría que los prisioneros se mantuvieran encarcelados, pero una sociedad decente atempera a la justicia con piedad. Cuando la salud de las personas está en riesgo, estamos dispuestos a pasar por alto los juicios del pasado. Aquellos con mentalidad más pragmática argumentarán que no solo la población reclusa está en riesgo. Cuando un prisionero contrae el virus, lo transmite al personal funcionario que, a su vez, lo transmite al público en general.

Tanto el humanitarismo como la sanidad pública podrían mostrarse a favor de las liberaciones. Pero si así fuera creo que correríamos el peligro de debilitar la argumentación. En una era de pandemia, la protección de la población en régimen penitenciario debe ser vista no tanto como una cuestión piadosa, sino como justicia en sí misma.

Para entender esto, debemos tener en cuenta un concepto fundamental tanto en términos jurídicos como éticos: la proporcionalidad. El principio de proporcionalidad sostiene que las personas no deben soportar costes indebidos, aunque sea en beneficio de objetivos valiosos. Su importancia tal vez se ilustra mejor con ejemplos acerca de las épocas y lugares en que se produjo el delito. En la Edad Media, por ejemplo, se colgaba a las personas por robos y otros delitos menores. Hoy en día sabemos que eso no está bien. No es que la ejecución por delitos menores no lograra el objetivo legítimo de disuadir la delincuencia. Sin duda lo hacía. Sin embargo, el ahorcamiento estaba mal porque el coste impuesto era muy superior a la deuda de los delincuentes, según los delitos cometidos.

La proporcionalidad es, por tanto, un factor relevante en cuanto a la condena que recibe cada delincuente. También resulta decisivo cuando se imponen restricciones de inmigración. Aunque aceptemos que las restricciones a veces están justificadas, no vale todo para lograr su cumplimiento. Medidas tan severas como la separación entre hijos y padres o, como el Partido Popular Danés propuso de modo destacado, disparar a las embarcaciones de migrantes, son simplemente inaceptables. Y esto es así independientemente de que tales medidas ayuden a disuadir los cruces de fronteras no autorizados. Efectividad y proporcionalidad son dos cuestiones independientes.

Ahora, fijémonos en la pandemia. Antes de que comenzara, se emitieron unos juicios sobre cuál sería el tratamiento proporcional aplicado a delincuentes y migrantes no autorizados. Esto resulta especialmente obvio en el caso de los delincuentes. Para estos delincuentes, el objetivo principal es identificar un castigo proporcional. En el caso de los inmigrantes, la duración de la detención tiende a ser indeterminada (que ya es polémico en sí), pero aun así existe un examen judicial, y la expectativa de que la detención sea temporal. Otro de los aspectos es tan obvio que uno podría pasarlo por alto fácilmente: se supone que los inmigrantes, así como casi todos los delincuentes (aquellos que no están en el corredor de la muerte) solo pierden su libertad. Sus cuerpos deben permanecer intactos y sin daños.

Pero a pesar de lo que debería ser, la pandemia lo cambia todo. Las personas ahora no están sujetas solo a una pérdida de libertad. Sus vidas están en riesgo. Es como si sus antiguas sentencias hubieran sido sustituidas por unas nuevas. Además de las penas dictadas por los juzgados y tribunales de inmigración, ahora los reclusos están expuestos también al virus.

¿Sugiero con esto que todos deberían ser liberados? No. Todavía necesitamos sopesar los objetivos del encarcelamiento en relación con los costes. Pero es necesario modificar el modo de realizar dicho cálculo. Ante la situación de pandemia, deberá ponerse en libertad un gran número de reclusos comenzando por aquellos que representan la menor amenaza para la sociedad o los más vulnerables a la enfermedad.

Colgar a delincuentes menores no estaba bien. Disparar a los barcos de migrantes estaría mal. Negarse a liberar prisioneros durante una pandemia no se puede meter en el mismo saco, pero se acerca mucho. Tampoco habría proporcionalidad. Es necesario mejorar la justicia.