La internacionalización de la crisis

En su propagación de un país a otro, el nuevo coronavirus no prestó atención a fronteras nacionales ni a «grandes y hermosos» muros fronterizos. Tampoco valen esos límites para sus efectos económicos posteriores. Como ha sido evidente desde el primer momento, la pandemia de COVID‑19 es un problema global que demanda una solución global.

Para las economías avanzadas, la compasión debería ser motivo suficiente para apoyar una respuesta multilateral. Pero la acción global también es una cuestión de interés propio. Mientras haya un lugar donde la pandemia siga haciendo estragos, será una amenaza –epidemiológica y económica– en todas partes.

El impacto de la COVID‑19 sobre las economías emergentes y en desarrollo apenas comienza a revelarse. Hay buenas razones para creer que en estos países la pandemia será mucho más dañina que en las economías avanzadas: allí donde los ingresos son más bajos, es común que la gente viva más aglomerada, y que una proporción mayor de la población padezca problemas de salud previos que aumentan su vulnerabilidad a la enfermedad. Y los sistemas sanitarios de estos países están todavía menos preparados para manejar una epidemia que los de las economías avanzadas (que tampoco puede decirse que hayan funcionado sin problemas).

Un informe publicado el 30 de marzo por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo ofrece un atisbo de lo que aguarda a las economías emergentes y en desarrollo. Las más exitosas tienen su crecimiento supeditado a las exportaciones, que se hundirán a la par de la contracción de la economía global. Naturalmente, los flujos globales de inversión también se están derrumbando, lo mismo que los precios de los productos primarios, lo que permite prever un futuro complicado para los países exportadores de recursos naturales.

Estos hechos ya se ven en los diferenciales de rendimiento (spreads) de la deuda soberana de los países en desarrollo. A muchos gobiernos les resultará sumamente difícil (o imposible) refinanciar los vencimientos de deuda de este año en términos razonables.

Además, los países en desarrollo tienen menos opciones para enfrentar la pandemia y son más difíciles. Cuando la gente vive al día, sin mecanismos adecuados de protección social, la pérdida de ingresos puede convertirse en hambre. Pero estos países no pueden imitar la respuesta estadounidense, que incluye (hasta ahora) un paquete económico de dos billones de dólares que sumará más o menos un 10% del PIB al déficit fiscal, que ya antes de la pandemia era del 5%.

Tras una reunión virtual de emergencia el 26 de marzo, los gobiernos del G20 emitieron un comunicado en el que se comprometen «a hacer lo que sea necesario y a usar todas las herramientas disponibles para minimizar el daño económico y social de la pandemia, restaurar el crecimiento global, mantener la estabilidad de los mercados y reforzar la resiliencia». En tal sentido, hay al menos dos medidas que pueden tomarse en relación con la difícil situación de las economías emergentes y en desarrollo.

En primer lugar, hay que usar a pleno los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, una especie de «dinero global» cuya creación forma parte de las atribuciones de la institución desde su fundación. Los DEG son un ingrediente esencial del orden monetario internacional que John Maynard Keynes defendió en la Conferencia de Bretton Woods en 1944. La idea es que como obviamente durante una crisis la prioridad de los gobiernos es dar protección a sus ciudadanos y economías, la comunidad internacional debe tener una herramienta para ayudar a los países más necesitados sin que los presupuestos nacionales resulten afectados.

Una emisión de DEG estándar –en la que un 40% de los DEG se destine a las economías emergentes y en desarrollo– ya supondría una enorme diferencia. Pero sería incluso mejor si economías avanzadas como Estados Unidos donaran sus DEG o los dieran en préstamo (en forma concesionaria) a un fideicomiso destinado a ayudar a los países más pobres, tal vez con determinadas condiciones, en particular, que el dinero no se use para el rescate de acreedores.

También es crucial que los países acreedores colaboren, anunciando una suspensión de pagos de las deudas de las economías emergentes y en desarrollo. Para comprender la importancia de esta medida, tomemos como ejemplo la economía estadounidense. El mes pasado, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos anunció una suspensión por 60 días de las ejecuciones de hipotecas con garantía del gobierno federal. En esencia, esta política es parte de una serie más amplia de medidas de «suspensión» en toda la economía estadounidense en respuesta a la crisis de la COVID‑19. Los trabajadores están en casa, los restoranes cerrados, y las aerolíneas prácticamente inmovilizadas. ¿Por qué permitir a los acreedores seguir acumulando rendimientos, habida cuenta de que con los tipos de interés que cobran ya deberían tener un colchón suficiente contra riesgos? Si los acreedores no conceden esa suspensión, muchos deudores saldrán de la crisis debiendo más de lo que pueden pagar.

Así como las medidas de suspensión son importantes en el nivel nacional, también lo son en el nivel internacional. En las condiciones actuales, muchos países están sencillamente imposibilitados de seguir pagando sus deudas, y si no se aprueba una suspensión mundial de los cronogramas de pago, puede haber una avalancha de defaults a gran escala. En muchas economías emergentes y en desarrollo, el gobierno se enfrenta a una elección entre la cantidad de ingresos que se destinan a los acreedores externos y la cantidad de ciudadanos que morirán. Obviamente, para la mayoría de los países permitir un aumento de la mortalidad sería inaceptable, así que la única opción real para la comunidad internacional es o bien una suspensión de pagos ordenada o bien una suspensión desordenada, alternativa esta que generará inevitablemente graves turbulencias y amplios costos para la economía global.

Por supuesto, sería incluso mejor si contáramos con un mecanismo institucionalizado para la reestructuración de deudas soberanas. La comunidad internacional intentó crearlo en 2015, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por amplia mayoría una serie de principios compartidos. Por desgracia, el plan no tuvo apoyo suficiente de los países acreedores más importantes. Es probable que ya sea demasiado tarde para crear un sistema así para esta crisis. Pero inevitablemente habrá otras crisis en el futuro, de modo que la reestructuración de deudas soberanas debería ser una cuestión prioritaria de la agenda para después de la pandemia.

En las inmortales palabras de John Donne: «Ningún hombre es una isla». Tampoco lo es ningún país (algo que la crisis de la COVID‑19 dejó suficientemente en claro). Esperemos que la comunidad internacional decida finalmente hacer frente a la realidad.