Apostar al progreso en Perú

¿Recuerda cómo pagó la última vez que compró algo? ¿Utilizó efectivo o tarjeta de crédito, o quizá una aplicación móvil? ¿Puede enviar dinero a distintas ciudades sin que le cueste demasiado caro? Las respuestas a estas preguntas pueden indicar su grado de acceso a los servicios financieros. Sin un buen acceso a estos servicios, a la gente le sería difícil satisfacer sus necesidades económicas y sociales.

En Perú en los últimos años ha aumentado la cantidad de personas con acceso a servicios financieros, y el número de titulares de cuentas bancarias ha aumentado casi un 50% desde 2014. Pero más de la mitad de la población permanece excluida.

Para cerrar esta brecha y afianzar los avances recientes, el gobierno puede adoptar políticas que permitan sacar mayor provecho de las tecnofinanzas para así ampliar la inclusión financiera en el país. Esto redundaría en un mejor acceso a los servicios financieros para más peruanos, al brindarles más métodos para ahorrar, obtener crédito y pagar por bienes y servicios.

Como se ha señalado, la titularidad de cuentas bancarias en Perú aumentó a 43% en 2017, de 29% en 2014 y 20% en 2011, gracias a que el número de cuentas rurales prácticamente se duplicó, de 23% en 2014 a 41% en 2017.

La expansión de los canales de prestación de servicios contribuyó a tal incremento. En la última década, el acceso a las instituciones financieras ha mejorado porque se ha cuadruplicado el número total de sucursales.

Las instituciones tanto bancarias como no bancarias ampliaron su presencia en la mayoría de las regiones de Perú. Y en los últimos años también han surgido nuevos mecanismos de prestación de servicios, como el dinero móvil y las plataformas en línea.

De hecho, gran parte de los avances en materia a inclusión financiera es atribuible al apoyo brindado mediante políticas. Como signatario de la Declaración Maya, Perú forma parte de una red de autoridades que se han comprometido a mejorar las políticas y la normativa sobre inclusión financiera. En julio de 2015, el gobierno lanzó la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera , que fija metas de titularidad de cuentas bancarias de 50% para 2018 y 75% para 2021.

La Encuesta Global Microscope invariablemente incluye a Perú entre los países que más promueven y fomentan la inclusión financiera.

Uno de los avances normativos a favor de la inclusión financiera es la ley del dinero electrónico aprobada en 2013, en virtud de la cual el sector privado estableció una plataforma con plena interoperabilidad para el lanzamiento de un producto de dinero móvil en 2016, la Billetera Móvil (Bim).

Pese a los importantes avances, aún hay camino por recorrer. Por ejemplo, el número de cuentas bancarias en Perú sigue siendo inferior al promedio de América Latina (54%) y el mundo (69%).

La brecha de género en la titularidad de cuentas también aumentó, y la diferencia entre la proporción de hombres y mujeres titulares de cuentas aumentó de 13% a 17% entre 2014 y 2017.

El grado de inclusión y profundidad financieras no se condice completamente con los fundamentos económicos del país. Según un estudio del FMI , la inclusión financiera de los hogares presenta una brecha negativa en relación con los fundamentos económicos internos.

Más aún, el crédito privado, que ronda el 40% del PIB, es uno de los más bajos de la región, y no llega al nivel que cabría esperar en un país con el nivel de ingresos y la población de Perú.

Y, según la encuesta Global Findex de 2017, los encuestados desbancarizados adujeron como principal motivo el elevado costo de las cuentas.

En Perú, llegar a poblaciones en zonas geográficas remotas y pobres ha sido una tarea complicada, pero ahora las tecnofinanzas pueden presentar soluciones nuevas para mejorar la inclusión financiera.

Promover la tecnología de pagos móviles puede ser útil, ya que la proporción de adultos con cuentas de dinero móvil sigue siendo muy baja a pesar de la elevada tasa de penetración de la telefonía celular, incluso en zonas rurales (más de 70%).

Las iniciativas como la Billetera Móvil son un paso en esa dirección, aunque su adopción no ha colmado las expectativas debido a obstáculos en la implementación. Sería conveniente reformar el modelo operativo para promover la adopción y el uso de este producto.

La digitalización de los pagos del gobierno (desembolsos de programas sociales y pagos de salarios) y los cobros (recaudación de impuestos y derechos por licencias) también podría ayudar a promover estas transacciones.

Para sacar aprovechar al máximo el dividendo digital que ofrecen las tecnofinanzas, las autoridades tendrán que encontrar el punto de equilibrio entre el fomento de la innovación y la protección del sistema financier.