La cara amarga del desembarco chino en América Latina

China se ha puesto las botas en América Latina. Ávido de materias primas y, últimamente, por aumentar su participación en los mercados de infraestructuras y servicios, el gigante asiático, que aspira a relevar a Estados Unidos como primera economía mundial en la próxima década, ha irrumpido con fuerza como un jugador de peso en la región con proyectos en países como Brasil, Perú o Bolivia. Ha creado empleo y, sobre todo, ha mantenido la llegada de flujos de inversión en un momento complicado, en pleno repliegue de los EE UU de Donald Trump. Pekín ha ocupado ese espacio con creces: su banco de desarrollo se ha convertido en el prestamista internacional más importante para un número no menor de países latinoamericanos, firmas como China Petroleum o Chinalco han dado un paso al frente en la misma dirección y sus inversiones en los más de 10.000 kilómetros que separan Ciudad Juárez (México) y Ushuaia (Argentina) se han multiplicado por más de 10 desde 2008.

Pero el maná de Pekín también tiene una cara mucho más amarga: el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos fundamentales en un número no menor de proyectos, tal y como constata la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) -que agrupa a casi 180 ONG de todo el mundo- en un informe presentado esta semana. “Las violaciones de derechos humanos en que incurren las compañías chinas no constituyen hechos aislados, sino que demuestran un patrón de comportamiento recurrente caracterizado por el irrespeto de los derechos fundamentales y de los derechos económicos, sociales y culturales internacionalmente reconocidos”, subrayan los técnicos de la FIDH tras haber recorrido 18 explotaciones mineras, petroleras e hidroeléctricas localizadas en cinco países de la región: Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú.

La federación de ONG denuncia el “continuo” ejercicio de estos “comportamientos violatorios con conocimiento de causa” y la falta de voluntad del Estado chino por monitorizar el cumplimiento de los estándares mínimos exigibles por parte de sus empresas y bancos. “Todo ello se torna más crítico cuando se observa el alto impacto de las inversiones chinas en territorios indígenas y áreas ambiental y socialmente sensibles”, agrega. Las violaciones de derechos humanos identificadas tienen que ver, en primer lugar, con la defectuosa implementación de procesos de consulta ambiental a la población en general y, muy específicamente, a las poblaciones indígenas. Ocurre así en el complejo hidroeléctrico de La Barrancosa-Cóndor Cliff, en el extremo sur de Argentina, donde la consulta ambiental “no cumplió los estándares mínimos”, o en el bloque petrolero boliviano de Nueva Esperanza, donde la corporación petrolera china BGP “desconoció los acuerdos y causó daños ambientales”.

Los hechos denunciados también tienen que ver -siempre según la FIDH- con la violación del derecho a la tierra y al territorio: en los proyectos mineros de Mirados y San Carlos Panantza, empresas estatales chinas habrían recurrido a la compra irregular de terrenos y a la interposición de demandas civiles contra familias sin títulos de propiedad, lo que habría ocasionado –“con el apoyo de la fuerza pública”- el desalojo forzoso y el desplazamiento involuntario de una cuarentena de familias indígenas. También con violaciones de los derechos laborales y de asociación, sobre todo en proyectos extractivos en Ecuador y Perú, en los que los empleados han levantado la voz contra el “maltrato, los despidos ilegales y [la presencia de] accidentes previsibles” en el lugar de trabajo o, directamente, con supuestas trabas por parte de las empresas en el proceso constitución de sindicatos.

En América Latina, reconoce la FIDH, el interés económico chino levantó grandes expectativas entre la ciudadanía por la posibilidad de que se tratase de una relación en la que ambas partes saliesen beneficiadas. Y aunque en muchos casos el impulso económico que ha supuesto la llegada en tromba de inversores del país asiático es un hecho constatable con datos, el ente con sede en París considera que, tras una década de presencia de Pekín, las comunidades impactadas por los proyectos no han visto todavía un comportamiento social y ambientalmente responsable por parte de las instituciones chinas. “La viabilidad de una verdadera cooperación sur-sur y de relaciones de beneficio mutuo dependen en gran medida de que China tenga un compromiso genuino de bienestar de las comunidades locales y un modelo de inversión respetuoso de los derechos humanos y de la naturaleza”. Un tirón de orejas y un aviso a navegantes que llega solo tres semanas antes de que Naciones Unidas haga su examen periódico sobre la situación de derechos humanos en el país más poblado del mundo.