Indonesia, el país de los desastres ecológicos busca un modelo sostenible

Hace apenas unos meses, la comunidad científica anunciaba con gran bombo que se había identificado una nueva especie de orangután en la isla indonesia de Sumatra. El tapanuli –que hasta entonces se pensaba que formaba parte de la especie del orangután de sumatra– se convertía, junto a ésta y el orangután de borneo, en la tercera especie conocida de este animal. Un recién nacido que, sin embargo, con sólo 800 ejemplares, ya está casi condenado a extinguirse.

Durante años, buena parte de los problemas medioambientales del archipiélago asiático se han relacionado directamente con la expansión de una única industria: la del denostado aceite de palma, del que Indonesia es el principal productor mundial y cuyas exportaciones alcanzaron casi 23.000 millones de dólares en 2017. Y si bien esta industria ha tenido buena parte de culpa en la reducción del hábitat de orangutanes y otras especies, el futuro del tapanuli depende de otra amenaza: una presa hidroeléctrica que será construida por la empresa estatal china Sinohydro y que inundará parte de los bosques donde vive. Así, además de inundar el hábitat de este nuevo gran simio, el proyecto incluye carreteras y cables de alta tensión que aislarán a los grupos de orangutanes y dificultarán su supervivencia.

Y es que los retos medioambientales de este país formado por más de 17.000 islas van mucho más allá de una simple planta. Empezando por la deforestación. Así, según el informe La palma de la controversia del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), un 14% de la deforestación en Indonesia puede achacarse al aceite de palma. Sin embargo, las plantaciones de acacias para fabricar papel o la industria maderera, de las que se habla mucho menos, son motores de deforestación igual de importantes, y en algunas regiones incluso más.

Otros sectores también amenazan la rica fauna y flora de Indonesia –el tercer país del mundo con mayor biodiversidad sólo por detrás de Brasil y la República Democrática del Congo–, como la minería, la pesca, el sector petrolífero o las plantas hidroeléctricas, como en el caso de los tapanulis. “También hay problemas con la construcción de nuevas ciudades o carreteras, especialmente en zonas que están desarrollándose rápidamente como Papúa”, asegura Hidayah Hamzah, investigadora del World Resources Institute (WRI).

Aunque el problema se ha simplificado, la situación no es menos apremiante en un país que ha marcado récords en destrucción medioambiental durante los últimos años. Así, en 2012, un estudio de la universidad de Maryland aseguró que Indonesia había superado a Brasil en la tasa de deforestación de bosques primarios. En 2015, cuando miles de incendios arrasaron unos 1,7 millones de hectáreas –la mayoría de turba, un tipo sustrato rico en materia orgánica– Indonesia se convirtió en el principal emisor de gases de efecto invernadero durante semanas. El archipiélago es además el segundo país que más contamina el océano con plásticos, sólo por detrás de China, generando entre 0,48 y 1,29 millones de toneladas métricas de plástico que acaban en los mares cada año, según un estudio reciente.

Pero los indonesios no están quedándose de brazos cruzados y el país tiene una nutrida red de proyectos medioambientales que están intentando poner freno a la destrucción de su hábitat. “Muchas comunidades están dándose cuenta de que sus modos de vida dependen de preservar también el entorno en que viven”, asegura Rudi Putra, ecologista y biólogo indonesio.

Así, en el ecosistema Leuser, uno de los lugares del planeta con mayor biodiversidad, varios grupos están reclamando plantaciones de aceite de palma ilegales para reforestarlas y que vuelvan a convertirse en un espacio habitable para las especies endémicas. Sin embargo, ante los jugosos beneficios que ofrecen industrias como el aceite de palma, no siempre es sencillo convencer a los campesinos. “Los bosques son un sistema de vida y protegerlos significa preservar el futuro de cualquier forma de vida, incluyendo la humana”, asegura Panut Hadisiswoyo, director y fundador del Orangutan Information Center, una organización que trabaja por salvaguardar el hábitat de los orangutanes y que gestiona uno de los proyectos de reforestación. “Si se gestionara bien el bosque (las poblaciones locales) podrían conseguir un modo de vida mucho más sostenible”, continúa el ecologista.

No siempre es tan difícil. En el distrito de Langsa, en una de las lindes de Leuser, toda la comunidad se ha volcado en la recuperación del bosque primario después de que unas inundaciones arrasaran con la zona. Desde 2007, han recuperado unas 2.000 hectáreas de antiguas plantaciones de palma aceitera y se ha iniciado el proceso en otras 2.000. “Está demostrado que en un plazo de unos cinco años el bosque puede llegar a ser autosostenible y que la fauna puede volver a él”, explica Rudi Putra, quien trabaja en la zona con la organización Haka.

En la misma isla de Sumatra, unos 800 kilómetros al sur de Leuser, el pueblo de Dosan también se vio obligado a reaccionar cuando los fuegos empezaron a arrasar la zona. Dosan está sobre una turbera, un suelo rico en materia orgánica que se mantiene naturalmente húmedo. Sin embargo, para poder plantar aceite de palma, los habitantes de Dosan abrieron canales a través de la turbera para desecarla. La tierra empezó entonces a arder. “Nos dimos cuenta de que el aceite de palma y los fuegos estaban conectados”, asegura Pak Dahlan, el líder de la comunidad.

El problema no es único de Dosan. El país sufre periódicamente incendios masivos debido al uso de las turberas como suelo agrícola. En la última gran crisis, en 2015, la nube de humo que se generó en Indonesia llegó hasta el sur de Tailandia, más de 1.000 kilómetros al norte. En Dosan decidieron poner fin al problema. El pueblo organizó patrullas de vigilancia de incendios y tapó parte de los canales para incrementar la humedad de las turberas, en un sistema que está siendo replicado en otros lugares del país. “No hemos vuelto a tener un incendio”, asegura el campesino.

Indonesia se ha convertido además en uno de los sitios a los que mirar para encontrar una solución al problema de las bolsas de plástico. Ante el acuciante problema en los mares del país, varios proyectos han desarrollado ideas de envases que se biodegradan rápidamente. Uno de los más destacados es un plástico fabricado con almidón de yuca que se convierte en comida para peces si termina en el mar. Su creador, el biólogo indonesio Kevin Kumala, mostró la inocuidad de su invento bebiéndoselo en una charla TEDx.

Aunque miles de comunidades locales están innovando para ofrecer soluciones a los problemas medioambientales del país, Indonesia aún no ha conseguido dar con el modelo económico y legal que permita combinar la complejidad del país con la necesidad de preservar sus recursos. La legislación del país protege los bosques primarios y el Gobierno impuso una moratoria a la tala de bosques primarios y de turberas en 2011. Sin embargo, la ONG Greenpeace ha denunciado que la deforestación no se ha parado y que el área protegida se ha reducido en unas 2,7 millones de hectáreas durante los últimos años en las sucesivas revisiones que se han aprobado de esta legislación. En noviembre de 2016, antes de aprobarse la última revisión, la moratoria cubría 66 millones de hectáreas.

Como muchos otros países en desarrollo, el cumplimiento de la ley es uno de los principales retos. Sin embargo, en Indonesia la tarea es aún más complicada debido a la diversidad de este joven país nacido tras la Segunda Guerra Mundial. Las leyes tienen que convivir con las tradiciones de más de 300 grupos étnicos y ser entendidas por comunidades que hablan más de 700 idiomas, muchas de ellas con un pobre conocimiento del idioma oficial, el bahasa. Este puzle crea conflictos frecuentes sobre propiedad de la tierra en un país con una pobre transparencia de la titularidad de los terrenos o incluso de las lindes concretas de los espacios protegidos. “Es bastante difícil controlar qué plantaciones son ilegales o no porque muchas veces los datos no están disponibles”, asegura Hidayah Hamzah del WRI.

Las numerosas capas administrativas tampoco ayudan. Así, desde la caída del dictador Suharto a finales de los 90, el país se ha descentralizado rápidamente. Pero esto, en lugar de dar mayor voz a las comunidades locales, ha dado alas a la corrupción. Un ejemplo reciente es el del empresario del aceite de palma, Hery Susanto Gun, quien desveló ante un tribunal los sobornos que pagaba a la regente de un distrito de la isla de Borneo para conseguir concesiones en zonas protegidas.

Algunos ven en las nuevas regiones que están desarrollándose ahora una oportunidad para construir este modelo. Es el caso de la zona indonesia de la isla de Papúa, uno de los lugares más polémicos del país por haber sido anexionado de forma irregular por el gobierno de Suharto a finales de los 60. Desde entonces hay un conflicto separatista latente que durante décadas frenó el desarrollo de la zona. Sin embargo, el gobierno central ha dado mayor autonomía a la zona en los últimos 15 años, disparando un boom económico que está amenazando las exuberantes junglas que aún cubren la región. Así, durante los últimos años, la población que vive por debajo del umbral de la pobreza se redujo del 55% al 30% en la primera década de autonomía. Durante 2018, se espera que el crecimiento alcance al menos el 6%, según la Oficina de Estadística Nacional. “Papúa está desarrollándose rápidamente, pero al mismo tiempo es la última frontera de nuestros bosques”, asegura Hidayah Hamzah del WRI. Así, aproximadamente la mitad de los bosques primarios del país se encuentran en esta isla, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En este caso, es el modelo descentralizado de la región el que puede convertirse en su principal fuerza, ya que las comunidades locales están más involucradas en la toma de decisiones y éstas tienen que aprobar las concesiones. “Es más difícil obtener licencias que en otras partes de Indonesia”, asegura la investigadora. Además muchas de las tribus del país viven directamente de los recursos forestales, por lo que el Gobierno ha creado equipos que controlan la gestión de los bosques. Papúa Occidental –una de las dos provincias de la isla– ha declarado la zona como provincia de conservación ecológica con el objetivo de integrar el desarrollo económico con la preservación de los recursos naturales. “Hay muchos desafíos pero Papúa es también una oportunidad de crear un modelo sostenible que sea replicable a otras zonas”, continúa Hamzah. “Tenemos que hacer de Papúa la provincia ecologista modelo de Indonesia”.