De refugiados a trabajadores en Europa

Alguna vez vuelve a pensar en Libia, ese infierno donde estuvo por un interminable año, y en ese viaje en el Mediterráneo central en el que pudo morir ahogado en 2014, pero Azoli Sanogo ya no se ve en el abismo. Está sentado en la escuela de italiano de la asociación Sant’Egidio, en Roma, y a su alrededor hay decenas de refugiados que, como él hizo antes, agotan las horas esperando su turno para ir a clase. Los hay recién llegados, desde hace pocos días, semanas. Otros que ya tienen algunas primaveras. Vienen de países en guerra, como Siria. De África. Y también de América Latina. De que todos ellos participen en la sociedad europea como uno más determinará también el futuro de una balanza demográfica desequilibrada y de un mercado de trabajo al que le faltan jóvenes.

Aunque algo avergonzado y no tan seguro de querer hablar, el maliense Azoli sonríe entre ellos. Él sí lo logró. Al principio, cuando llevaba poco tiempo en el país, todavía tenía un sueño. Quería estudiar Filosofía, y continuar los estudios empezados en Bamako. Pero poco después la realidad ha ido cobrando forma. Desde que cumplió 19 años, cuando decidió abandonar a su país, ha sido tortuoso el camino para seguir vivo. En algo más que tres años en Italia, lo más duro fue el principio, en Sicilia. No hablaba el idioma y no tenía los papeles —que luego obtendría— que reconocían su estatus de refugiado. Pronto también se enteró que sus certificados de estudios tampoco tenían validez, al no poder ir a traducirlos y certificarlos en la embajada del país del que había huido.

“Pasé días desesperado. Quería trabajar, empezar de cero, haciendo bien las cosas, pero no podía”, cuenta Azoli, regresando mentalmente a esos momentos. “En tanto oía las historias de mis compañeros que habían seguido el camino hacia el norte de Europa”, recuerda. “Ahora ya no pienso en eso, me quedaré aquí, en Italia”, afirma. “Ahora sé que lo primero que hay que hacer es aprender el idioma y después estudiar mucho, hacer cursos”, añade Azoli que, en lo que va de su nueva vida, ha trabajado como cuidador de ancianos, mediador cultural e incluso participado unos meses al Servicio civil, al que pueden acceder los extranjeros registrados en Italia. “En el fondo, sé que he tenido suerte; la suerte de conseguir la ayuda que me han dado las ONG y las asociaciones de voluntarios como Sant’Egidio. Ellos me han ayudado, aunque las trabas no ha sido pocas”, concluye.

El pensamiento de Azoli no es único, pero pocos refugiados como él logran avanzar tan rápido en la integración laboral en Italia. Y lo mismo ocurre en el resto de Europa. La fase dos, la de la integración, menos cubierta por los medios de comunicación —a pesar de su importancia de relieve—, esconde una serie de deficiencias y desigualdades de los Estados de los países europeos en el tratamiento de los solicitantes de asilo político y de los refugiados, con sus consecuentes resultados.

De ahí que, como subraya el informe Labour Market Integration of Refugees, realizado el año pasado por la Dirección General de Políticas Internas del Parlamento Europeo, los refugiados en Europa tarden hasta 15 años en alcanzar una tasa de empleo del 70%, cercana a la media de la población nativa. Más incluso que los llamados migrantes económicos, destacan los expertos. Aunque, eso sí, los que tienen estudios y un conocimiento previo del idioma del país en el que se han establecido, tienen mayores posibilidades de integrarse antes, según los informes.

Y, si la posibilidad de éxito de los refugiados depende de una multiplicidad de circunstancias, destaca el factor de las políticas de cada país que, según el análisis Employment and Social Development 2016 de la Comisión Europea —realizado sobre la encuesta EU LFS de 2014— , han resultado en unas tasas de empleo disímiles en los varios Estados (España y Finlandia, 40%, Alemania, Francia y Austria, 57%, Suecia, 58%, Italia, 61%). Además de ello, obtenido el empleo, la mayoría (57%) han resultado excesivamente cualificados para el trabajo que ejercen, un dato más alto que los otros migrantes (36%) y los nativos (26%), según la misma fuente.

Otro factor es que, a pesar de formar parte de un club común como es la UE, no hay unanimidad sobre cuándo las solicitantes de asilo político deberían entrar en el mundo laboral. En el caso de Holanda y España, estos tienen derecho a trabajar seis meses después de admitirse a trámite su solicitud, mientras que en Francia ese plazo sube a nueves meses después de la presentación de la petición de asilo. En cambio, en Suecia, país que entre 2000 y 2015 recibió 500.000 peticiones de asilo, ese derecho se adquiere poco tiempo después de la presentación de la candidatura a convertirse en asilado. Más restrictiva es la política de Austria —país que recientemente ha dado un vuelco a la derecha con la victoria del conservador Sebastian Kurz (ÖVP)—, donde está prohibido que los solicitantes de asilo trabajen en los primeros tres meses después de presentar su trámite e, incluso cumplido ese plazo, solo se le permite ser trabajadores temporales, por ejemplo, durante la temporada turística o en la agricultura.

Unas diferencias, estas, que no son baladí, pues tienen implicaciones en el dinero público que los Estados han de destinar para los planes de promoción social, así como en la productividad y aportes fiscales de los solicitantes de asilo. “A menudo a ellos (los solicitantes de asilo) no se les permite trabajar, o solamente hacerlo con algunas restricciones, hasta la obtención del estatus (de refugiado político). Esto tiende a disminuir los aportes fiscales (de los refugiados a los Estados), en comparación con los de los otros migrantes y de los nativos”, ha razonado, en esta línea, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges, publicado en 2016.

El asunto es que “los Estados europeos con frecuencia tienen visiones fundamentales diferentes, en relación con la solidaridad y las responsabilidades a compartir sobre los solicitantes de asilo y los refugiados”, ha certificado ACNUR, en su Global Appeal 2018-2019.

Tanto en estos estudios, como en otros, se perciben los fallos de los países europeos en la integración de los solicitantes de asilo y de los refugiados. Algo que radica asimismo en falta de estrategias de largo plazo y en las trabas de la burocracia, pero también en que los Estados europeos no tienen aún un conocimiento completo y sistemático del fenómeno. De los últimos llegados —los de 2015-2016— “la información sobre su educación y capacidades profesionales es escasa”, ha afirmado FMI, en The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges. Un caso es el de España, Francia o Italia, en donde, en muchos de los más importantes informes de migración e integración laboral, la categoría de los refugiados no es analizada separadamente de la de los otros migrantes.

Otro es el caso de los niños refugiados no acompañados, un asunto sobre el que no hay una información completa, pero sí algunos estudios que aportan indicios. Uno de estos es el informe Mapping Experiences and Research about Unaccompanied Refugee Minors in Sweden and Other Countries, realizado por investigadores de la Universidad de Estocolmo y según el cual en países como Suecia y Noruega esta fase implica medidas como determinar la verdadera edad del menor, brindarle alojamiento y acceso a cursos para aprender el idioma y atención psicológica.

No obstante, la situación europea también en este caso no es homogénea y, en términos generales, los problemas surgen en la escuela, que “hace un trabajo pobre en dar oportunidades a los estudiantes menos aventajados”, de acuerdo con el estudio Education is the key to integrating refugees in Europe, difundido en 2015. Ello tiene la consecuencia que en países como Bélgica, Hungría, Bulgaria, Francia y Eslovaquia estos niños tiene unos tres años de retraso en materias como lectura y matemáticas, comparados con sus compañeros de la misma edad. Mientras que en otros lugares como Estonia y Finlandia esa brecha se reduce a dos años.

Y eso que, a pesar de lo sostenido por la creciente propaganda de los movimientos xenófobos, los economistas lo ven claro. El impacto para los salarios y las tasas de paro sobre los trabajadores nativos (de los países de la UE) ocasionadas por las nuevas llegadas, “es generalmente limitado”, pues “existe una baja capacidad de sustitución entre las dos categorías de trabajadores”, según ha escrito el FMI, al reconocer, en cambio, que el fenómeno sí tiende a hacer crecer los precios de los alquileres y disminuye la oferta en el mercado inmobiliario. “Encontrar una casa es muy difícil, los precios de alquiler son muy altos”, asiente Azoli, quien todavía vive en una de las casas que Sant’Egidio ha puesto a disposición de los refugiados que acoge.

De acuerdo con datos de Eurostat, la Unión Europea pasó de 413.000 peticiones de asilo político en 2014, a 1,3 millón en 2015 y 1,2 millón en 2016, con Alemania, Italia, Francia, Hungría y Suecia como los más involucrados en el fenómeno en los dos años. El efecto más inmediato ha sido un aumento de la población refugiada en Europa (solicitudes exitosas), que a finales de 2016 sumaba a 2,3 millones de personas con este estatus ya otorgado, según El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Una cifra mínima comparada con el total de la población europea (unos 743 millones, según censo de 2015).

Italia ilustra las dificultades del reto de la integración de los países europeos mayormente involucrados y faltos de una experiencia suficiente en la gestión de la situación actual. “Nuestro país antes era un destino de migrantes económicos, pero ahora son cada vez más los que llegan porque huyen de conflictos, persecuciones, torturas. Por ello, hoy la apuesta no es solo la primera acogida, sino la inclusión y la integración”, razona Andrea Trentini, mediador cultural y experto en lengua árabe. Una prueba son precisamente los corredores humanitarios puestos en marcha por la católica Comunidad de Sant’Egidio y la Iglesia Evangélica.

Desde que fueron creados hace casi dos años, estas asociaciones han traído legalmente —gracias a un protocolo firmado con el Gobierno italiano— a unas 2.000 personas desde Líbano, en su mayoría refugiados sirios. En noviembre pasado, también se ha empezado a reubicar legalmente un primer grupo de personas provenientes de Etiopía y proyectos similares también han arrancado en Francia y Bélgica. “Lo que muchos desconocen es que nos hacemos cargo económicamente de ellos antes y después de su llegada, les damos alojamiento y pagamos los cursos para que emprendan su camino”, agrega Trentini, dando a entender que el tema ha sido por mucho tiempo relegado a materia de ONG e iglesias.

Con sus más de diez años de experiencia en el sector, Trentini también insiste en que las dificultades para integrarse de los refugiados no son las mismas de los otros migrantes. “Llegan más traumatizados y están pendientes todo el tiempo de lo que ocurre en su país de origen, siguiendo la información por las redes sociales y los diarios. Eso hace que el punto de partida hacia la socialización sea más lento”, dice. “Además, a diferencia de los otros migrantes, muchos dicen que van a regresar a sus países de origen, en cuanto la situación mejore”, añade Trentini. De hecho, a pesar de que no hay datos completos sobre los asilados que regresan a sus hogares de origen, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sí ha reconocido que en 2015 el número de retornos voluntarios de migrantes desde los países de la UE (incluidos los solicitantes de asilo rechazados y otros) fue por primera vez mayor que el número de retornos forzados (81.681 comparado con 72.473). La mayoría de estos se trató de personas que estaban en Alemania o Grecia.

Admon, un refugiado sirio de 18 años, huido de la masacrada Homs, personifica las dos caras de la integración. Él va a la escuela y está preparándose para entrar en el mundo laboral, pero su hermano que ha llegado con él ha optado por aceptar trabajos mal pagados y en los que cobra en negro, restándole tiempo al aprendizaje del idioma y a capacitarse para integrarse legalmente en mercado laboral. “Mi hermano tiene muchas cosas en la cabeza. No piensa con claridad y quiere enviar el dinero a Siria”, dice Admon, al contar que tiene a varios amigos en esa misma situación, cuyas vidas no han echado a andar en Europa. Que permanecen fuera del sistema y apenas saben comunicarse en la lengua local.

Iván Martín es autor del informe From Refugees to Workers: Mapping Labour Market Integration Support Measures for Asylum-Seekers and Refugees in EU Member States y, en una entrevista a comienzos de este año, criticó duramente la respuesta de la Unión Europea ante los nuevos flujos migratorios. “Las instituciones europeas todavía no se han movilizado para destinar recursos presupuestarios suficientes que creen mecanismos de solidaridad coordinados”, ha denunciado Martín, quien, sin embargo, ve con malos ojos una entrada rápida de los refugiados en el mercado laboral.

“La mayoría de los refugiados son muy jóvenes, el 83% menores de 35 años, y todos tienen un vida profesional por delante. Por eso, investir en ellos es también invertir en el futuro de Europa”, ha argumentado Martín. “Europa necesita trabajadores. Y necesitará cualificados, pero también no cualificados”, ha añadido. No obstante, existen “numerosos obstáculos administrativos para acceder al mercado de trabajo, empezando por sus permisos de corta duración” y “los servicios públicos de empleo o los cursos de formación no están adaptados a sus necesidades específicas”.

“La UE padece de una falta de políticas que orienten, seleccionen, gestionen e integren tales flujos. La Unión recibió en 2015 una ola de refugiados equivalente a 0,19% de su población y eso desencadenó una gigantesca crisis. Eso significa que, más que a una crisis de refugiados, estamos frente a una crisis europea de orden político y social”, ha concluido. Valga de ejemplo Alemania, donde organizaciones como la fundación Bertelsmann, que monitorea la integración en ese país, han subrayado que el país necesita una reforma de sus leyes migratorias para optimizar el acceso de refugiados al mercado laboral.

Dicho lo anterior, también existen proyectos interesantes de la sociedad civil germana, como la iniciativa Wir Zusammen (nosotros juntos), que aglutina a los principales actores de la economía germana con el fin de convertir a los refugiados en trabajadores. Y lo mismo ocurre en Austria, con la plataforma Refugees at work, cuyo objetivo es poner en contacto a los refugiados con empresarios locales (durante la redacción de este artículo había unas 275 empresas registradas y 4.500 candidatos).

Pese a todos estos obstáculos, en su esfuerzo para evitar un fracaso dramático en la integración, algunos Gobiernos han dado algún paso hacia adelante en los últimos años. En varios países del “norte y oeste de Europa, los Gobiernos han hecho esfuerzos significativos en inversiones para programas de integración y la inclusión de los refugiados”, ha reconocido ACNUR, en su Global Appeal 2018-2019. Eso, aunque, en Europa central, la situación es más mixta y se prevé que “continuarán las expulsiones colectivas”, se ha añadido.

Entre los nuevos planes está el Plan de Integración de Italia, destinado a los 74.853 refugiados, 196.285 solicitantes de asilo y 18.486 menores solos, anunciado en septiembre pasado. El programa prevé la obligatoriedad de los cursos de italiano, incentivos para participar en el Servicio civil, sostén a las víctimas de la trata, ayudas para la socialización de los menores, inclusión de la categoría en las ayudas para la vivienda, posibilidad de acceso a prácticas laborales y cursos de orientación. Estos serán, según el proyecto, llevados adelante en el marco de iniciativas como las del el Centro Astalli, un red de jesuitas que ayuda a esta categoría, o el Sistema de Protección de Demandantes de Asilo y Refugiados (Sprar), creado en 2003 y ampliado en 2013, y que hoy es el segundo pilar del sistema acogida e integración italiano gestionada por varios municipios italianos (después de los centros de acogida CARA).

Otros son los casos de Francia, cuyo nuevo presidente, Emmanuel Macron, ha anunciado este año una reforma de las leyes migratorias que reduzca los tiempos para que las comisiones territoriales se pronuncien sobre cada solicitud de asilo y medidas más específicas para atender las necesidades de integración de los refugiados, distinguiéndolos de los otros migrantes. La reforma, según lo anunciado por el Gobierno francés, debería ser adoptada en los primeros meses de 2018. Mientras que en Alemania, diversos analistas subrayan que toda reforma en el país, llegará después de la resolución del impasse germano, es decir, tras la formación de un nuevo Gobierno, algo cuyos tiempos son todavía impredecibles. Lo mismo en España, donde la atención del Gobierno está puesta en Cataluña.

A nivel de UE a esto se añade que, como han apuntando también las últimas reuniones en Bruselas, no hay consenso con los países de la periferia europea, en particular Europa del Este, para emprender una reforma de todo el sistema de asilo europeo, reformar el acuerdo de Dublín y distribuir el impacto de los flujos migratorios en todos los países.

Dicho lo anterior, el Parlamento Europeo adoptó en abril de 2016 una resolución destinada a incentivar la integración de los refugiados, y se han activado el Fondo Social Europeo (ESF, por sus siglas en inglés) y el Fondo Regional de Europa para el Desarrollo, para financiar a los Estados que llevan adelante programas en esta dirección. Como en el caso del nuevo programa italiano, para conocer el alcance de estas iniciativas, sin embargo, habrá que esperar algunos años.