Armas tecnológicas para combatir la corrupción

El auge del cibercrimen y la proliferación de las llamadas “noticias falsas” en las plataformas sociales han sembrado desconfianza entre muchas personas acerca de la revolución digital. Sin embargo, las tecnologías que facilitan estos abusos también pueden ayudarnos a luchar contra la corrupción más efectivamente.

Incluso tenemos varios ejemplos en América Latina y el Caribe, donde las herramientas digitales se están convirtiendo en poderosos instrumentos para detectar desfalcos de fondos públicos y frustrar a funcionarios venales y sus cómplices.

Los procedimientos burocráticos complejos, con sus infinitos pasos y aprobaciones, crean espacios propicios para la corrupción. Las oportunidades para exigir u ofrecer sobornos se multiplican cuando los trámites se realizan en persona, como suele suceder en nuestra región.

Ante este problema, muchos gobiernos están simplificando y digitalizando sus procesos administrativos. Al automatizar los trámites y hacerlos online, le están cerrando resquicios al cohecho.

Uruguay, por ejemplo, está cerca de lograr la meta de que sus ciudadanos puedan iniciar el 100% de sus trámites por Internet. Panamá lleva adelante un ambicioso programa para digitalizar 450 procesos gubernamentales. Argentina está avanzando en su objetivo de convertirse en un gobierno “sin papel”.

Simplificar trámites ha sido beneficioso para estos y otros países. Además de limitar la corrupción, reducir la burocracia puede fortalecer la competitividad y la confianza en las instituciones, algo que necesitamos urgentemente. A fin de cuentas, estos esfuerzos apuntan a satisfacer las crecientes expectativas de nuestros ciudadanos digitales.

La revolución digital está generando cantidades masivas de información que puede ser aprovechada por gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil para mejorar la toma de decisiones, los servicios públicos, la transparencia y la rendición de cuentas.

Al abrir el acceso a sus datos, los gobiernos facilitan que los ciudadanos fiscalicen el destino de los fondos públicos. En Brasil, el Observatorio del Gasto Público utiliza herramientas analíticas de big data para detectar potenciales fraudes en las compras y contratos estatales. En el 2015 revisó más de 120.000 contratos, hallando inconsistencias en más de 7.500 casos que involucraban un total de más de 100 millones de dólares en negocios. Uno de sus filtros incluso puede desvelar cuando un contrato ha sido dividido en partes más pequeñas para evitar los procesos de licitación más competitivos.

El BID está apoyando varios proyectos de datos abiertos, que van desde un paquete anticorrupción en México a iniciativas locales en Argentina y la capacitación de funcionarios en Costa Rica. Los países también llevan adelante sus propias experiencias, tal como el gobierno mexicano lo está haciendo con una metodología de crowdsourcing desarrollada por la New York University.

Las obras públicas han sido particularmente vulnerable a la corrupción desde la antigüedad. Pero las plataformas de visualización de datos pueden constituir buenas defensas contra las corruptelas.

Colombia ha creado una plataforma llamada MapaRegalías donde cualquiera puede verificar el destino de los impuestos que pagan las empresas mineras. El gobierno central utiliza esta herramienta para controlar el cumplimiento con las reglas de transparencia. El año pasado suspendió las transferencias de recursos a 125 municipios porque no entregaron información en tiempo y forma. Costa Rica, Paraguay y Perú están desarrollando plataformas similares.

Si bien los controles excesivos pueden paralizar a los gobiernos, un uso inteligente de soluciones tecnológicas puede agilizar las auditorías. En Chile, la Contraloría General de la República ha creado un sistema integrado para convertirlas en procesos más simples, basados en riesgos. Su portal es un canal de comunicación efectivo con los ciudadanos, que pueden participar en esos procesos.

La tecnología digital incluso puede ayudar a combatir delitos financieros. Los sistemas de identidad segura le pueden facilitar a los bancos el cumplimiento de las regulaciones denominadas “conozca a su cliente”. Jamaica está adoptando un sistema de identidad nacional que facilitará tales formalidades. La información sobre beneficiarios finales no sólo fortalece la integridad del sector financiero; también puede ayudar a combatir la evasión impositiva y el lavado de activos.

Blockchain es un ejemplo de las nuevas tecnologías digitales que están emergiendo y proliferando. Se trata de una base de datos distribuida, formada por cadenas de registros llamados “bloques”. Como los datos en cada bloque están encriptados, son más difíciles de alterar, creando registros confiables.

Blockchain es conocida como la tecnología que respalda a la moneda digital llamada bitcoin, pero también se está utilizando para registrar transacciones de propiedades y para combatir el tráfico ilegal de diamantes. El BID está trabajando en un proyecto con la Aduana argentina y el Media Lab del MIT que usa blockchain para identificar y rastrear despachos de carga.

Pero poco veremos de los potenciales beneficios de la revolución digital si nuestros países no se adaptan al cambio. La tecnología no es una varita mágica que todo lo resuelve. Puede ser parte de la solución, pero su adopción debe ir de la mano de un esfuerzo más amplio para fortalecer nuestras instituciones y acumular capital cívico.

También soy optimista al respecto. El año que viene Perú será anfitrión de la Cumbre de las Américas, y la versión latinoamericana del Foro Económico Mundial se celebrará en Sao Paulo. La gobernanza democrática contra la corrupción será un tema central en ambas reuniones. El sector privado, que también estará representado, ha estado participando en diálogos con nuestros gobiernos bajo el auspicio de iniciativas como la Alianza contra la Corrupción de la WEF.

Sumada a una fuerte voluntad política, la revolución digital nos puede ayudar a alcanzar mucho más rápido y eficientemente la meta de una mayor transparencia y rendición de cuentas en nuestros gobiernos.

El autor es presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y miembro de la Junta Directiva de WEF.

Este artículo es parte de una serie para el Día Internacional contra la Corrupción elaborada por la iniciativa Alianza contra la Corrupción de WEF.