Guerras, ‘big data’ y desarrollo

El procesamiento masivo de datos puede ser muy útil a la hora de analizar los conflictos y su impacto, así como medir los avances o retrocesos en cuestiones como pobreza y medio ambiente, entre otras cuestiones clave en materia de desarrollo.

Una serie de informes recientes ponen de relieve la tensión entre un aumento tendencial en el número de conflictos armados violentos en el mundo y los intentos de Naciones Unidas y otras organizaciones de modificar las condiciones que generan las guerras y prevenirlas. En el centro de este debate se encuentran los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por la ONU, que deberían ser alcanzados en 2030. Ante esta tensión, nuevas formas basadas en el procesamiento masivo de datos (big data) permitirán a organizaciones multilaterales y sociedad civil medir avances y retrocesos, y pedir rendición de cuentas.

La escalada verbal entre Estados Unidos y Corea del Norte, las guerras en Siria, Libia y Yemen, la violencia en Nigeria y Filipinas, y el desplazamiento masivo de la minoría rohinyá de Myanmar a Bangladesh son algunos ejemplos de la persistencia de la guerra y de conflictos violentos en el sistema internacional. Más grave aún, según datos recientes, la ola decreciente en el número de conflictos armados en el mundo está sufriendo un revés.

Paralelamente, una serie de países y organizaciones, usando como instrumento los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, promueven un concepto de paz justa e inclusiva. Se trata de una carrera contra el tiempo porque si las tendencias actuales continúan inalterables, en 2030 el mundo no será mejor, sino que más de la mitad de la población pobre del planeta se verá afectada por altos niveles de violencia.

El prestigioso anuario del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), publicado recientemente, indica que en 2016 hubo una disminución de 52 a 49 conflictos armados violentos en el mundo. Sin embargo, tendencialmente, y comparando con el período entre 2007 y 2013, se han registrado más enfrentamientos armados en los últimos tres años. Mirando hacia atrás en el tiempo, 2016 fue el año más violento de las últimas tres décadas.

Este aumento se debe al surgimiento del autodenominando Estado Islámico y a su capacidad (o de grupos que se identifican como afines) de expandir sus acciones armadas en Irak, Siria, Libia, Filipinas y otros países. Paralelamente, ha avanzado la internacionalización de algunos conflictos, como es el caso de Siria y Yemen donde actúan fuerzas de diversos países (o grupos armados no estatales). Esto los hace más difíciles de negociar. Además, el clima internacional no es propicio para resolverlos debido a los enfrentamientos geopolíticos entre Estados Unidos y Rusia, o entre potencias regionales como Arabia Saudí e Irán o India y Pakistán, sumados a la debilidad del multilateralismo, y el ascenso de nacionalismos agresivos.

El SIPRI, basándose en el Uppsala Conflict Data Program (UCDP), contabiliza que en 2016 había 12 guerras activas de las cuales 10 ocurrían en Oriente Medio, tres en Europa y dos en las Américas. La mayor parte de estas guerras fueron o son internas mientras que sólo dos (Eritrea-Etiopía y Pakistán-India) han ocurrido entre Estados. A la vez, un tercio de estos conflictos están internacionalizados. Pero, además de estas guerras (con más de 1000 muertos por año) hay conflictos violentos de diversa intensidad que elevan su cifra hasta medio centenar, por ejemplo, en Afganistán, Sudán del Sur, Malí, Somalia, Pakistán, India y México.

Estos conflictos generan decenas de miles de víctimas, millones de refugiados, destrucción de servicios e infraestructuras y el surgimiento y reproducción de economías ilícitas. Paralelamente, se ha producido una fuerte disminución en el número de acuerdos de paz, siendo la excepción el que se firmó en Colombia en 2016. En este país continúa existiendo violencia criminal y de otros grupos armados menores, pero desde el año pasado ha disminuido sustancialmente el número de víctimas mortales. Entre tanto, el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han firmado un cese el fuego con una serie de condiciones humanitarias que han entrado en vigor el 1 de octubre, y que podrían favorecer la firma de un segundo acuerdo de paz.

En 2016 la ONU lanzó la Agenda de Desarrollo Sostenible con una serie de objetivos para ser alcanzados en 2030. Entre ellos se encuentra el Objetivo 16 que se centra “en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles”.

El Objetivo 16 plantea reducir el número de homicidios, frenar la violencia sexual y contra la infancia, acabar con las detenciones ilegales, la corrupción de funcionarios judiciales y policiales, contar con presupuestos nacionales transparentes, proveer de certificado de nacimiento a todos los ciudadanos, y fortalecer el Estado de derecho y la libertad de expresión.

Esta lista muestra que Naciones Unidas no define la paz sólo como una ausencia de guerra, sino que la relaciona con una serie de reforma y cambios estructurales que generen las condiciones para un desarrollo justo y sostenido. Contar con sociedades más pacíficas no sería, entonces, sólo una cuestión de buena voluntad, sino que se precisa el compromiso de las élites y de los Estados para realizar reformas profundas, y encontrar un balance, incluyendo al sector privado, entre crecimiento económico y desarrollo, con justicia social y democracia. En la agenda de la ONU esto significa vincular paz y seguridad con desarrollo, respeto a los derechos humanos y acción humanitaria, y adoptar medidas preventivas.

Llevar a cabo una agenda tan vasta y compleja como son los ODS requiere paso a paso verificación de su cumplimiento. Debido a nuevas técnicas de procesamiento masivo de datos (big data), es posible analizar los conflictos armados y su impacto, y medir con creciente grado de precisión los avances, estancamiento o retrocesos en campos como disminución de la pobreza, destrucción o protección ambiental o cambios demográficos.

La Uppsala Conflict Data Program (UCDP) realiza sofisticados análisis de conflictos, número de víctimas en guerra y ataques a civiles, acuerdos de paz y otros aspectos que permiten visualizar el desarrollo de los enfrentamientos a niveles locales (por ejemplo, movimientos de tropas o expulsión de poblaciones).

Por otra parte, la Data Initiative SDG16, puesta en marcha por un consorcio de 14 asociaciones entre las que se encuentran Open Society Institute, el Peace Research Institute Oslo, Saferworld y Transparency International, tiene como fin usar medios y proveer recursos a gobiernos y sociedad civil para que midan los alcances de los SDG. Esto servirá para comprobar las limitaciones que existen en sistematizar datos (que son, en realidad, bienes públicos) y las debilidades de muchas estadísticas. Y, en fin, la forma en que los data pueden servir para cambios sociales.

Los análisis desagregados de datos recientemente publicados por Initiative SDG 16 permiten, por ejemplo, observar que aunque han disminuido los homicidios ha aumentado el número de conflictos desde el fin de la guerra fría; que los espacios de justicia son restringidos por gobiernos autoritarios; que la violaciones masivas de derechos humanos han ido crecientemente asociados a represión a los inmigrantes; y que las economías ilícitas crecen más rápidamente que los Estados de derecho en contextos frágiles.

La conclusión de Initiative SDG16 es que la capacidad de observación, seguimiento electrónico y procesamiento de datos mediante algoritmos permiten que las sociedades civiles y las organizaciones internacionales tengan una visión más precisa de cuestiones cómo quién viola las leyes o con qué fines se usan los fondos ilícitos. El seguimiento de las causas que generan guerras y de las acciones de los Estados y actores no estatales permitirá entrar en una nueva de era de rendición de cuentas.