Más allá de la austeridad: hacia un New Deal global

Insistir en que ‘no hay alternativa’ es un eslogan político anticuado. En todas partes la gente quiere lo mismo: un trabajo decente, un hogar seguro, un medio ambiente saludable, un futuro mejor para sus hijos y un gobierno que escuche y responda a sus preocupaciones: en realidad, quieren un acuerdo distinto al que ofrece la hiperglobalización”.

Estas palabras pertenecen a la introducción del Informe sobre Comercio y Desarrollo de la UNCTAD (la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo) publicado en septiembre de 2017 y que lleva por subtítulo “Más allá de la austeridad: hacia un New Deal global”, por lo que nos vemos obligados –por alusiones– a hacer un análisis del documento. Y el resultado no solo es de lo más interesante, sino que el Informe de la UNCTAD resulta ser uno de los documentos oficiales más atrevidos que hemos visto en los últimos años.

A lo largo de sus siete capítulos (hay resumen en español) el Informe aborda varios de los temas económicos más apasionantes de las últimas décadas, y que de una forma u otra se han tratado en este blog: el debate sobre el crecimiento inclusivo, la robotización y sus efectos sobre el empleo, las dinámicas de género y sus efectos económicos, los efectos de la desigualdad sobre la inestabilidad financiera, el impacto del poder de mercado de las empresas y las rentas inmobiliarias sobre la desigualdad y, por último, la necesidad de un nuevo contrato social, o “New Deal”, global.

Para empezar, el Informe hace un balance de los últimos diez años, los transcurridos desde el comienzo de la crisis financiera que dio origen a la Gran Recesión. Aunque la recuperación mundial es un hecho, también lo es que la crisis europea fue mucho más pronunciada y con consecuencias sociales que aún estamos pagando, como el aumento del desempleo. Una razón es que muchos países desarrollados frenaron la expansión fiscal posterior a la crisis y se refugiaron exclusivamente en la política monetaria, forzando los tipos de interés hasta el territorio negativo y ayudando a sanear bancos y empresas, pero estancando el consumo privado y la inversión –y por tanto una recuperación que va lenta, y aún no sabemos si segura.

En ausencia de un esfuerzo global coordinado para impulsar la demanda global, el crecimiento inclusivo seguirá siendo un objetivo inalcanzable. Con Estados Unidos menos proclive a importar y a asumir fuertes déficit por cuenta corriente, China gestionando su explosión de deuda doméstica y para ello controlando la demanda, Alemania poco dispuesta –para variar– a reducir su fuerte superávit a través de un mayor gasto y el resto de la zona euro temerosa de los efectos de una política fiscal expansiva sobre la sostenibilidad de la deuda, va a ser difícil lograr un impulso de la demanda global. Los anunciados Plan Marshall alemán para África y One Belt One Road chino para Asia Central suenan bien, pero parecen bastante etéreos, y aunque el año 2017 parece comenzar bien, no cabe esperar mucho del avance del comercio ni de las negociaciones multilaterales.

Desde la crisis financiera mundial de 2008-2009 el nuevo mantra en los círculos políticos nacionales e internacionales es “hacer que la hiperglobalización sea más inclusiva”. No obstante, la medición de los conceptos de pobreza o desigualdad no está exenta de juicios de valor, como tampoco está claro el vínculo entre comercio o tecnología con desigualdad. Quizás se deba a la complejidad que suponen las diferencias en el poder de negociación entre empresarios y asalariados, trabajadores cualificados y no cualificados, acreedores y deudores y empresas financieras e industriales, que quizás impiden un reparto previsible de los efectos del comercio o de la tecnología. La crisis ha permitido la asunción de la realidad de los fallos de mercado, que el Consenso post-Washington había diluido en busca de una inclusión de los pobres de manera más directa en los procesos de creación de riqueza impulsados por el mercado. En este sentido, el Informe es particularmente duro con la idea original del microcrédito como factor de emprendimiento individual, y alega que contiene varios defectos fundamentales y un mal historial en términos de reducción de la pobreza –lo que ha llevado a su reevaluación o abandono por parte de muchas instituciones y países–; asimismo, explica que si las graves deficiencias de los microcréditos se han pasado hasta ahora por alto ha sido como consecuencia de su inclusión en un paradigma más amplio de la microfinanciación, que incluía otras áreas como el micro-ahorro, el micro-seguro y el micro-leasing.

El Informe reconoce la preocupación por los robots, cuyo uso ha aumentado rápidamente desde 2010: se estima que supera los 2,5 millones de unidades en 2019 (casi la mitad en Alemania, Japón y EEUU). No obstante, considera que el desplazamiento de puestos de trabajo por esta tendencia es económicamente más factible en industrias intensivas en mano de obra cualificada y bien pagada (como los sectores de automoción y electrónica) que en sectores relativamente intensivos en mano de obra y con bajos salarios, (como la producción de prendas de vestir).

La UNCTAD –que descarta por contraproducente cualquier solución de tipo “impuesto a los robots”– considera que muchos estudios existentes sobrestiman los posibles efectos adversos en el empleo y la renta de la robotización porque olvidan que lo que técnicamente factible no siempre es económicamente rentable. De hecho, señala que los países actualmente más expuestos a la automatización industrial son países desarrollados o antiguos países en desarrollo con un gran sector manufacturero bien pagado, mientras que hasta la fecha ha tenido un efecto directo relativamente pequeño en la mayoría de los países en desarrollo.

Para la mitad de la población mundial, encontrar un buen trabajo se enfrenta a la barrera de la discriminación de género, y la llamada a una hiperglobalización más incluyente ha adquirido una fuerte voz femenina. La UNCTAD considera que las instituciones y las normas sociales subyacentes a la desigualdad de género tienden a reproducirse en los mercados laborales, y que en el puesto de trabajo la mayoría de las mujeres experimentan discriminación y segmentación, prácticas que no pueden disociarse de las presiones más amplias de la hiperglobalización.

El Informe destaca que la caída tendencial del empleo en el sector industrial es mucho mayor en el caso de las mujeres que en los hombres (un 39% frente a un 7,5% en los países en desarrollo entre 1991 y 2014). Además, a medida que la producción industrial se hace más intensiva en capital, las mujeres tienden a perder puestos de trabajo en este sector, incluso después de controlar por la educación, desafiando así el argumento de que se debe a las diferencias en habilidades. Así pues, con el aumento de la intensidad de capital y la automatización, parece improbable que una revolución tecnológica en los países en desarrollo mejore la igualdad de género. Dados los desafíos de la tecnología y del empleo, una de las posibles mejoras sugeridas es intentar que el trabajo relacionado con los cuidados (de niños y ancianos), que muchas veces recae sobre mujeres, se integre en el marco del trabajo reconocido como tal.

La financiarización de la economía –es decir, el creciente peso de la economía financiera en proporción a la real– que se viene produciendo desde los años ochenta ha llevado a una creciente diversificación y complejidad de los productos financieros que resultó nociva en 2007. A raíz del pánico y los rescates bancarios se replanteó la necesidad de una adecuada regulación y supervisión macroprudencial del sistema financiero, que se ha quedado corta, si no en cantidad sí en eficacia. Con activos bancarios que suponen entre tres y seis veces el PIB de los países desarrollados, la fuerte concentración bancaria y la pervivencia de comportamientos de capitalismo clientelar, es imprescindible una regulación financiera suficiente, valiente y efectiva, o se corre el riesgo de que dé lugar a una creciente desigualdad. Ya Keynes advertía del peligro de la concentración de rentas en clases altas con menor propensión a consumir, y Minsky de la inestabilidad inherente a la innovación financiera, dando lugar a crisis de las que las clases medias salen peor de lo que estaban. Desde los años 70 la diferencia entre el 10% de mayor renta y el 40% de menor renta ha aumentado en cuatro de cada cinco crisis financieras observadas, pero también en 2 de cada 3 países después de la crisis. En ausencia de una coordinación internacional, la mayoría de los países seguirán aplicando políticas de austeridad en un intento estéril por inducir a los inversores a retomar su comportamiento pre-crisis, y las ganancias durante los auges financieros seguirán acumulándolas los más ricos, mientras que el coste de las crisis subsiguientes seguirán siendo soportadas por el sector público y transmitidas a las economías nacionales, y afectando proporcionalmente más a los sectores más vulnerables.

Dada la multiplicidad de esquemas de búsqueda de rentas y de requisitos de rendición de cuentas corporativos a nivel mundial, es difícil medir el tamaño de las rentas corporativas. Una manera de aproximar su magnitud es estimando, por sector, el excedente o “exceso” de beneficios corporativos que se desvían de los beneficios “típicos”. Utilizando esta medida, la UNCTAD estima que el exceso de beneficios ha aumentado notablemente en las dos últimas décadas, pasando del 4% de los beneficios totales en 1995-2000 al 23% en 2009-2015. Para las 100 principales empresas, esta proporción aumentó de 16% a 40%. Los datos apuntan a un creciente poder de mercado como el principal motor de la búsqueda de rentas en un marco de capitalismo clientelar globalizado.

La concentración del mercado y la extracción de rentas pueden retroalimentarse, dando lugar a una situación de “el ganador se lleva a la mayoría de la competencia”. Así, las diferencias entre empresas habrían contribuido a la creciente desigualdad: en 2015 la capitalización media de mercado de las 100 primeras compañías fue 7.000 veces la del promedio de las 2.000 más pequeñas, mientras que en 1995 fue solo 31 veces mayor.

La identificación de la tecnología o el comercio como los chivos expiatorios de estas tendencias obvia una cuestión clara: sin esfuerzos significativos, sostenibles y coordinados para revivir la demanda mundial mediante el aumento de los salarios y el gasto público, la economía mundial estará condenada a un lento crecimiento. Hacen falta políticas de demanda, pero en el mundo actual de plena movilidad de capitales ningún país tiene margen de maniobra para hacerlo en solitario. Hace falta pues una estrategia de expansión global coordinada por un aumento del gasto público.

En los años treinta del siglo XX el New Deal estableció un impulso al desarrollo basado en tres grandes componentes estratégicos: recuperación, regulación y redistribución. Aunque sin duda la economía de hoy es otra totalmente distinta, esos componentes implicaban objetivos políticos muy específicos y aún hoy vigentes: la creación de empleo, la expansión de la capacidad fiscal y la supeditación de las finanzas a los intereses de la economía real.

Según la UNCTAD, un nuevo contrato social en el siglo XXI requeriría medidas como:

- Contar con una política fiscal y política monetaria con margen de maniobra y un Estado defensor del empleo, quizás como empleador de último recurso –especialmente en los países de bajos ingresos, donde gran parte de la mano de obra se dedica a actividades informales y por cuenta propia–.

- Una inversión pública con un componente de cuidado del medio ambiente y de las familias, cuyos cambios demográficos harán necesaria la prestación pública formal de servicios de cuidado de niños y ancianos.

- Unos mayores ingresos fiscales, con un mayor peso de los impuestos progresivos, incluyendo los impuestos sobre la propiedad y otras formas de renta, y que además contribuiría a reducir la desigualdad. La UNCTAD señala la posibilidad de revertir la disminución de los tipos impositivos de las empresas, aunque lo considera menos importante que abordar las exenciones y las lagunas fiscales y el abuso corporativo de las subvenciones, incluidas las utilizadas para atraer o retener la inversión extranjera.

- Una acción legislativa nacional e internacional para terminar con los paraísos fiscales, que podría comenzar con un registro financiero mundial de los propietarios de activos financieros.Una mayor adecuación entre salarios y productividad, que requerirá unos sindicatos modernos y fuertes, y mecanismos novedosos de apoyo en renta como fondos sociales capitalizados a través de acciones de grandes corporaciones e instituciones financieras.

- Un sistema financiero bien regulado y que sirva al bien social más amplio. Además de una regulación apropiada, la UNCTAD considera importante fomentar la supervisión y regulación internacionales, y luchar contra el oligopolio en la calificación crediticia, así como la peligrosa relación entre agencias de calificación crediticia e instituciones bancarias que favorece la aparición de productos financieros tóxicos.

- Asegurar unas instituciones financieras multilaterales sólidas y bien capitalizadas, que apoyen técnicamente en la reestructuración de la deudaUn mayor control de los beneficios de las multinacionales y la elusión fiscal. La iniciativa BEPS de 2013 es un comienzo, pero hacen falta más mecanismos.

- Una revisión del régimen de inversión internacional, que proteja a los inversores extranjeros, pero asuma los intereses de todas las partes interesadas y reconozca el derecho a regular a nivel nacional, con procedimientos de apelación adecuados y fundamentación en el derecho internacional. La creación de un Centro Asesor sobre el Derecho de la Inversión Internacionalpodría ayudar a los gobiernos de los países en desarrollo a superar las disputas con las multinacionales en términos más igualitarios.

A mediados del siglo pasado –y a partir del New Deal de Roosevelt–, la comunidad internacional quiso reequilibrar una economía mundial destrozada por la depresión y la guerra, y para ello promovió la creación del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el GATT, el Plan Marshall, las Naciones Unidas y la UNCTAD. Detrás de ese entramado institucional estaba la idea de que los desequilibrios políticos, económicos y sociales siempre terminan mal. En esta segunda década del siglo XXI hace falta una visión ambiciosa que sepa aprovechar las bondades de la globalización, pero también compensar sus desequilibrios para garantizar que las economías que emerjan de este nuevo mundo cambiante sean inclusivas y sostenibles.

Quizás el Informe de la UNCTAD no acierte en todas las recomendaciones, pero ya es un avance muy grande que una institución internacional aborde de forma clara y valiente un diagnóstico de los principales problemas económicos de este siglo. Bienvenido sea el debate.