La austeridad ya es cosa del pasado

Hace ya varios años que no se oye una discusión política seria de los méritos de la austeridad fiscal. Se han acallado los debates sobre las ventajas potenciales del uso de medidas de estímulo para impulsar el crecimiento económico a corto plazo, o sobre la amenaza de que la deuda pública alcance niveles que inhiban el crecimiento a mediano plazo.

Es evidente qué lado ganó y por qué. La austeridad ya es cosa del pasado. Y es probable que para seguir repeliendo a advenedizos populistas, los políticos convencionales adopten una mayor flexibilidad fiscal (o al menos eviten medidas restrictivas) con el objetivo de asegurarse mejoras económicas a corto plazo; e igualmente improbable que oigan advertencias sobre las consecuencias a mediano plazo de un mayor endeudamiento, ahora que se habla tanto de que los tipos de interés seguirán siendo bajos.

Un modo de confirmar la aparición de un nuevo consenso internacional en política fiscal es hacer un repaso de las declaraciones conjuntas oficiales. La última vez que el G7 habló en un comunicado sobre la importancia de la consolidación fiscal fue en la cumbre de Lough Ernecelebrada en 2013, cuando todavía era el G8.

Desde entonces, las declaraciones conjuntas han contenido vagas propuestas de implementar “estrategias fiscales en forma flexible para sostener el crecimiento” y garantizar ratios de deuda a PIB sostenibles. Es de suponer que una trayectoria de deuda sostenible implica que no crezca sin cesar. Pero sin un marco temporal definido, los niveles de deuda pueden tener largas desviaciones cuya sostenibilidad será materia de interpretación.

Era comprensible que se objetara la austeridad en el período que siguió a la crisis financiera de 2008. Entonces se estaba endureciendo la política fiscal en momentos en que el crecimiento no superaba el 2% (tras haber tenido un rebote en 2010); y la distancia de las economías respecto del potencial de producción hacía pensar que la recuperación general del empleo sería lenta.

A fines de 2012, en el clímax del debate sobre la austeridad posterior a la crisis, las economías avanzadas llevaban varios años de un ajuste equivalente a más de un punto porcentual del PIB en forma anual, según datos sobre equilibrio presupuestario primario (con ajuste cíclico) del Fondo Monetario Internacional.

Pero así como entonces había ajuste fiscal cuando las condiciones del ciclo económico parecían pedir flexibilización, hoy hay flexibilización cuando las condiciones parecen pedir un ajuste. Las economías avanzadas ya casi alcanzaron el potencial de producción, la inflación comienza a aumentar y las previsiones de crecimiento económico mundial son las mejores desde 2010.

En 2013, Japón era la única economía avanzada que flexibilizó la política fiscal. Pero este año, el Reino Unido parece ser la única que se dispone a un ajuste (suponiendo que los recientes quiebres políticos no hayan modificado su orientación fiscal, algo que se verá en la declaración de otoño [boreal] del ministerio de finanzas británico).

La mayoría de los observadores coincidirían en que los niveles de deuda pública de muchas economías avanzadas son preocupantemente altos, de modo que sería prudente que las autoridades discutan estrategias para reducirlos. Además, hay varias maneras de hacerlo, algunas más fáciles o eficaces que otras.

En última instancia, el desapalancamiento del sector público tiene que ver con la relación entre el crecimiento económico y los tipos de interés. Cuanto mayor sea el cociente entre el índice de crecimiento y el tipo de interés, menor el nivel de consolidación fiscal que se necesita para estabilizar o reducir la deuda como porcentaje del PIB.

A medida que el crecimiento económico sigue recuperándose, en un contexto de tipos de interés rezagados (al menos fuera de Estados Unidos), las autoridades fiscales tienen más oportunidades de reducir la deuda y crear margen de maniobra fiscal para aplicar medidas de estímulo cuando inevitablemente se produzca la próxima desaceleración cíclica. Pero no lo están haciendo, lo que hace pensar que están dando mucha más prioridad a la política que a la prudencia fiscal.

Tras las recientes elecciones en los Países Bajos y Francia, cada vez más analistas proclaman que el “pico de populismo” ya pasó. Pero podría decirse con igual razón que las ideas populistas se están incorporando a los programas políticos y económicos más convencionales. Esto lleva a que las autoridades, sobre todo en Europa, no tengan otra opción que promover políticas de crecimiento inclusivo y estudiar cuidadosamente el efecto que una medida cualquiera puede tener sobre la distribución de ingresos.

Este clima político es poco favorable a la consolidación fiscal. Para evitar una contrarreacción populista, cualquier aumento de impuestos o recorte de gastos tendrá que diseñarse excepcionalmente bien (tal vez inalcanzablemente bien). Una consolidación fiscal siempre perjudica a algunos más que otros, y elegir a los desafortunados nunca es un ejercicio placentero.

Hasta ahora, esas decisiones se postergaron por motivos políticos. Pero las consecuencias económicas de un alto endeudamiento público no pueden ignorarse para siempre. La política monetaria ya comienza a cambiar en Estados Unidos, y es posible que esté a punto de cambiar en todo el mundo. De un modo u otro, las autoridades fiscales tendrán que enfrentarse a difíciles dilemas el año que viene.