La economía española cumple 40 años en democracia

En el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en España, cabe hacer un balance de lo acontecido en la economía española desde el inicio de nuestra democracia. Somos un país más rico, más igualitario, con una gran oferta de servicios públicos, que dispone de una amplia red de infraestructuras y con un alto grado de apertura al exterior. Pero también somos un país de baja productividad, con dificultades para generar empleo suficiente y demasiado propensos al endeudamiento.

La llegada de la democracia se forjó sobre grandes aspiraciones por crear una sociedad libre e integradora y una economía competitiva y abierta al resto del mundo. Para ello ha sido necesario un reconocido esfuerzo de todos los agentes sociales y numerosos cambios, reformas y acontecimientos, en materia política y económica, en estas últimas cuatro décadas.

España partía de una situación de desventaja respecto a nuestros “socios” europeos tras casi 40 años de dictadura. La Transición se inició en un contexto de debilidades económicas y en plena crisis del petróleo, que exigió cambios intensos y profundos consensuados mediante los Pactos de la Moncloa en 1977. La economía comenzó una senda de reforma y apertura al exterior con un acercamiento progresivo a los países europeos como objetivo.

Desde los años 80 la economía española comenzó una etapa de crecimiento económico y desarrollo del estado del bienestar. La incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (1986) y el proyecto de Unión Económica y Monetaria (1990-1999) han sido factores muy determinantes y de estímulo para el proyecto económico y social de nuestro país.

El Producto Interior Bruto ha pasado de 39.819 millones en 1975 a 1.113.851 millones en 2016. Entre los años 1975 y 2000 el PIB creció, en términos reales, un 89 % y en los últimos 20 años ha crecido un 142,5 %, pasando de 459.337 millones en 1995 a 1.113.851 millones en 2016 (precios corrientes).

Atendiendo a su evolución, se pueden observar los distintos ciclos económicos. La llegada de la democracia coincidió con un período de recesión y estancamiento hasta 1985, año en el que se inició una etapa expansiva. Tras la desaceleración experimentada a comienzos de la década de los 90, España inició una senda de fuerte auge y expansión, fundamentalmente por la internacionalización de la economía y la entrada en el euro. Así, la economía española mostró un crecimiento del PIB real en términos acumulados de un 34,5 % durante los años 2000 y 2007, con una tasa media anual del 3,8 %.

Sin embargo, en 2008 estalló la mayor crisis económica y financiera de las últimas décadas, generando las mayores caídas del PIB en la etapa democrática. Como se observa en el gráfico 1, la última puede calificarse como una crisis en dos etapas. De 2008 a 2010 el PIB experimentó caídas de más del 3 % interanual y, a pesar de una ligera mejora, entre 2010 y 2013 volvió a retroceder a ritmos del 2 % interanual, lo que supuso un recrudecimiento de la crisis.

Atendiendo al PIB per cápita, éste se ha duplicado, en términos reales, desde 1975. Este crecimiento ha posibilitado un proceso progresivo de convergencia con el resto de países europeos. No obstante, como se aprecia en el gráfico 2, seguimos alejados en renta per cápita (en términos reales) de países como Francia o Alemania.

Esta mejora del producto por habitante refleja la fortaleza y dimensión de un crecimiento que vino acompañado de un aumento de población del 29 % desde 1976. En estos últimos 40 años ha aumentado tanto el número de hombres (+29 %) como de mujeres (+28,7 %) y el desarrollo económico ha atraído a numerosos inmigrantes a nuestro país. Así, se pasó de acoger el retorno de emigrantes españoles con la llegada de la democracia a ser un país receptor de inmigración extranjera, principalmente entre 2000 y 2007, cuando el 90 % del crecimiento de población (5 millones de personas) se explica por la entrada neta de inmigrantes.

No obstante, el envejecimiento de la población presenta uno de los grandes desafíos para la economía y su sostenibilidad, pues el número de jóvenes disminuye progresivamente y, a día de hoy, los menores de 30 años representan el 15% de la población.

Mercado laboral

El mercado laboral español presenta un problema estructural de desempleo pues, si bien en los inicios de la etapa democrática la tasa de paro se situaba en el entorno del 5 %, ésta solo bajó del 10 % entre 2005 y 2007. Con ello, se percibe la dificultad de España para generar empleo y luchar contra el paro.

Entre los años 1980 y 2000, las tasas de paro se situaron en la horquilla del 15 % y 23 %, niveles muy elevados que contrastan con la expansión de la economía española. De hecho, desde 1976 el paro creció hasta situarse por encima del 20 % en 1985. Aumentó el empleo pero inició de nuevo una caída notable hasta 1994, año en el que la tasa de paro superó el 24 %.

No obstante, el mercado laboral mostró un tono muy favorable en los años posteriores, dinámica que mantuvo hasta el estallido de la crisis económica. De hecho, el empleo creció 12 puntos porcentuales en los siete primeros años del siglo XXI y la ocupación femenina avanzó notablemente en estos años.

Sin embargo, desde 2008 el desempleo creció hasta tasas cercanas al 25 % y, casi 10 años después del estallido de la crisis, la tasa de paro sigue en un elevado 18,75 %.

España necesita dar una solución a este grave problema estructural. Como se observa en el gráfico 4, a pesar de los ciclos experimentados, la tasa de paro se ha mantenido en la mayoría de estos años por encima del 15 %. Así, el desempleo ha sido el problema económico y social más persistente y doloroso para la población española en los últimos 40 años.

El crecimiento económico ha venido de la mano de una transformación en la estructura productiva española, basada en una intensa terciarización económica a costa de una notable caída de los sectores agrario e industrial. Esto se puede observar analizando la evolución del peso de los sectores productivos en el PIB así como atendiendo a la población ocupada en dichos actividades.

Entre 1975 y 2016 el peso del sector servicios en el PIB ha aumentado desde el 53,1 % hasta el 67,7 %. De forma paralela, la industria ha perdido prácticamente la mitad de su peso en el PIB, desde el 30,8 % hasta un 16,5 %. No obstante, merece especial atención la política de “reconversión industrial” impulsada por el PSOE en 1983 para mejorar la estructura productiva de la industria española.

Por su parte, el sector agrario ha descendido 4 puntos porcentuales hasta representar el 2,5 % del PIB. Atendiendo a la construcción, este sector llegó a alcanzar el 10 % del producto en el período precrisis, pero tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, su peso en el producto nacional se ha reducido a la mitad.

Esta terciarización de la economía se aprecia notablemente en el mercado laboral español. Si en 1975 el sector servicios daba empleo al 40,1 % de la población, actualmente hasta el 75,8 % de los empleados trabajan en este tipo de actividades. En el resto de sectores, por su parte, la ocupación ha descendido a la mitad y, por ejemplo, el empleo en el sector agrario ha pasado de representar el 21,9 % al 4,41 % en los últimos 40 años.

Una conclusión se extrae también de este análisis: el mayor proceso de cambio en el modelo productivo se produjo entre 1975 y 2000. No obstante, al inicio de la democracia el sector servicios ya representaba más de la mitad del PIB y daba empleo a casi la mitad de los españoles.

Uno de los principales cambios positivos experimentados por la economía española ha sido el incremento en el grado de apertura hacia el exterior. Dicho nivel de apertura, tradicionalmente medido a través del porcentaje de exportaciones e importaciones respecto al PIB, se ha duplicado desde el 30 % en 1976 hasta superar el 60 % actualmente.

Este proceso de apertura comercial ha sido uno de los mayores impulsos para la transformación y el crecimiento económico de España. Las exportaciones se han duplicado en los últimos 15 años y en el actualidad la economía experimenta un histórico superávit comercial, compatibilizándolo con el crecimiento de la demanda interna.

Como se aprecia en el gráfico 6, a pesar de las desviaciones, el grado de apertura refleja una tendencia muy creciente, sobre todo en la década de los noventa y, en estos últimos años, la caída del precio del petróleo o los bajos tipos de interés han propiciado un repunte en este ámbito. Parece, con ello, que la economía española tiende hacia la convergencia europea, pues el grado de apertura de la eurozona es de casi el 87 %.

Además, esta apertura al exterior se ha producido a pesar del incremento de los costes laborales unitarios, lo que afecta negativamente a la competitividad de la economía española.

En la etapa democrática las administraciones públicas españolas han experimentado, en la mayoría de años, situaciones de necesidad de financiación.

El déficit público llegó a superar el 6 % entre 1985 y 1995 y hasta el 10,5 % en 2012. No obstante, antes del estallido de la crisis económica el superávit público se situó en el 2 %.

Atendiendo a los empleos y recursos no financieros, éstos representaban prácticamente el mismo porcentaje del PIB en 1975 y, aunque ambos han ganado mucho protagonismo, actualmente los empleos tienen un peso bastante mayor en el producto nacional que los recursos (43,8 % frente a 38,6 %). Esto es debido, sobre todo, al repunte de los empleos destinados al desarrollo del estado del bienestar.

Atendiendo a los recursos no financieros, éstos crecieron notablemente entre 1975 y 2007, si bien con la crisis económica experimentaron un gran retroceso que actualmente se ha recuperado. Los impuestos sobre renta, patrimonio y capital son los que más peso han ganado en el PIB, pasando de representar el 4,6 % del producto en 1975 al 10,4 % en 2015.

Igualmente, los impuestos sobre productos y producción han experimentado un notable crecimiento, duplicando su peso en el PIB. Por su parte, las cotizaciones sociales también han incrementado ligeramente su protagonismo en el producto nacional (2 puntos porcentuales). Sin embargo, las transferencias corrientes y de capital y ayuda a la inversión o los intereses y rentas de la propiedad son recursos que han perdido protagonismo.

Respecto a los empleos no financieros, éstos han crecido sustancialmente, incrementándose casi 20 puntos porcentuales en estos últimos 40 años y representan actualmente el 43,8 % del PIB.

La Seguridad Social es la gran protagonista. En estos últimos 40 años casi ha duplicado su peso en el PIB (desde el 9,9 % en 1975 al 17,11 % en 2015). Lo mismo ha ocurrido con la sanidad, que ya representa el 6,2 % del producto. La enseñanza, por su parte, ganó peso hasta 1995 pero desde entonces ha disminuido su importancia y se encuentra en una situación muy similar a hace cuatro décadas.

Los principales problemas de la economía española desde el año 1975 hasta hoy no han variado sustancialmente. Nuestro aparato productivo no ha sido capaz de generar la suficiente productividad como para financiar la capacidad de crecimiento. Y esta baja productividad se ha traducido en una infrautilización continua de la capacidad productiva y en una insuficiente generación de empleo.

Por eso ha sido tan importante la entrada en el Mercado Único y en el Euro. Hemos adquirido financiación extra, bien por transferencia de fondos o por reducción de los tipos de interés (el aumento del crédito también ha sido gracias a que los bancos han obtenido financiación externa de los socios europeos), que nos ha permitido crecer y sobre-invertir.

Así, el crecimiento de la economía española en estos últimos 40 años ha estado más fundamentado en crédito que en incrementos de productividad. En buena parte hemos crecido “por encima de nuestras posibilidades”.

Por un lado, España mantiene un problema de productividad total de los factores (PTF). El pequeño tamaño empresarial, la falta de capacidad de innovación e inversión en I+D o los problemas derivados de la formación profesional hacen que la PTF apenas contribuya al crecimiento económico.

Por otro lado, la expansión de nuestra economía obedeció en gran parte al crecimiento del crédito. Los tipos de interés reales negativos de los años ochenta y la gran caída de tipos desde la entrada en el euro han facilitado un endeudamiento excesivo. Un endeudamiento que, además, ha sido en gran parte externo aprovechando las ventajas del euro en solvencia y tipos de interés.

El lado negativo de este crecimiento es que cuando la financiación paró, la economía, el empleo y las rentas retrocedieron y hemos necesitado 7 años para desendeudarnos y volver al dinamismo económico.

El lado positivo es que nuestra renta per cápita ha aumentado, las infraestructuras públicas son, según el WEF, de las mejores del mundo y algunas empresas han conseguido suficiente capitalización para convertirse en multinacionales (en 1995, prácticamente no teníamos ni una y ahora hay más de 2500).

El problema del presente y del futuro próximo sigue siendo aumentar la productividad de manera que nos permita financiarnos internamente y aumentar nuestra reputación internacional (que nuestra productividad nos permite pagar las deudas) para obtener financiación externa y seguir mejorando las rentas y las condiciones de vida domésticas.