Una mirada feminista sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2017

Una valoración feminista sobre los Presupuestos Generales del Estado 2017 es que reflejan un modelo económico basado en actividades productivas poco intensivas en tecnología, depredadoras del medio ambiente, que sigue relegando los servicios públicos y que agrava los problemas de desigualdad social, particularmente la desigualdad entre hombres y mujeres.

El gasto social, además de escaso, potencia una estructura laboral/familiar atravesada por la división sexual del trabajo: un mercado de trabajo altamente segregado por sexos, vertical y horizontalmente, y un modelo de familia en la que los hombres se ven presionados a mantenerse alejados de los cuidados y las mujeres presionadas a abandonar sus empleos para cuidar en el seno del hogar. Así se refleja en cómo el 73% de los contratos a tiempo parcial y sólo el 41% de los contratos de jornada completa los realizan mujeres.

Los PGE de 2017 han observado avances en algunas partidas favorables a la corresponsabilidad como la dedicada a los permisos de paternidad que ha aumentado en 235 millones de euros respecto a 2016 para dar soporte a la ampliación del permiso de paternidad de 13 días a un mes, sin embargo, con 439 millones de euros sigue muy por debajo de la partida dedicada a maternidad, 1,572,5 millones de euros y todavía lejos de conseguir la igualdad de las 16 semanas en el permiso de paternidad que reclama la PIINA.

El Informe Oficial de Impacto de Género que acompaña a los PGE sólo incluye información de 99 programas de gasto de los más de 200 gestionados por los distintos departamentos ministeriales. El informe no tiene criterios transparentes que definan los criterios en función de los cuales son elegidos. De hecho, no analiza los programas presupuestarios de la Seguridad Social, aun cuando las pensiones suponen el 41% de los PGE 2017 y tienen un importante sesgo de género.

Así, la menor tasa de ocupación femenina, la desigualdad salarial y las diferencias entre la vida laboral de hombres y mujeres, marcadas por la precariedad y la feminización del cuidado de menores de edad y familiares dependientes a cargo con las consiguientes “lagunas de cotización” llevan a que la pensión media de las mujeres (711€) sea un 37% más baja que la de los hombres (1.134€) y a la alta feminización de las pensiones no contributivas (PNC) con la gran diferencia que implica sobre las cuantías percibidas.

Desde 2008, la Plataforma Impacto de Género Ya analiza los Presupuestos del Estado y elabora un manifiesto sobre su Impacto de Género que ha sido secundado por más de 100 organizaciones feministas.

En él destacan la incongruencia de crear por unanimidad del Congreso una Subcomisión para mejorar las políticas de Violencia de Género y que a la vez el Gobierno del PP, con apoyo de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria presente un Presupuesto que ni siquiera restituye los recortes realizados desde 2010, no permite la prevención y atención a la violencia sexual que exige el Convenio de Estambul, ni cubre el coste de los servicios jurídicos, psicológicos y sociales que establece el art. 19 de la Ley O 1/2004 en las Entidades Locales.

En los últimos ocho años, con la “excusa” de la crisis hemos vivido continuos recortes en los programas dedicados a Igualdad y a Violencia de Género hasta el punto en que Organismos que en su día fueron referente en el impulso de las políticas públicas de Igualdad, como el Instituto de la Mujer han quedado progresivamente descafeinados pues se les han atribuido competencias adicionales, las de Igualdad de Oportunidades que da cobertura a las discriminaciones raciales y étnicas, manteniendo además el mismo presupuesto. En 2017, el programa 232B de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ha quedado congelado en 19,7 millones de euros, un 41% menos de los fondos con los que contaba en 2010. Sigue la política de adelgazar al máximo los servicios públicos, más de sus tres cuartas partes están externalizadas y, además de no cubrir las bajas de personal desde 2010, ha despedido a cerca del 10% de su plantilla.

En los últimos años, el Instituto de la Mujer reparte de forma directa, y sin concurrencia competitiva el grueso de las subvenciones a entidades empresariales como la CEOE o el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, aumenta las subvenciones para planes de igualdad en pymes, asigna subvenciones a entidades recién constituidas como la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca, mientras deja en concurso únicamente 1,650,000 euros que se reparten entre 70 asociaciones y fundaciones anti-discriminación de la mujer. Ha suprimido las subvenciones a Ayuntamientos y otras entidades locales para formación y fomento del empleo femenino, para eliminación de la brecha salarial y para estudios de género en universidades. A la vez se permite tener una directora que ha sido cuestionada desde el movimiento feminista por su falta de preparación hasta el punto de organizar una recogida de firmas para solicitar su dimisión.

Con todo, la preocupación principal respecto a los PGE 2017 es la escasez de recursos que se destinan a la lucha contra la violencia de género.

El programa 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género, con 27,7 millones de euros tiene 2,5 millones más que en 2016 (9,9%). Este aumento parece insignificante ante las necesidades acuciantes de las mujeres que sufren la violencia, la persistencia de esta, las multitudinarias manifestaciones en las calles, la demanda social, y el ‘Pacto de Estado’ acordado por el Congreso de Diputados el 15.11.16, que exigen un aumento significativo de recursos que no puede esperar más. Además, la ratificación en 2013 del Convenio de Estambul del Consejo de Europa exige extender la prevención y atención a las víctimas de violencia de género fuera de la pareja. ¿A que esperamos?

Vemos como distintos estudios señalan el aumento de la violencia de género entre los jóvenes pero no se destinan en los PGE recursos relativos a la educación ni se cumplen artículos de la Ley integral contra la violencia de género que obligan a incluir la igualdad en los programas y materiales del sistema educativo, dar formación inicial y permanente al profesorado. La LOMCE no hace ninguna mención al fomento específico o transversal de la igualdad entre hombres y mujeres.

No hay ningún programa que facilite de forma eficaz el empleo de las mujeres víctimas de violencia. La bonificación de contratos a empresas que contratan a mujeres víctimas de violencia de género no se espera que alcance los 1.000 contratos cuando las denuncias anuales superan las 140.000 y el dato que se conoce es que un 40% de las víctimas dependen económicamente del agresor.

Ante esta situación es imprescindible un aumento sustantivo de los recursos destinados a combatir la violencia y desde el movimiento feminista esperamos que las enmiendas que van a presentar los Grupos Socialista, Confederal y Mixto-Compromís, incluyan subir de 27,7 a 141,7 millones el programa 232C contra la violencia de género.

El manifiesto de la Plataforma Impacto de Género Ya se puede consultar aquí.