En España, 1 de cada 3 personas vive en riesgo de exclusión o pobreza

Hace unos días EAPN España constataba que más de 123 millones de personas viven en riesgo de pobreza o exclusión en Europa. Lo elevado de las cifras y su terrible significado me hicieron recordar a un profesor de psicología social que nos contaba que cuando el riesgo, y especialmente la cantidad de afectados, resultaban muy elevados, las personas tendían a minimizar su importancia, no asumiéndolo como real. Y más aún, imagino, cuando sucede en “ese ente” que es Europa.

Pero si Europa parece lejana, o las cifras hacen que se pierda el sentido y que no parezca “real”, concretemos esta cuestión en España, donde 1 de cada 3 personas vive en riesgo de exclusión o pobreza. Estas proporciones ponen de manifiesto que el sistema de bienestar (o sistemas) no disponen de mecanismos suficientes para proteger y garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos, ni en España ni en Europa.

Recuerdo también un artículo, publicado hace algunos años por Eurostat, que señalaba que “la forma más efectiva de salir de la pobreza es a través del mercado laboral”. Y así, con esa afirmación, exculpatoria de las negligencias de los sistemas de protección, se quedaban tan anchos. Parecían no contemplar siquiera la realidad de determinados grupos de población que quedan, por motivos diversos, excluidos del mercado laboral. Incluso sin discutir sobre cuestiones relativas a la desigualdad social y de oportunidades, ¿qué sucede con aquellos que no pueden trabajar por motivos de edad?

Esta cuestión y el reparto de la pobreza entre los grupos de edad que quedan fuera del “supuesto amparo” del mercado laboral son los objetos centrales de un trabajo de Juan J. Fernández para el Observatorio de la Caixa. Concretamente, el autor compara la situación de pobreza entre aquellos que ya han dejado el mercado laboral (vejez) y quienes aún no han entrado en el mismo (niños y jóvenes que aun queriendo, no consiguen comenzar su carrera laboral).

Fernández examina la equidad de la protección social de estos grupos dependientes económicamente y cómo ha evolucionado su pobreza comparada. Su análisis señala que, mientras que los mayores encuentran amparo bajo el sistema redistributivo, aumenta la desprotección de los grupos de la base de la pirámide. Esto habría generado no solo una diferenciación intergeneracional, sino que confirmaría para España la realidad que señalaban Unicef o autores como Portillo para países muy lejanos de la Unión Europea, en la que la mayoría de los niños son pobres y la mayoría de los pobres son niños.

Ciertamente, el sistema de protección social no está diseñado para proteger a todos los grupos etarios de la misma manera. El inicio de la protección social en España fue lento, costoso y se centró en la pobreza que en ese momento resultaba más persistente: la de la vejez.

La lentitud del sistema de protección para implementar políticas de redistribución adecuadas vuelve a manifestarse en la actualidad, cuando son otros grupos los que están en riesgo. El sistema no es capaz de adecuarse al cambio de signo económico que ya antes de la crisis se manifestaba, y se muestra carente de políticas eficaces o formas de intervención que palien la pobreza infantil y juvenil.

Los avances (conseguidos no hace tanto) en la protección de la vejez contrastan así con la inexistencia de mecanismos que aseguren unos mínimos de calidad de vida en otras edades. Esto implica, por tanto, una quiebra del principio de justicia intergeneracional, según el que los distintos grupos de edad deben gozar de niveles similares de bienestar.

Este incumplimiento no se produce solo en España, sino que los vecinos europeos también registran una preocupante desprotección de las edades más jóvenes.

Aun así, España vuelve a destacar negativamente en el conjunto europeo: no solo la tendencia en la pobreza juvenil e infantil es ascendente (como en Francia o Grecia), sino que, comparativamente, registramos los aumentos más elevados en ambos ratios. Lo preocupante en España no es la propia desigualdad entre las edades, sino el rápido aumento de la misma, y específicamente el pico que se contempla tras 2011, presumiblemente cuando las prestaciones por desempleo finalizan o caen a mínimos para muchas familias. Lo escandaloso de todo esto es que, partiendo de unos niveles muchos más bajos que sus vecinos, al final de la serie España alcanza los niveles más elevados. Tampoco consigue remontar realmente en los años más recientes.

Pero hay que leer más allá cuando hablamos de una exclusión que se ceba en la base de la pirámide. Cuando hablamos de la pobreza en estas edades estamos señalando dos cosas. Por un lado, ni el mercado laboral funciona para los más jóvenes (ya, ya, no es para los únicos para los que falla), ni el sistema de protección dispone alternativas redistributivas que palien el impacto que esto tiene. Y por otro, pone de relieve que carecemos de políticas familiares con las que enfrentar esta situación, o siquiera de un sistema de cobertura específico para proteger a la infancia de la exclusión social.

Pero que no nos confundan estos datos. La mayor pobreza y exclusión de los niños y jóvenes no implica riqueza en la tercera edad, ni siquiera que no exista exclusión social entre los mayores de 65 años, y especialmente entre los (y sobre todo las) más mayores dentro del grupo de la vejez. Lo que los datos ponen de manifiesto es la ineficacia del sistema de bienestar para proteger a las familias, a las que no proporciona los mecanismos suficientes para cubrir las necesidades de los más jóvenes.

En cualquier caso, tanto España como Europa muestran sin duda un panorama de futuro nada apetecible. Este es otro aspecto sobre el que es necesario reflexionar: esos jóvenes, que hoy se enfrentan a difíciles comienzos de sus carreras laborales, se harán viejos algún día y su derecho a la protección dependerá de sus historiales de cotización. Entonces será cuando realmente podamos comprobar el daño que ha hecho la crisis y el funcionamiento de un sistema de protección que, aunque hoy protege en mayor medida a los mayores, plantea recortes. Esperemos que la mejora de los ratios en el futuro se produzca por un aumento de protección a los niños y jóvenes, y no debido a recortes sobre los futuros viejos.