Los derechos civiles bajo amenaza. ¿Por qué debería importarle a las empresas?

En muchos países del mundo, las libertades cívicas se están reduciendo: se aprobaron leyes que reprimen la libertad de expresión, el aumento del populismo ha ido unido a un aumento de la xenofobia y muchos han sido víctimas de intimidación e incluso violencia.

Las investigaciones de CIVICUS muestran que son 3,200 millones las personas que actualmente viven en países cuyos espacios cívicos se ven reprimidos o censurados. Las señales de advertencia sugieren que la situación está empeorando. ¿Qué impacto tiene esta situación en las empresas? ¿Qué papel tiene (y debería tener) el mundo empresarial?

Si bien muchas de estas crecientes restricciones provienen de gobiernos, en algunos casos el mundo empresarial es culpable de colaborar con el deterioro del espacio de libertades.

El mes pasado, publicamos una base de datos que rastrea instancias en la que los defensores de los derechos humanos trabajando en asuntos de responsabilidad corporativa han sido atacados. En los dos años que cubrimos (2015 y 2016), encontramos 450 instancias en todo el mundo.

Los seis principales países donde ocurrieron estos ataques se encuentran en América Latina.

En algunos países, las empresas han presionado discretamente a los gobiernos para que aprueben legislaciones que limiten las capacidad de las ONG de controlar y hablar sobre proyectos que afecten su subsistencia.

También se ha hecho un gran uso de los sistemas legales para criminalizar el trabajo legítimo de los defensores de los derechos humanos, detener sus fuentes de financiamiento y perseguirlos por "terroristas", "traidores", "opositores del desarrollo" o "saboteadores de la economía". En Chile, se ha utilizado legislación antiterrorismo contra activistas indígenas Mapuche que protestaban en contra de las empresas de silvicultura. En otros países, algunas empresas han presentado demandas por difamación contra quienes expresaban críticas a fin de silenciarlos.

Estas empresas se exponen a considerables riesgos y van contracorriente. Encuesta tras encuesta los resultados muestran que los clientes quieren comprarles a empresas comprometidas con la ética y los valores sociales. Las empresas involucradas con este tipo de actividades cambian pérdidas a largo plazo por ganancias a corto plazo.

De hecho, existe un fuerte argumento para las empresas para apoyar un entorno cívico saludable y enérgico.

En primer lugar, tanto la sociedad civil como las empresas necesitan el mismo tipo de entorno para progresar. Una empresa exitosa depende de sociedades abiertas que respeten los derechos y de la defensa de la ley. Y lo mismo se aplica a las organizaciones de la sociedad civil exitosas. El pensamiento crítico, la creatividad y la innovación son cruciales para las empresas; y se deterioran al restringirse el espacio civil. La sociedad civil, así como el mundo empresarial, requiere un firme respeto de la libertad de expresión y asociación; y acceso libre a mecanismos de compensación y resarcimiento para llevar adelante su trabajo. La volatilidad política y económica perjudica a ambos sectores. Un sistema político y judicial corrupto, grandes obstáculos para el registro, funcionamiento y financiamiento, perjudican tanto a empresas como a la sociedad civil.

Quizás es necesario profundizar las investigaciones para demostrar de modo concluyente la fuerte conexión entre los factores que fomentan sociedades abiertas, tolerantes y transparentes y aquellos que promueven entornos para las inversiones y el crecimiento de las empresas. Sin embargo, si examinamos los resultados de los países en el índice de facilidad para hacer negocios y el índice de mejores países para hacer negocios por un lado; y el índice de desarrollo humano (IDH) y el índice de libertad en el mundo por otro, descubriremos una fuerte correlación entre los países de la parte superior y entre los países de la parte inferior, en ambos grupos de índices. Esto debería servir al menos a modo de evidencia empírica sólida de que una economía próspera en la que las empresas se desarrollen es compatible con altos niveles de libertad, apertura y respeto de todos los derechos humanos.

Existen otras maneras en las que las empresas pueden beneficiarse de una sólida sociedad civil.

Por ejemplo, defender los derechos humanos y ayudar a reducir el malestar social aumenta la aceptación de inversiones y las operaciones empresariales, ayuda a las empresas a garantizarse una licencia social para operar y disminuye el costo del capital. ¿Por qué? Porque las investigaciones sugieren que las libertades cívicas reducen la corrupción, lo que a su vez reduce el costo de hacer negocios. Además, los representantes de la sociedad civil desempeñan un papel de control e informe que es útil para las empresas, ya que pueden encargarse de esas fallas del mercado que son demasiado graves para que la competencia y el comercio las resuelvan por sí mismos.

Las empresas responsables con la sociedad también son ampliamente consideradas tanto por clientes como también empleados, algo que les aporta una ventaja competitiva por sobre las empresas que se quedan atrás. Aquellos con un desempeño pobre que decidan ignorar o quitar autoridad a la sociedad civil corren el riesgo de sufrir perjuicios a su reputación, daños a la marca, liquidación de accionistas, retiro de financiamientos, costosos litigios y significativos costos operativos no planificados. Un estudio concluyó que un proyecto de minería de primera categoría debería afrontar costos de aproximadamente $20 millones por semana a causa de demoras en la producción en caso de tener conflictos con las comunidades.

Afortunadamente, existen empresas que entienden que pueden desempeñar un papel positivo en la protección de los activistas y las libertades cívicas; y varias de ellas lo están haciendo.

Hemos visto declaraciones públicas de apoyo por parte de Tiffany & Co. y S-Group a favor de los defensores de los derechos humanos en Angola y Tailandia. Hemos visto marcas de indumentaria mundiales que colaboran con la protección de trabajadores en huelga en Camboya. Hemos visto cientos de empresas hablando en contra de las prohibiciones de viajes de Donald Trump. Hemos visto cinco empresas de TI comprometerse de manera pública a ignorar una oferta de Pakistán a censurar Internet. Vimos a Microsoft llevar al gobierno de los Estados Unidos a juicio por el derecho a informarles a sus clientes cuándo una agencia federal está investigando sus correos electrónicos.

El Pacto Mundial de Naciones Unidas ofrece numerosos ejemplos de otras compañías que apoyan la ley de diversas maneras, clasificadas por sector. En todos los casos, la intervención de la compañía ha tenido un significativo impacto positivo.

De lo que estas compañías se dieron cuenta es que no pueden, ni quieren, ignorar el desmantelamiento de las libertades cívicas en muchas partes del mundo, tanto por interés propio como también por razones morales. Otras empresas harían bien en seguir su ejemplo. El año 2016 marcó el onceavo año consecutivo de disminución de la libertad mundial y son demasiadas las empresas las que aún son responsables o cómplices de abusos contra los activistas cívicos. Las empresas que toman medidas con mayor frecuencia al hablar en defensa de las libertades cívicas y los derechos humanos serán compensadas por sus accionistas y obtendrán significativos beneficios a largo plazo.