La inversión en infraestructura en Guatemala, la más baja de todo Latinoamérica

Con menos del 1% del PIB, la inversión pública en infraestructura en Guatemala es una de las más bajas de América Latina y los mercados emergentes. El consiguiente déficit de infraestructura limita el futuro crecimiento y nivel de vida del país, repercutiendo especialmente en los hogares más pobres.

Los beneficios de una mayor inversión pública en infraestructura bien focalizada superarían con creces los costos fiscales y fomentarían el desarrollo económico y social de Guatemala. Este es el momento propicio para que el gasto en infraestructura del país aumente de manera significativa.

Aunque Guatemala ha realizado avances considerables en alcanzar una estabilidad macroeconómica, el crecimiento promedio del producto del 3¾% registrado en la década pasada ha sido insuficiente para sacar a su población de la pobreza imperante. El país atraviesa una situación de altos niveles de pobreza, desnutrición y desigualdad del ingreso y presenta una de las tasas más altas del mundo de delitos violentos. Si bien el gasto destinado a reducir la pobreza y las reformas de políticas sociales pueden contribuir a resolver alguna de estas necesidades sociales, será fundamental que se acelere el crecimiento económico para reducir en forma perdurable los niveles de pobreza, desnutrición y delincuencia. Actualmente, el potencial de crecimiento de Guatemala se ve limitado por la infraestructura inadecuada.

En la historia reciente, las necesidades de infraestructura que se han estimado superan por un gran margen la inversión efectuada en este rubro. Lo que es más preocupante es que, mientras otros países de América Latina están reduciendo sus déficits de infraestructura, el de Guatemala está aumentando.

Como resultado, el stock de capital nacional en Guatemala es aproximadamente la mitad del de otras economías de mercados emergentes y en desarrollo.

Se ha determinado que la infraestructura inadecuada es uno los obstáculos más importantes para llevar a cabo actividades comerciales en Guatemala (véase el Índice de Competitividad Mundial) y que ha frenado la inversión extranjera. La infraestructura insuficiente también ha sido uno de los principales impedimentos para la integración y el comercio regional (ya que las empresas privadas han tenido dificultades para transportar sus mercaderías hasta las fronteras, puertos y aeropuertos). Además, las deficiencias en la infraestructura mantienen los costos de los artículos básicos en niveles altos, lo que elimina la competencia. A modo de ejemplo, la infraestructura insuficiente ha contribuido a la alta inflación persistente de los precios de los alimentos en los últimos años, especialmente en las zonas rurales. Esto ha perjudicado especialmente a los sectores pobres para quienes los artículos básicos representan una porción importante del consumo. Por último, la calidad de la infraestructura varía ampliamente entre diferentes zonas de Guatemala, lo cual exacerba la desigualdad del ingreso entre las regiones, especialmente entre zonas urbanas y rurales.

En definitiva, una mayor inversión en infraestructura en Guatemala, tendría una mayor rentabilidad tanto en términos de crecimiento como en la reducción de la pobreza y la desigualdad del ingreso. La mejora de las redes de transporte terrestre facilitaría el comercio regional y el transporte interno, lo que aumentaría la oferta de bienes y disminuiría los precios. Un mejor acceso a los servicios de infraestructura en las zonas rurales, donde están la mayoría de los hogares pobres, tendría un impacto positivo sustancial en el nivel de vida. Además, la reducción de los costos de la logística, mediante una mejora de la competitividad, crearía empleos que beneficiarían a los hogares más pobres. Asimismo, si esa inversión pública en infraestructura se financiara a través de un aumento temporal del déficit fiscal, incentivaría la demanda a corto plazo e impulsaría la creación de empleo.

Nuestras simulaciones indican que un aumento sostenido del 1% del PIB en la inversión pública en los próximos cinco años:

aumentaría el producto en 1.2% (acorde con lasconclusiones del FMI de que un aumento del 1% del PIB en el gasto en infraestructura, en promedio, aumentaría el PIB en aproximadamente el 1.5%, tanto en economías avanzadas como emergentes); ydisminuiría la pobreza extrema del 23% al 18% de la población.

Estos resultados, por supuesto, suponen que la inversión pública esté adecuadamente focalizada en los sectores de mayor necesidad. La selección ineficiente de proyectos diluiría estos potenciales beneficios considerablemente. Un estudio del FMI demuestra que las inversiones públicas más eficientes pueden generar un efecto sobre el crecimiento dos veces superior al de las menos eficientes.

Por ende, para cosechar todos los frutos de la inversión pública, Guatemala debe asegurar la transparencia y el buen gobierno de las instituciones en cada una de las etapas de planificación, asignación e implementación del ciclo de inversión. Eso requiere que exista coordinación entre los diferentes sectores y niveles de gobierno, procedimientos objetivos para valuar y seleccionar los proyectos, transparencia en el monitoreo de los mismos y una gestión eficaz bajo exigentes normas de gestión de gobierno.

En conclusión, aumentar actualmente el gasto en infraestructura es una propuesta muy viable para Guatemala dados sus antecedentes de responsabilidad fiscal, bajo nivel de deuda pública, costos de financiación relativamente bajos y de los altos beneficios previstos si los proyectos de infraestructura son bien concebidos. El Gobierno ha anunciado un programa para reactivar la inversión en infraestructura que es prometedor. Ahora es el momento oportuno para invertir en el futuro de Guatemala.