Depende: ¿puede México reinventarse como potencia?

Los continuos problemas de subdesarrollo en México están ligados a fallas estructurales y la falta de Estado de derecho, manifestados en la inseguridad, la impunidad y el débil desarrollo económico. Un nuevo reto, la relación bilateral con EE UU, podría resultar en la mayor oportunidad de México para invertir esa espiral descendente y reinventarse como potencia.

Depende cuál sea su objetivo. Si el fin es desmantelar a los grandes cárteles de la droga, a los cuales la administración anterior (2006-2012) consideró la mayor amenaza a la seguridad nacional, sí ha tenido éxito. Las organizaciones criminales dedicadas al tráfico trasnacional de estupefacientes al mercado estadounidense se han fragmentado a lo largo de la última década, producto de una estrategia militarizada enfocada en abatir a los altos mandos de los cárteles. Esto, sin embargo, acarreó altos costes sociales. Hoy en día el mundo criminal es una mezcolanza de bandas criminales dedicadas no solo al narcotráfico sino a diversos crímenes predatorios que infligen mayor daño a los ciudadanos. Si antes predominaba un riesgo a la seguridad nacional, la balcanización del entorno criminal trasladó el mayor riesgo al ámbito de la seguridad pública.

La pasada administración también expresó que el narcotráfico era una amenaza a la salud pública, pero las cifras oficiales de adicción pintan un retrato menos adverso. Aunque la última encuesta nacional de adicciones alega que hubo un incremento en el consumo de drogas ilegales entre 2002 y 2008, particularmente la marihuana y cocaína, México fue y sigue siendo un país de bajo consumo de sustancias ilícitas. Esto aún puede cambiar, ya que la continua criminalización de las drogas en el país, mientras se liberaliza el consumo de marihuana en Estados Unidos, hace más atractivo el lucro potencial que trae un mercado doméstico de consumidores.

Y si el objetivo de esta guerra era atajar la creciente violencia, es importante recalcar que las mismas cifras oficiales ponen en entredicho ese argumento. La agencia nacional de estadísticas, INEGI, muestra que la tasa de homicidio –el indicador más usado y confiable para medir la violencia– mostró una caída casi constante entre 1990 y 2007 (de 15 a 8 homicidios por 100.000 habitantes), pero a partir de 2008 sufrió un ascenso precipitoso. Entre 2008 y 2011, la tasa escaló de 13 a 24 homicidios por 100.000 habitantes. El actual Gobierno (2012-2018) heredó un país muy violento, pero con una tendencia homicida a la baja: de 2011 al 2014 la cifra cayó de 24 a 17 homicidios por 100.000 habitantes. Sin embargo, ese descenso se frenó y revirtió en 2015.

No necesariamente. Aunque la violencia en el país de la última década sí estuvo en gran parte vinculada al narcotráfico, en la actualidad gran parte de ella es por delitos predatorios (aquellos que afectan directamente a la ciudadanía como la extorsión, el secuestro, el robo y el tráfico de personas, a diferencia del narcotráfico que es más un delito de carácter económico y transaccional) a raíz de la fragmentación de los grandes cárteles. Muchos de los grupos criminales que operan hoy en día ya no cuentan con la estructura ni recursos necesarios para el tipo de operaciones requeridas para el lucrativo tráfico trasnacional de estupefacientes, y como el mercado interno de drogas ilícitas aun es relativamente pequeño, la diversificación a otros mercados ilegales fue ineludible.

Esto no quiere decir que el tráfico de drogas a Estados Unidos ya sea insignificante, al contrario, éste ha adoptado otro perfil debido al cambiante mercado de drogas en el vecino del norte. Por ejemplo, en cuanto a la paulatina legalización de la marihuana en EE UU, las tendencias de consumo y los cambios regulatorios a nivel estatal han influido en transformaciones en el modelo de negocio de los grupos criminales mexicanos. La marihuana ya es legal para uso recreativo o médico en todos menos seis estados. Aunque aún es negocio, la demanda de marihuana mexicana de menor calidad sí ha caído y ya hay indicios de tráfico de esta droga de EE UU a México. Si sigue esta tendencia, podría surgir un mercado doméstico para la marihuana de alta calidad estadounidense, y así crear otra oportunidad de negocio para los grupos de criminales mexicanos. Igualmente, estas organizaciones han aprovechado el auge en el abuso de fármacos a base de opiáceos en EE UU para exportar más heroína, la cual es menos costosa que estos fármacos.

Así que es poco probable que legalizar las drogas tenga un efecto disuasorio significativo contra esta violencia predatoria. Es más, puede que estos grupos actúen con más violencia para expandir su huella en otros mercados ilícitos. El reciente auge de los homicidios puede ser una señal de esto.

No lo es. Los países menos corruptos son aquellos que han invertido en erigir un Estado de derecho, con un sistema de pesos y contrapesos y los controles administrativos y jurídicos para hacer valer la ley. Son aquellos que han incurrido en reformas políticas de gran calado y a nivel estatal, no solo iniciativas aisladas y en el ámbito técnico. Se requiere un cambio político sustancial que hasta ahora ha estado ausente en México.

Un estudio reciente sobre la corrupción demuestra la nula confianza y la alta tolerancia a la corrupción en el país. La mayoría de la población no cree en la legitimidad y justicia de las leyes, ni en quienes las promulgan y hacen cumplir. Por ejemplo, la gran mayoría de los mexicanos piensa que las leyes deben aplicarse por igual, pero también piensa que en México las leyes se usan como excusa para cometer arbitrariedades y para defender los intereses de los poderosos. Por eso, no es sorprendente que más de la mitad de la población no esté de acuerdo con que tienen que obedecer las leyes aunque sean injustas, y que hay más gente dispuesta a violar la ley si piensan que tiene la razón.

En base a mejores prácticas internacionales derivadas de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, algunas de las herramientas necesarias para el efectivo combate a la corrupción incluyen: políticas, prácticas y órganos de prevención; participación de la sociedad civil; la tipificación penal de los delitos de corrupción; la transparencia de la información púbica; y el control del financiamiento de partidos políticos y procesos electorales. También se necesita una agencia anticorrupción totalmente autónoma, algo que hasta hace poco se lanzó en México, pero que su eficacia depende mucho de la implementación de otras reformas políticas que no ha abordado la clase política.

Aunque la corrupción sí es un problema grave, existe algo peor: la impunidad. Corrupción hay en todos los países, pero es menor y menos dañina en donde se castiga de manera justa, pronta y trasparente. De otra manera, se crean incentivos perversos que alimentan el círculo vicioso de la impunidad.

México es uno de los países con mayores niveles de impunidad en el mundo. Un estudio reciente que mide la impunidad a nivel global lo pone en el penúltimo lugar de 59 países, y la más reciente encuesta nacional de victimización señala que la impunidad está entre las 10 principales preocupaciones (junto a la corrupción) de los mexicanos. Esta misma encuesta afirma que la proporción de delitos que no se investigan, y por ende no se procesan, es casi el 94%. La llamada cifra negra para algunos delitos es aún mayor: 98% para extorsión y 95% para robo en la calle o en transporte público y para robo parcial de vehículo.

No hay incentivo más perverso que la desconfianza en las autoridades, ya que es menos probable que un ciudadano acuda a denunciar un delito. Razones para no denunciar varían, pero el 63% de los delitos no denunciados es por casusas atribuibles a la autoridad; las más comunes son por considerar el proceso de denuncia una pérdida de tiempo y por desconfianza o miedo a las autoridades. Si se quiere atacar la corrupción y la continua inseguridad, es primordial reducir la impunidad.

Son un componente necesario pero no suficiente. La estabilización de la economía nacional y la liberalización comercial a finales de los 90 fueron otros pasos claves que se dieron en ese sentido. Sin embargo, éstos no han rendido frutos por la persistencia de otros desafíos como la falta de competencia económica, la baja productividad laboral, un régimen fiscal que recauda poco y depende de los ingresos petroleros, y un deficiente sistema educativo. Las reformas que se aprobaron en los primeros dos años de la Administración de Enrique Peña Nieto pretendían abordar algunos de estos retos que han frenado el desarrollo del país.

Dos de las reformas claves y más controvertidas fueron la educativa y energética. La primera buscaba sobre todo atender la muy mala calidad educativa, con un enfoque en la profesionalización del servicio de carrera del magisterio. Esto significó quitar el dominio sobre la política educativa al poderoso sindicato de maestros, al crear un servicio de carrera docente centralizado y un instituto nacional para la evaluación de la educación, que se encargaría del diseño de la política educativa. Los mayores puntos de discordia tienen que ver con los derechos laborales de los maestros y la falta de visión al tratar de implementar un sistema educativo a escala nacional en un país donde las disparidades económicas y sociales son enormes. Los resultados de esta reforma no serán visibles en el corto plazo, aunque los conflictos involucrando a los maestros disidentes podrían resurgir en 2018 cuando se acerque la elección presidencial.

Por otro lado, la reforma energética es especialmente importante por su potencial económico. El principal objetivo de ésta es abordar la ineficiencia de la paraestatal petrolera Pemex y abrir el mercado a la competencia en toda la cadena de valor, pero manteniendo los hidrocarburos bajo control del Estado. De igual manera, se busca la modernización del sector de la electricidad y el gas. Aunque se esperan beneficios económicos significativos con el previsto incremento de la inversión y productividad en el sector energético, al igual que una baja en los costes de los energéticos, será cuestión de años para que se puedan evaluar los frutos de la reforma. El reciente aumento de los precios de la gasolina, interpretado erróneamente como producto de la reforma energética, ha causado malestar social y puede ser otra variable que afecte a las futuras elecciones presidenciales.

Para que dichas reformas económicas y políticas tengan el efecto deseado de crear bienestar, se requiere un componente esencial y ausente: el Estado de derecho. En un régimen gobernado por el Estado de derecho, el Ejecutivo y quienes lo integran rinden cuentas bajo un sistema de leyes claras, trasparentes y justas. Como se explicó anteriormente en la cuestión de la corrupción, en México las reformas en ese sentido han sido nulas.

Tiene algunas buenas cartas, pero debe jugarlas de manera audaz. El primer paso es considerar acciones o represalias eficaces, pero no necesariamente proporcionales. Un claro ejemplo es en el ámbito comercial, probablemente el más vulnerable: si EE UU impusiera una tarifa de 35% a productos mexicanos, México podría tomar represalias proporcionales. Aunque esta idea se ha ponderado y cuenta con apoyo de sectores de la sociedad mexicana, la acción dañaría de manera considerable a la economía nacional y podría deteriorar aún más la relación bilateral.

Es probable que Donald Trump intente hacer una cirugía mayor al actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero aún quedan muchas dudas sobre lo que vayan al final a proponer y lo que puedan en realidad hacer. De acuerdo a la Ley de Comercio de 1974, el presidente podría frenar las importaciones de algún país al invocar la seguridad nacional, pero eso sería un paso controvertido que difícilmente pasaría sin gran oposición de muchos sectores, incluyendo del mismo Partido Republicano estadounidense que lo postuló y de los grupos de interés más vulnerables ante una restricción de importaciones.

Es ahí donde México tendría que fijarse al diseñar una estrategia ante Trump. El Gobierno mexicano podría enfocarse en los productos que más afecten a la base de votantes republicanos que apoyaron a Trump. Un ejemplo es el maíz, producto cuyo mayor productor y exportador es Estados Unidos, y el que México importa principalmente de su vecino del norte. Los agricultores estadounidenses en el llamado Cinturón del Maíz, región en donde los votantes se inclinaron mayoritariamente por Trump, sufrirían las consecuencias de una política comercial cerrada. Son estos grupos los que podrían presionar y revertir la peligrosa política comercial de Trump.

La amenaza trumpista es una gran oportunidad para que México cambie de rumbo. El problema del país es institucional y las soluciones vienen de cambios políticos profundos, que van más allá del partido o las personalidades en el gobierno. El principal reto, la ausencia de Estado de derecho, es la clave para que todos los otros desafíos que tiene México se puedan abordar de manera efectiva. Quizá un reto mayor es la falta de visión y voluntad dentro de la clase política para limpiar la casa.