¿Y si auditamos los programas económicos electorales?

El lenguaje político posee una cualidad cuántica innegable, una veracidad borrosa e indefinida, donde una cosa y su contraria son siempre posibles, y en ningún área ello resulta tan evidente como en la economía. Nunca tanto como en estos tiempos han sido los políticos narradores y hacedores del devenir económico, y nunca se ha prestado tan poca atención a los numerosos errores, falacias e inconsistencias de su discurso. Por no hablar de las propuestas contenidas en los programas electorales: además de suscitar escasa atención del ciudadano medio, la mayoría no resiste un análisis macro y micro riguroso, análisis que tampoco suele encontrarse a disposición del público, salvo en contadas y honrosas excepciones. Y así nos suele ir.

Cabe preguntarse entonces: ¿es posible mejorar esta situación? Mi respuesta a los lectores es un rotundo sí. En las siguientes líneas trataré de explicarles cómo.

La idea de cuantificar el impacto macro y microeconómico de las iniciativas políticas incluidas en los programas electorales ha sido abordada en algunos países, con mayor o menor intensidad y resultados dispares pero muy interesantes, de los que se pueden extraer valiosas lecciones.

Desde 1998, la Charter of Honest Budget de Australia (“Carta de Honestidad Presupuestaria”) describe los procedimientos mediante los que se puede pedir a los Secretarios del Tesoro y al Departamento de Finanzas (los “Secretarios”) que analicen económicamente los compromisos electorales de los partidos antes de las elecciones generales. La Carta se diseñó para para mejorar la transparencia de los programas electorales, aunque presenta varias debilidades, que trataron de ser subsanadas en 2012 mediante la creación de una nueva Oficina Presupuestaria del Parlamento (Parliamentary Budget Office, PBO). La PBO proporciona datos independientes sobre el coste de los programas políticos, análisis fiscales y trabajos de investigación a todos los miembros del parlamento, especialmente a los no pertenecientes al gobierno. Está abierta a todos los partidos con representación parlamentaria, puede ofrecer valoraciones confidenciales durante toda la legislatura (para análisis de impacto de propuestas en elaboración), salvo en los períodos electorales, en los que dichas valoraciones deben ser públicas. Además, en el mes siguiente al de la finalización de las elecciones, la PBO publica las valoraciones de impacto completas de los compromisos electorales. Para más información, les recomiendo la lectura de este estudio.

También en Irlanda, donde el gobierno en coalición es la norma habitual, se consideró relevante evaluar económicamente los programas electorales. El Ministerio de Finanzas irlandés realiza esta tarea; los partidos políticos pueden remitir sus programas en tres momentos: durante los meses que preceden a las elecciones generales, durante el proceso de elaboración del presupuesto y cuando se está negociando el programa de gobierno después de las elecciones. Las evaluaciones son puramente económicas, no incluyen consideraciones sobre las políticas propuestas y, a diferencia del caso australiano, son confidenciales, estando exentas de las normas sobre libertad de acceso a la información. Este otro estudio les permitirá conocer mejor el sistema irlandés.

No debemos olvidar tampoco la labor que realizan diversos institutos independientes de investigación económica, think tanks y organizaciones de carácter no gubernamental, como el Institute for Fiscal Studies británico, o el Committee for a Responsible Federal Budget norteamericano, por poner dos entidades relevantes en el análisis económico de programas electorales (aquí y aquí, dos ejemplos de sus respectivos trabajos).

Sin embargo, el caso más consolidado, completo y destacable de auditoría económica electoral lo encontramos en Holanda, donde su Central Planning Bureau (CPB), lleva analizando comparativamente los programas de las distintas formaciones políticas desde 1986. El último estudio publicado, confeccionado conjuntamente con la PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, corresponde al de las anteriores elecciones de 2012 (aquí su capítulo 2 traducido al inglés) y constituye el más exhaustivo esfuerzo realizado hasta el momento en el mundo, al haberse analizado 2.468 propuestas de 10 diferentes paridos a lo largo de 454 páginas. Ahí es nada. Merece la pena revisar brevemente su operatoria.

El proceso de elaboración de los análisis de impacto económico de los programas electorales, lo resume muy bien la propia directora general del CPB, Laura van Geest, a la que pueden escuchar también en este podcast durante una interesante presentación sobre la experiencia holandesa:

“La evaluación consta de varios pasos. En primer lugar, se construye una línea de base macroeconómica para el próximo período parlamentario, suponiendo que no hay ningún cambio de política. Esta línea de base es el punto de referencia con el que se calculan todos los efectos programáticos. En segundo lugar, los partidos proporcionan información adicional y muy detallada sobre el diseño de las medidas concretas que prevén desarrollar (en promedio, unas 250 por partido).

El supuesto básico es que el partido analizado obtiene mayoría en el parlamento y es así capaz de llevar adelante su programa. No se tienen en cuenta las medidas políticas que requieren una reforma constitucional, las medidas que no pueden ser adoptadas unilateralmente por el gobierno holandés (por ejemplo, las políticas europeas) y aquellas que no son aplicables legalmente o en la práctica (por ejemplo, reducir a la mitad la administración pública de un día para otro).

A continuación, la CPB evalúa los ingresos fiscales directos o los costes de las distintas medidas, recurriendo al apoyo de personal experto de los ministerios si es necesario, e informa a las partes. En esta fase hay un intenso contacto entre la CPB y los partidos políticos. En el siguiente paso, se calculan los efectos a corto y largo plazo de los paquetes de políticas sobre la economía, los ingresos y las finanzas públicas, usando un conjunto de modelos específicos. Estos resultados se publican simultáneamente, después de un control final con las partes involucradas. Obviamente, un ejercicio de esta magnitud requiere mucho tiempo (aproximadamente tres meses y medio) y mucha mano de obra.”

Para que este proceso obtenga resultados exitosos, deben cumplirse una serie de condiciones:

Teniendo en cuenta las propuestas descritas, parece evidente que someter a los programas electorales de los partidos a un proceso de evaluación económica, independiente y riguroso, tiene numerosas ventajas. En primer lugar, supone una “prueba del algodón” sobre el realismo de las propuestas presentadas, demasiado a menudo rayanas en la ensoñación o en las meras intenciones. Tal prueba exige mucho más trabajo, disciplina y profesionalidad en la confección de los programas por parte de las formaciones políticas, algo muy necesario en nuestro país. Además, el proceso facilita una comparación homogénea de los programas y de su impacto esperado, lo que sin duda mejora la información de los ciudadanos a la hora de elegir. Ello, a su vez, puede traducirse en una mayor credibilidad de los partidos. Finalmente, el resultado del proceso constituye un excelente marco de referencia para el partido o la coalición de partidos que van a gobernar.

No obstante, hemos de ser también consientes de las limitaciones de estos sistemas. Ante todo, su alcance es necesariamente restringido y no suponen una garantía de mejores políticas, puesto que éstas dependen de más factores que los puramente económicos. Pueden asimismo incentivar que los partidos presenten programas sesgados o especialmente diseñados para parecer económicamente más atractivos, iniciando un regateo de números y propuestas. El desconocimiento de estas limitaciones puede constreñir el debate político, especialmente si no existe un consenso fundamental en temas básicos, algo que en España resulta francamente complicado. En palabras de Wim Suyker, también del CBP:

“Es necesario que exista un consenso sobre cómo funciona la economía en términos generales. Si se está considerando un shock de gasto, es necesario que haya un consenso sobre que dicho shock fiscal expansivo tendrá un impacto positivo en el PIB en el corto plazo. También debe existir consenso sobre que los cambios en impuestos y cotizaciones de la seguridad social modificarán los incentivos para participar en el mercado de trabajo y que, por tanto, estarán influyendo en la oferta de trabajo y en el empleo a largo plazo, y que tales incentivos sobre la oferta de trabajo tendrán a su vez resultados mensurables.

El proceso se basa en una situación en la que no existen demasiados elementos con los que las partes no estén de acuerdo. Creo que en los diferentes partidos radica el dar y el recibir. Puede haber elementos que les gusten más que otros, pero deben aceptar las reglas del juego.”

Pese a las evidentes dificultades propias de nuestra idiosincrasia, nada parece impedir que en España podamos disfrutar de un sistema parecido. Además, tenemos la institución perfecta para ello: me refiero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), una de las contadas agencias independientes del Estado que funciona correctamente, con un bien ganado prestigio en sus pocos años de vida. La AIReF tiene por objeto “velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo”. Su misión declarada es “garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario y del endeudamiento público”. No se me ocurre ningún lugar mejor para iniciar un proyecto similar a los analizados, proyecto que sería recomendable desarrollar de manera escalonada, empezando con análisis limitados que podrían ir adquiriendo mayor envergadura con el tiempo.

Todos los ciudadanos tenemos derecho a disponer de una información transparente, veraz, razonada y comprensible sobre lo que pretenden hacer con nuestros impuestos quienes aspiran a dirigir los designios del país. En este sentido, realizar una auditoría pública de los programas económicos de los diferentes partidos, antes de cada proceso electoral, se nos antoja ya no una aspiración legítima, sino una necesidad. En el artículo de hoy hemos comprobado que es posible conseguirlo, si disponemos de la necesaria voluntad política y, por supuesto, de la exigencia ciudadana para ello.

Un ciudadano informado, con sentido crítico y capacidad de discernimiento, es un ciudadano más libre. Como escribió en su día Nicolás Copérnico, “para saber que sabemos lo que sabemos, y saber que no sabemos lo que no sabemos, hay que tener cierto conocimiento”.

Never surrender, queridos lectores