Los retos regulatorios de 'blockchain'

Blockhain está llamada a ser una tecnología clave que transforme industrias enteras, entre ellas la de los servicios financieros que, con toda probabilidad, serán muy diferentes a como los conocemos ahora. No obstante, lo que se conoce también como cadena de bloques está aún en una fase temprana de desarrollo.

De ahí que BBVA Research haya preparado el informe Blockchain in Financial Services: Regulatory Landscape and Future Challenges for its Commercial Application - en español, Blockchain y los servicios financieros: marco regulador y retos futuros para su aplicación comercial - donde Javier Sebastián, Digital Regulation Manager en BBVA, analiza los principales retos regulatorios a los que se enfrentará esta tecnología en los servicios financieros. Te contamos cuáles son algunos de ellos:

Los registros digitales compartidos - DLT, en sus siglas en inglés -, no están sujetos a una localización geográfica. La territorialidad constituye un problema en lo que a jurisdicción y ley a aplicar se refiere. Cada nodo de la red puede estar sujeto a una norma distinta y no existe una "parte central" responsable del registro digital, cuya nacionalidad podría servir como "ancla" para la regulación.

Se requiere un marco jurídico para el reconocimiento de blockchain como fuente de veracidad inmutable y a prueba de manipulación de toda la información almacenada en ella. Como paso previo, será necesaria una regulación armonizada acerca de la protección de datos y la definición de identidad en el caso de personas jurídicas.

Aunque hay un amplio consenso en la comunidad criptográfica acerca de la inmutabilidad práctica de los bloques en una cadena de bloques bien definida, aún falta un reconocimiento jurídico de esta característica. Hasta entonces, este argumento no puede utilizarse ante un tribunal.

La inmutabilidad de las cadenas de bloque "choca" con el derecho al olvido reconocido por la norma europea sobre protección de datos personales que garantiza que cualquier ciudadano europeo tiene derecho a que la información almacenada en registros o bases de datos externas, tanto en papel como en formato electrónico, sea eliminada si así lo desea.

La única solución para acomodar este derecho con la naturaleza de blockchain podría ser sustituir el derecho a la "eliminación" por el de "imposibilidad de uso" de información de carácter personal por parte de terceros. Esto podría lograrse mediante una combinación de encriptación automática de la información cuando se cumplan ciertas condiciones - que podría implicar el uso de un contrato inteligente - o soluciones alternativas para evitar el acceso a dicha información cuando un ciudadano decide ejercitar su derecho.

No solo se trata de reconocer que la información no puede modificarse, sino también de que la inclusión en la cadena de bloques de un documento que declara la propiedad o la existencia de un activo realmente prueba dicha propiedad o la existencia real de dicho activo.

Si el proceso de verificación antes de incluir los documentos en la cadena de bloques es suficientemente sólido y confiamos en la validez de las funciones criptográficas utilizadas en esta tecnología, entonces el reconocimiento de blockchain como fuente de confianza inmutable implica que la información que está dentro realmente puede utilizarse como prueba de existencia o propiedad. Al no haber jurisprudencia en este ámbito, desconocemos si un tribunal de un determinado país reconocerá esa veracidad.

Cuando se utiliza blockchain como plataforma para definir instrumentos financieros "nativos", como es el caso de bonos o derivados, es necesario un reconocimiento de la validez jurídica de dichos instrumentos financieros por parte de los reguladores y supervisores correspondientes. Un instrumento financiero fundamental emitido en la cadena de bloques sería el dinero, y éste emitido dentro de esta tecnología puede tener un gran impacto sobre las políticas monetarias y la macroeconomía que merece un análisis más profundo.

En los contratos inteligentes puede darse el caso de que las partes que lo firman puedan estar sujetas a distintas leyes en sus respectivas jurisdicciones. Así que estos contratos implican varias responsabilidades: no solo a las partes contratantes, sino también al creador del contrato - habitualmente alguna clase de codificador - y el que lo custodia.

Además de la posibilidad real de que una de las partes no cumpla el acuerdo, existe la circunstancia de que el contrato inteligente en sí mismo funcione de forma inadecuada debido a errores en la codificación o defectos de diseño. Si ello ocurre, ¿qué parte debe entonces responsabilizarse?

Uno de los usos más interesantes de blockchain es su aplicación a lo que conocemos como el internet de las cosas. En este ámbito todo tiene su propia identidad, por lo que resultaría realmente útil disponer de un registro común compartido para almacenar esa "identidad" y permitir que se efectúen transacciones entre ellas.

La idea de uno o varios "registros digitales compartidos" en este ámbito apenas está naciendo y requerirá la existencia de un marco jurídico en el que estos registros sean reconocidos como válidos.