De las instituciones y los incentivos al crecimiento económico y el desarrollo

A lo ojos de la historia, la década de 1750 es un punto de inflexión en la economía mundial. Desde entonces algo cambió drásticamente en el modo en que la misma creció y se desenvolvió. Fue aproximadamente en esos años cuando el mundo abandonó una etapa en donde las tasas de crecimiento poblacional acompañaron bis-a-bis aquellas del crecimiento en la producción, atadas por supuesto a los ciclos de la cosecha.

En otras palabras, antes de ese periodo cualquier crecimiento en la producción se complementó con un equivalente incremento en la población, haciendo imposible cualquier crecimiento en el PIB per cápita (p/c). El mundo, en promedio, vivía estancado en una economía de subsistencia. Este fenómeno alterado a partir de 1750 se lo conoce comúnmente con el nombre de "Equilibrio Malthusiano".

No obstante, lo que siguió a 1750 no fue un proceso homogéneo. El crecimiento más acelerado del producto en relación a la población se dio inicial y principalmente en Holanda y Gran Bretaña. Existieron grandes diferencias dentro y entre las distintas sociedades, regiones y (más adelante) los países. Gran parte del mundo permaneció en aquel “Equilibrio Malthusiano”.

A pesar de ello, podemos afirmar que desde 1750 en adelante (y más drásticamente a partir del siglo XIX) la tasa de crecimiento promedio de la producción se aceleró más que el crecimiento de la población. Esto es, ambas tasas se separaron y como consecuencia de ello, por primera vez en la historia, la humanidad experimentó un incremento promedio en la tasa de crecimiento del PIB p/c.

El PIB p/c es una de las variables más importantes en la ciencia económica. Tanto economistas como otros científicos sociales se han preguntado durante mucho tiempo cómo y por qué algunas economías tienen una mayor tasa de crecimiento del PIB p/c que otras. Durante años, la economía ha puesto la mayor parte de su esfuerzo y atención en la búsqueda de las claves del crecimiento económico entendido como el incremento del PIB p/c, creyendo que las bondades del mismo derramarían bienestar al resto de las variables socioeconómicas.

Sin embargo, después de bastas experiencias en las que políticas orientadas fundamentalmente a incrementar dicha variable no pudieron mejorar otros aspectos de la economía, en los años 1950-60's sobrevino la denominada “economía del desarrollo” con nuevas preguntas y nuevas variables.

Hoy en día, podemos afirmar que aun cuando el PIB p/c todavía está en el centro de la escena, otras variables como la desigualdad, la educación, la salud, etc.; deben ser abordadas con el mismo énfasis por economistas, políticos y científicos sociales. Como definieron Michael Todaro y Stephen Smith, "La economía del desarrollo tiene un mayor alcance" que la economía tradicional y la economía política.

Con el fin de lograr el tan anhelado objetivo del desarrollo, entendido ya no sólo como la transformación de una economía estancada al crecimiento o el traspaso de un estado de bajos ingresos a la condición de altos ingresos, sino también para superar los problemas de pobreza, acceso a la salud, educación, desigualdad, falta de capacidades, etc.; se han diseñado toda una serie teorías.

Éstas implican abordajes que van desde los factores geográficos y climatológicos, la tecnología y la innovación, la acumulación del capital, hasta enfoques en base a la relación poscolonial de dependencia, factores culturales, sociales, políticos, económicos, las instituciones, la democracia, entre muchos otros comúnmente tratados en la mayoría de los manuales o libros sobre desarrollo económico.

En las siguientes líneas, desarrollaremos sólo uno de estos múltiples factores, el institucional. Sin embargo, vale la pena señalar que el desarrollo económico no se obtiene por un único camino. No hay una sola variable que sea la panacea por sí misma. Muy probablemente será la mejor combinación de estas variables y las sinergias que generen mutuamente lo que podrá elevar a una nación al estado de desarrollo. Sin embargo, como veremos a continuación, el factor institucional es sin duda fundamental al momento de impulsar el desarrollo de las sociedades.

El término “institución” ha sido elaborado con conceptos diversos. A pesar de que algunos autores no hayan hablado explícitamente de estas, los académicos del institucionalismo han sabido descubrir y relacionar conceptos actuales con aquellos vigentes en pensadores clásicos como David Hume, Adam Smith o Karl Marx. A su vez, el pensamiento institucional (entendido en esta oportunidad como la ubicación de las instituciones en un lugar central de las explicaciones teóricas) ha influido tanto en la disciplina económica como en la sociología, las ciencias políticas, la historia, la psicología y el management.

Por estos motivos, una hoja de ruta sobre el desarrollo del “pensamiento institucional” se presenta como un mapa difuso y colmado de ramificaciones donde interactúan entre sí diversas disciplinas, corrientes o enfoques. Esta característica sin duda distorsiona y dificulta el tratamiento de un tema tan relevante volviéndolo ciertamente complejo.

A modo de síntesis, señalaremos dos enfoques para la variable institucional con sus principales referentes, ambos pertenecientes a la escuela denominada “Nueva Economía Institucional”. Por un lado, la Nueva Historia Económica Institucional donde Douglass North es un claro referente y por otro lado el enfoque desarrollado en profundidad por Oliver Williamson y sus sucesores (enfoque de costos de transacción). A su vez, podríamos decir que el enfoque de la Nueva Historia Económica Institucional ha estado más orientado en cuestiones mayormente macroeconómicas, mientras que aquel referido a los costos de transacción en la tradición de Coase y Williamson a otras cuestiones con enfoque principalmente microeconómico.

La tesis de North brinda una explicación económica respecto a la evolución de las naciones a través de la historia en base al componente institucional de las distintas sociedades y economías. Sus análisis históricos están básicamente centrados en términos de derechos de propiedad y costos de transacción. Según este enfoque, frente a los cambios en el entorno social (conocimiento tecnológico, cantidad de la población e ideologías) los agentes podrán percibir que en un nuevo marco institucional, su bienestar aumentaría. Este hecho generaría incentivos al cambio institucional o a una renegociación (o modificación) de las reglas vigentes. En esta línea, el marco institucional es aquel que permite reducir la incertidumbre presente en la percepción económica en pos de la eficiencia. Esta evolución institucional se dará por una lógica maximizadora de beneficios en base a los costos de transacción. Por este motivo las instituciones son un factor clave para la comprensión del cambio histórico.

En paralelo, el enfoque de Williamson y sucesores, en lugar de centrarse en la evolución histórica de las sociedades avanzó en desarrollar todo el aparato teórico y metodológico en torno al concepto de costos de transacción. El principal aporte específico de Williamson consistió en demarcar cómo las reglas de juego previas a la formalización de un contrato pueden verse alteradas una vez realizado el mismo. En este sentido, el aporte tiene en cuenta la imposibilidad de los agentes de adelantarse a las contingencias (costos) que el futuro puede suponer. Se trata de una teoría de contratos bajo condiciones de incertidumbre e información asimétrica. Por lo tanto, estos actores escogerán aquella “estructura de gobierno” (en palabras del propio Williamson, “reglas del juego” en términos de North) que mayor previsión y certidumbre pueda brindar a sus expectativas futuras. También destaca la importancia fundamental de la coerción al momento de minimizar la probabilidad de futuras distorsiones entre lo esperado ex-ante y lo efectivamente realizado ex-post a la realización de un contrato.

Como hemos visto, ambos enfoques vinculan los conceptos de derechos de propiedad, costos de transacción, incentivos e incertidumbre con las "reglas del juego" impuestas por las instituciones en las distintas sociedades o economías. A su vez, como se dijo inicialmente, el crecimiento económico se genera cuando se incrementa la producción a un ritmo mayor que la población. Según los autores, dicho crecimiento sólo es posible si los derechos de propiedad hacen que valga la pena emprender actividades productivas. De igual modo, esto sólo se realizará cuando las expectativas de ganancias privadas superen a los costos de transacción vigentes. Son los gobiernos y las instituciones quienes han de asumir la protección de dichos derechos de propiedad reduciendo los costos de transacción generados por la incertidumbre con el fin de promover la inversión, la innovación y el desarrollo de nuevas técnicas de producción.

El análisis institucional, entonces, se basa entre otras cuestiones en los conceptos de costos de transacción, derechos de propiedad privada e intelectual, incertidumbre, acción colectiva, etc. Las instituciones suponen la búsqueda de regularidad en la conducta o comportamiento de los agentes. Influyen de modo decisivo en los incentivos pues reducen la incertidumbre, los costos de transacción y facilitan la coordinación social. De este modo, las instituciones se transforman, al menos teóricamente, en una variable explicativa fundamental del crecimiento económico.

Joseph Schumpeter, a través de su concepto de “destrucción creativa”, demarcó como la innovación y el surgimiento de nuevas técnicas o bienes van reemplazando aquellos antiguos. En este proceso lo nuevo reemplaza a lo antiguo generando un desplazamiento de distintos sectores productivos dentro de los mercados (los antiguos pierden participación). A su vez, dicho desplazamiento podría generar un impacto negativo en variables socioeconómicas como el desempleo. Salteando dichas distorsiones, en el largo plazo, se generarán incentivos a innovar puesto que quien lo haga pasaría a participar en un mercado con una posición de privilegio (semi-monopólica). De sostenerse este proceso en el tiempo, la innovación constante generada por la estructura de incentivos impuesta en dicho marco institucional impactará en un aumento sostenido de la productividad impulsando así el crecimiento económico.

Pero, como hemos dicho, crecimiento no es lo mismo que desarrollo económico. Sin embargo, la utilización de incentivos generados por reglas impuestas a través de un marco institucional se condice perfectamente con los objetivos del desarrollo. Los mismos conceptos pueden impulsar a una sociedad a un equilibrio más igualitario, equitativo y con menos pobreza. En tal caso, es necesario que los incentivos impuestos a los agentes políticos, civiles y económicos a través de las instituciones les encaminen a dichos objetivos.

Los modelos de responsabilidad social empresaria, los fondos de inversión social o incluso las microfinanzas son solo algunos ejemplos de cómo los incentivos pueden conducir a los agentes no sólo al crecimiento económico mencionado por los autores, sino también al desarrollo. Es prioritario imponer dichos incentivos a través de instituciones privadas, pero fundamentalmente a través del Estado con el fin de influir en las normas y hábitos tanto formales como informales e incentivar a los agentes en pos del desarrollo igualitario.

Finalmente, compartimos un pensamiento que probablemente resume la relación entre las instituciones y el crecimiento y desarrollo económico. Expresado por William Easterly al citar las palabras de Steven Landsburg: "People respond to incentives, all the rest is commentary".