Ciudades: cambios urgentes a dos velocidades

Parece que vamos dejando atrás la inacción, los tiempos del diagnóstico y el análisis de escenarios para entrar en un momento de ejecución tangible de medidas y proyectos. Este sería un buen resumen de la percepción que se tiene desde diferentes estamentos y ópticas sobre la evolución de nuestras ciudades en la esfera mundial. Pero ¿porqué se respira esta sensación de avance?

Quizás la respuesta más inmediata sea referirnos al hecho de que el tiempo es, posiblemente, el recurso más limitado del que disponemos frente al cambio global, esa combinación de crisis ambiental, social y económica que arrastramos desde hace ya unas décadas y cuyo último coletazo ha sido la crisis financiera de 2008. Si el planeta padece desigualdades sociales cada vez más acentuadas, desequilibrios territoriales, escasez de recursos y graves efectos por el cambio climático, es en las ciudades donde se acentúan más estas situaciones críticas.

No obstante, el cambio tiene dos velocidades y las transformaciones que estamos viendo en muchas ciudades no dejan de pertenecer a la “primera velocidad”, la que sólo requiere, por ejemplo, retoques en los sistemas de transporte, actuaciones sencillas sobre la calidad del espacio público, revisiones sobre la gestión de los espacios verdes, refuerzo en los sistemas de limpieza, creación de canales de participación ciudadana… Luego hablaremos de la “segunda velocidad” del cambio.

A pesar de todo, parece que por fin tenemos no sólo una hoja de ruta definida, sino también decenas de ciudades que ya están actuando con un objetivo común: mejorar la calidad de vida de las personas generando entornos urbanos más sostenibles y habitables. Sobre la hoja de ruta, habría que señalar especialmente tres hitos claves. El primero es la aprobación en septiembre del pasado año de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Son 17 metas, de las cuales una, la once, está dedicada específicamente a las urbes: “alcanzar ciudades más sostenibles, inclusivas y resilientes”.

El segundo hito se produjo el pasado diciembre con la aprobación del Acuerdo de París en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21). Aunque con importantes lagunas, los Estados se comprometen a frenar y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar el calentamiento global y evitar así superar el aumento de dos grados en la temperatura. Muchos dicen que este acuerdo quedará en papel mojado y que ya llega tarde. Otros, sin embargo, ven cierta luz al final del túnel y consideran el acuerdo un hecho histórico, aun reconociendo que es sólo el primer paso de un largo camino que ha de terminar con la plena descarbonización de la economía mundial. Sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía calcula que la demanda de energía aumentará un 37% en 2040 y que ésta será cubierta mayoritariamente por combustibles fósiles (Asia incrementará su demanda muy por encima de esta cifra hasta llegar al 60%). Recordemos que las ciudades generan cerca del 70% de los gases de efecto invernadero y que consumen más del 60% de la energía a nivel mundial. Si no hay cambio de paradigma energético en las ciudades, difícilmente se podrán alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.

El tercer hito, el más importante para los entornos urbanos, se producirá a finales de octubre en la ciudad ecuatoriana de Quito. Es la Conferencia HABITAT III, la gran cita de Naciones Unidas para debatir sobre el futuro de las ciudades que se convoca cada 20 años (HABITAT II se celebró en Estambul en 1996 y, por ejemplo, el cambio climático no fue un tema “estrella”). No podemos obviar la contradicción inherente a las conferencias HABITAT, en las cuales se dibuja el futuro urbano, pero donde la voz cantante la llevan los Gobiernos nacionales, los Estados miembros de Naciones Unidas. Para solventar tal paradoja, Naciones Unidas abrirá las puertas de HABITAT III a la representación de las ciudades a través de sus redes internacionales (no de manera individual, por ejemplo Londres o Buenos Aires no estarán como tal en la conferencia y no defenderán sus intereses desde lo particular, algo que generaría tensiones entre los gobiernos locales y los nacionales). Así, las redes CGLU, UCCI o ICLEI, tendrán voz en la cumbre, y aunque el documento final de la llamada Nueva Agenda Urbana será ratificada por los Estados miembros, los gobiernos locales estarán (y han estado) muy presentes en todos los procesos para el diseño de tal documento (reuniones previas, temáticas, regionales, preconferencia…).

Con estos tres “mimbres”, más numerosas acciones y planes que están implementando las antes mencionadas redes internacionales de ciudades y entidades como la de Iniciativas para Ciudades Sostenibles (ICES) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la partida de los Fondos FEDER que la Comisión Europea está dedicando para las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI), se va a conformar un gran proyecto para la transformación urbana en los próximos 20 años.

Ya sabemos lo que hay que hacer, ahora sólo queda hacerlo. Antes hablábamos de las “dos velocidades” en este cambio urbano que vivimos, una percepción muy relacionada con las dos visiones, no tanto complementarias como opuestas, que representan los partidarios de un “cambio lento y progresivo”, por un lado, y quienes preferirían una transformación profunda de los sistemas urbanos basada en los procesos disruptivos, por otro. Es el mismo debate entre, por ejemplo, los que ven en los procesos de eficiencia energética urbana un avance necesario y los que optan por un cambio total del sistema energético. Otros, en fin, recuerdan el axioma de que no hay que buscar nuevas respuestas, porque lo que nos han cambiado son las preguntas.

Ejemplos de esta “primera velocidad” urbana que, sin transformar la esencia orgánica de la ciudad, hace más sostenibles sus flujos (transporte, residuos, agua, energía…) los hay muchos y buenos. La mayoría están encaminados a mejorar en poco tiempo la calidad de vida de las personas y a hacer más habitables las ciudades. Por ejemplo, según el último informe de percepción de calidad de vida urbana en las ciudades europeas (2015) las mejor valoradas por sus propios habitantes son aquellas que han trabajado los temas del transporte, la recuperación de la calidad del espacio público y la mejora de los entornos verdes. Se posicionan muy bien ciudades como Oslo, Zúrich o Aalborg. La alemana Rostock parece tener el “aire más respirable” y Viena es la que mejores capacidades culturales ofrece a sus habitantes. La más limpia es Luxemburgo y Burdeos la que mejor lucha contra el cambio climático. Esta última batalla es la que más está motivando importantes cambios urbanos de adaptación y de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (infraestructuras verdes, rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia energética, movilidad verde, etcétera).

Son destacables proyectos como el Programa de Saneamiento Ambiental de Quito para el acceso y saneamiento de agua potable; el Plan de Acción de Pasto (Colombia) que incluye mejoras de la movilidad y reducción de la desigualdad; Vancouver, con su programa GCAP para ser la ciudad más verde del mundo, o Estocolmo, que quiere ser una ciudad libre de vehículos contaminantes en 2040 (Hamburgo tiene un plan similar de cara a 2030). Las ciudades chinas de Nanjing, Suzhou y Changzhou tiene un potente programa para promover los vehículos movidos con energías limpias, y Copenhague, que es la ciudad con menos emisiones de C02, ha sido elegida por The Economist Inteligence Unit como la capital más sostenible de Europa. Caso a parte es el proyecto llevado a cabo en Seúl: donde antes había una autopista urbana por la que pasaban 160.000 coches diariamente, ahora vuelve a fluir el canal de agua de Cheonggyecheon entre riberas verdes y espacios peatonales.

Otras ciudades han optado por promover la compra pública verde desde sus administraciones locales, fomentando así las economías sostenibles y locales. Es el caso de las ciudades como Montreal (electrificación de su flota de vehículos municipales), Helsinki (objetivo del 10% de contratación verde para 2020) o Varsovia (proyecto de un sistema de calefacción distribuida en el centro de la ciudad y compra de autobuses eléctricos). A todo ello, habría que añadirle la aplicación generalizada en muchas ciudades de las nuevas tecnologías de la información para la mejora de la eficiencia y la calidad de los servicios públicos.

Pero si hablamos de una (y necesaria) “segunda velocidad” vemos que el tema se ralentiza (aun sin tener tiempo para afrontar la crisis sistémica). Y es lógico, porque serían cambios que afectarían a la propia estructura y funcionamiento integral de una ciudad, con necesarias medidas que, para empezar y por una cuestión de competencias, ni siquiera está en manos de los gobiernos locales poder llevarlas a cabo. Primer problema. ¿Quién decide cambiar una ciudad? Gobiernos nacionales, regionales y locales se distribuyen la mayoría de competencias sobre la ciudad, y no siempre existe coordinación entre las administraciones.

Además, estas decisiones suelen chocar frontalmente con los intereses del libre mercado, el escenario donde en la actualidad están creciendo la mayoría de urbes del mundo. Por ejemplo, una transformación radical incluiría una nueva gestión del suelo urbano y de las políticas de vivienda, basando más las decisiones en el interés general. Segundo problema. Frenos jurídicos y poderosos intereses económicos que hacen que las ciudades crezcan en muchas ocasiones bajo criterios especulativos y no tanto desde una planificación ordenada, esa que tanto se reclama desde los documentos previos a HABITAT III elaborados por las redes de ciudades y Naciones Unidas.

Todo ello, además de otras variables difíciles de cambiar, hace que las grandes y medianas ciudades (las que más están creciendo) no puedan combatir con las herramientas y capacidades adecuadas al alto nivel de exclusión social que padece buena parte de su población, los asentamiento informales, el apoyo a las economías locales, la retención del talento, el desarrollo cultural… Es sintomático que uno de los grandes debates abiertos sea el de las nuevas relaciones entre lo público y lo privado en la gestión de las ciudades, un escenario donde pocos dudan de la necesidad de contar con el ámbito privado pero donde también se promueve un espacio de relaciones de igualdad que prime las decisiones desde lo público. Y esto será imposible sin unos gobiernos locales fuertes, bien dotados presupuestariamente, consolidados, democráticos y transparentes.

No hay que olvidar que a estos problemas estructurales y de difícil resolución, al menos en el corto o medio plazo, hay que añadirle la obligada transformación que tenemos que acometer para convertir nuestras ciudades en espacios más resilientes frente a los efectos del cambio climático. Esta adaptación al nuevo panorama climático exige repensar la ciudad desde conceptos muy globales e innovadores, algo de lo que por desagracia contamos con pocos ejemplos reales, aunque podríamos mencionar como ejemplos puntuales la estrategia de drenajes verdes de Portland, los jardines de usos mixtos para la retención de agua en Roskilde (Dinamarca) o el gran parque inundable de Jinhua (China).

En ese sentido, sí es cierto que la gran mayoría de ciudades tiene aprobados estrategias de reducción de emisiones, aunque no siempre son planes que se acaban cumpliendo. Son destacables, por su seriedad y resultados paulatinos, las estrategias de reducción de Sidney (70% para 2030 sobre las emisiones de 2006) y de Londres (60% en 2025 respecto a las emisiones de 1990), además de los tres ganadores de los C40 Awards 2015: Ciudad del Cabo, por su programa de gestión del agua; Rotterdam, con su estrategia de adaptación, y Nueva York, gracias a su plan de reducción y mejora de los consumos energéticos.

Hemos recorrido apenas un pequeño tramo del camino, pero al menos parece que las ciudades del mundo están reaccionando a las demandas del cambio global. Está por ver si llegaremos a tiempo.