Pongamos fin a la guerra contra los niños

En este mes, hace 20 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas recibió un informe de la ex ministra de educación de Mozambique Graça Machel, que detallaba los efectos de los conflictos armados sobre los niños. En la documentación de un patrón de ataques sistemáticos e intencionales que incluían asesinatos, violaciones y reclutamiento forzado en grupos armados, Machel concluía: "Este es un espacio carente de los valores humanos más básicos... Hay pocos abismos más profundos a los que puede caer la humanidad".

Machel estaba equivocada: una generación más tarde, la humanidad se desploma aún más profundamente en la depravación moral. Los niños que viven en las zonas de conflicto son blanco de la violencia a una escala sin precedentes y el elaborado sistema de las disposiciones de la ONU sobre los derechos humanos, diseñado para protegerlos, es violado con impunidad.

En el 20.º aniversario del informe de Machel, la comunidad internacional debe trazar una línea y detener la guerra contra los niños.

Esa guerra asume diversas formas. En algunos casos, los niños son objetivos en la primera línea: las violaciones, los casamientos forzados, la esclavización y el rapto se han convertido en tácticas estándar para grupos como el Estado Islámico en Irak y Siria, Boko Haram al norte de Nigeria, y sus contrapartes en Afganistán, Pakistán y Somalia. Matar niños por asistir a la escuela se considera una estrategia militar legítima.

En otros casos, los niños sufren ataques tanto del sector estatal como de actores no estatales. En Sudán del Sur, desde la erupción del conflicto en 2013, las fuerzas del gobierno y rebeldes han asesinado, violado y reclutado niños en grupos armados. Los ataques son tan brutales, sistemáticos y generalizados que es muy probable que cuenten con autorización política del más alto nivel. Y, de hecho, según un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONUpublicado este año, las fuerzas del gobierno sursudanés han estado fuertemente implicadas en esas actividades, lo que podría explicar por qué nadie ha sido responsabilizado por el asesinato de 130 niños en el estado de Unity en mayo de 2015.

Los niños son daños colaterales derivados de la incesante erosión de las leyes y normas diseñadas para proteger a los civiles en las zonas de conflicto.

En Siria, los niños que viven en Alepo, Homs y otras ciudades han sido atacados con bombas de barril y gaseados por fuerzas gubernamentales, en abierto desafío al derecho internacional. La santidad de las escuelas y los centros de salud es letra muerta: más del 25 % de las escuelas en Siria han sido destruidas u obligadas a cerrar.

Los líderes políticos en Arabia Saudí claramente consideran que la convención de Ginebra, el pilar legal para la protección de los civiles, es irrelevante. En agosto de este año, un ataque aéreo de Arabia Saudí contra el suburbio de Saada, en Yemen, alcanzó a una escuela y mató a diez niños. Este fue tan solo uno de los episodios de una tendencia más amplia de ataques a escuelas, centros de salud y mercados. Durante el último año, la coalición liderada por los sauditas en Yemen ha atacado a cuatro instalaciones de salud apoyadas por la organización no gubernamental Médicos sin Fronteras.

La violencia actual contra los niños dista mucho de lo que imaginó Machel hace dos décadas. Siguiendo sus recomendaciones, en 1997 la Asamblea General estableció un representante especial para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, para que identificara e informara al secretario general del Consejo de Seguridad sobre las partes de conflictos responsables de violaciones atroces y sostenidas.

El representante especial monitorea seis tipos de violaciones a los derechos de los niños: asesinatos y mutilaciones, violencia sexual, reclutamiento militar, ataques a escuelas y centros de salud, secuestros y denegación del acceso a la asistencia humanitaria. Cada una de ellas está prohibida por el derecho internacional, incluida la Convención de Ginebra de 1949, que exige a las partes en un conflicto que protejan a los civiles y permitan el acceso a la atención humanitaria, y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el tratado más ampliamente ratificado del mundo sobre derechos humanos, que proporciona una lista integral de los derechos de los niños.

La violencia contra los niños no continúa debido a una falta de derechos, sino por lo que Eva Svoboda, del Overseas Development Institute describe como una crisis de cumplimiento. La comunidad internacional está fracasando a la hora de hacer cumplir las leyes, normas y reglas que definen los estándares civilizados. Para decirlo sin rodeos, matar, mutilar y aterrorizar a los niños es una actividad que no conlleva costo alguno.

La crisis de cumplimiento comienza en la cúpula del sistema de la ONU y se extiende a partir de allí, a través del Consejo de Seguridad hasta la Asamblea General y los gobiernos miembros.

Consideremos la campaña saudí en Yemen. Este año, Arabia Saudí fue incluida en la "lista de la vergüenza" del secretario general por bombardear blancos civiles yemeníes y matar niños. Para junio, sin embargo, había sido quitada de la lista después de un cabildeo intensivo por parte del gobierno saudí y sus aliados americanos y europeos dedicados a la provisión de armas. Independientemente de la intención de esos aliados, la señal que enviaron es clara: proteger a los lucrativos acuerdos de armas tiene precedencia sobre la protección de los derechos de los niños.

El interminable ciclo de informes sobre violaciones de los derechos de los niños corre el riesgo de convertirse en una pantomima. Aunque la Oficina del Representante Oficial ha realizado un excelente trabajo exponiendo los ataques a niños —y, en algunos casos, negociando la liberación de niños soldado— los castigos no se ajustan a los delitos.

Es hora de reafirmar los valores que sostienen las disposiciones sobre los derechos humanos de la ONU. La única forma de poner fin a la impunidad de los crímenes atroces contra los niños es hacer cumplir una rendición de cuentas genuina y llevar a los perpetradores ante la justicia.

Como mínimo, instituciones como el Tribunal Internacional de La Haya y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos debieran colaborar mucho más estrechamente con el representante especial de la ONU. Pero la escala del problema tan vasta y la cultura de la impunidad está tan profundamente arraigada que pueden ser necesarias iniciativas más audaces. Considerando el fracaso de las instituciones existentes, tal vez sea hora de establecer una nueva: un Tribunal Penal Internacional para los Niños, autorizado a investigar y enjuiciar a actores estatales y no estatales por crímenes de guerra contra niños.

Hemos permitido colectivamente que las leyes sobre los derechos humanos se conviertan en tigres de papel irrelevantes, pero si existe una causa que puede unir a un mundo dividido, es ciertamente la protección de los niños en las zonas de guerra.