Cómo América Latina puede ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Tanto la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, con sus 17 Objetivos[1], como el Acuerdo de París sobre el cambio climático, aprobados por la comunidad internacional en 2015, constituyen hitos que han mostrado claramente que los patrones dominantes de desarrollo resultan inviables desde el punto de vista de las tres dimensiones del desarrollo sostenible —económica, social y ambiental— y, por lo tanto, ponen en peligro el futuro de la humanidad.

Se pueden señalar tres grandes tendencias. La economía mundial sigue atrapada en un sesgo recesivo asociado a la contracción del crecimiento del producto y de los flujos comerciales, así como a un desacoplamiento creciente entre el sistema financiero y la economía real. El deterioro de los datos mundiales y nacionales de desigualdad plantea una grave amenaza para la cohesión social y política entre las distintas sociedades y en el interior de cada una de ellas. Finalmente, la degradación ambiental irreversible y los efectos del cambio climático han alcanzado niveles potencialmente desastrosos, con consecuencias directas para el planeta, tanto por la pérdida de biodiversidad y medios de subsistencia como por la generación de nuevos conflictos.

Además, estas tendencias tienen lugar en un mundo caracterizado por cambios tectónicos. La emergencia de China como potencia mundial está redefiniendo las estrategias internacionales en el ámbito económico y en el comercial, como muestran, por ejemplo, la negociación de acuerdos megarregionales y el impulso hacia la integración regional. La cuarta revolución industrial, que fue el tema principal de la reunión anual del Foro Económico Mundial celebrada a comienzos de 2016 en Davos (Suiza), requiere que los actores sociales aprovechen de manera conjunta el poder de la economía digital, la tecnología y los macrodatos, siendo conscientes del tremendo impacto que tendrán en el mundo del trabajo. La transición demográfica en curso, que implica un menor crecimiento demográfico, el rápido envejecimiento de la población y altas tasas de migración Sur-Norte, también está en el centro de la agenda política.

En este contexto, se puede decir que América Latina y el Caribe, una región formada en su mayor parte por países de renta media, se encuentra en una encrucijada. En el contexto de la actual desaceleración económica, la región debe tomar medidas urgentes para evitar la aparición de retrasos aún mayores con respecto a los países industrializados y a las partes más dinámicas del mundo en desarrollo en términos de crecimiento y productividad, al mismo tiempo que preserva los significativos logros sociales conseguidos durante el llamado superciclo de los productos básicos, que ha llegado a su fin.

Los países de la región han mostrado un grado extraordinario de compromiso con el desarrollo sostenible en su amplia participación en el proceso de formulación y aprobación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora, deben demostrar su capacidad de tomar la iniciativa en la puesta en práctica de esta visión. El nuevo documento de posición de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible, presentado y analizado con los encargados de tomar decisiones de la región en el trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL en mayo de 2016, ofrece elementos clave para definir estrategias orientadas a lograr un cambio estructural progresivo y centradas en un gran impulso ambiental hasta 2030.

Resulta evidente que, en esta labor, no pueden funcionar los enfoques inerciales (business as usual) y que el Estado, el sector privado y la sociedad civil deben desempeñar papeles fundamentales, tanto de forma individual como a través de nuevas alianzas, a nivel nacional, regional y mundial.

En el plano nacional, estos actores habrán de elaborar nuevos planes de diálogo intersectorial, con el fin de fortalecer la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus estrategias nacionales, territoriales y locales de desarrollo y en sus modelos de negocio y estrategias corporativas. En este sentido, los Gobiernos y las empresas deben adoptar una nueva modalidad de cooperación con vistas a desarrollar un enfoque de inversiones conjuntas orientado al futuro, que pueda promover las habilidades, la innovación y las tecnologías necesarias para poner en marcha el gran impulso ambiental propuesto por la CEPAL.

El quiebre actual del ciclo de inversiones debe afrontarse a través de nuevas carteras de inversión pública y privada, destinadas a la reducción de las brechas de infraestructura y de energía, así como a la utilización de patrones más limpios de producción y consumo, con objetivos de reducción de las emisiones de carbono. Esto supone fomentar los desarrollos institucionales público-privados y establecer nuevos marcos legales que garanticen un reparto equitativo del riesgo, tomando en cuenta la importancia de la política de competencia y de los incentivos de la política industrial. En un mundo en el que el riesgo de un estancamiento secular constituye una preocupación para los encargados de la formulación de políticas, es más necesario que nunca contar con políticas fiscales más activas, orientadas a la promoción de un crecimiento con bajas emisiones de carbono y pleno empleo.

La transición hacia sectores más intensivos en conocimiento con políticas industriales y tecnológicas que promuevan un gran impulso ambiental facilitará la diversificación productiva y creará oportunidades para integrar conocimientos, aumentar la inclusión social y proteger el medio ambiente. Como la región más urbanizada del mundo —ya que más del 80% de su población vive en ciudades—, el desarrollo urbano es clave para innovar en las áreas del transporte público, la gestión del tráfico de vehículos, el tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales y los edificios de bajo consumo de energía.

Los macrodatos constituyen otro ámbito fundamental, que ofrece amplias posibilidades de transformar la información privada en un bien público. La cantidad de datos generados por individuos a través de la tecnología y de Internet nunca ha sido tan grande. Esos datos se pueden utilizar de forma abierta para el bien común, como una herramienta para la toma de decisiones con un mayor grado de precisión, oportunidad y geovisualización, a la vez que se garantiza la protección del anonimato y la privacidad. Se trata de un área en la que las empresas, los gobiernos y la sociedad civil deben incrementar urgentemente su colaboración, aprovechando los estudios de experiencias exitosas, con vistas a monitorear el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Finalmente, es necesario reforzar las políticas laborales y de protección social, a través de nuevas alianzas público-privadas. Si bien los empleos de alta calidad siguen constituyendo la piedra angular de la igualdad, los nuevos modelos de negocio y el ritmo acelerado del desarrollo digital y tecnológico están reconfigurando el mercado laboral, la negociación colectiva y el papel de los sindicatos. En el futuro, muchos de los empleos se crearán en áreas que aún no existen. Para ajustarse a esta nueva realidad, el Estado, las empresas y el mundo académico deben repensar la creación de capacidades para satisfacer las nuevas demandas de educación, protección universal y una economía del cuidado que abarque toda la sociedad.

A pesar de los avances significativos en algunas zonas de la región, América Latina y el Caribe aún no ha logrado cerrar la brecha entre la retórica y la realidad en cuanto a la integración regional y subregional. Para conseguir esa meta, será necesario impulsar el comercio intrarregional, cuyas tasas todavía son significativamente inferiores a las de otras regiones, y fortalecer las cadenas regionales de valor de bienes y servicios ambientales, que no están suficientemente desarrolladas. Con esta finalidad, deberán reforzarse las redes regionales de seguridad financiera, así como el papel de los bancos de desarrollo y del sistema de pagos compensados.

Finalmente, los países deberían esforzarse por incrementar su colaboración para controlar los flujos ilícitos de capital y aplicar normas comunes de tipo fiscal, social y ambiental, con el objetivo de atraer una inversión extranjera directa de alta calidad, sin competencia predatoria, y así evitar una convergencia a la baja (race to the bottom). En una época de procesos megarregionales de fabricación impulsados por la innovación, la región debería considerar la posibilidad de crear un mercado común digital, con normas de propiedad intelectual que favorezcan la transferencia de tecnología y un fondo para la compra y licenciamiento de patentes, que constituyen activos esenciales en una economía del conocimiento.