Un nuevo acuerdo para Grecia

Tres meses de negociaciones entre el gobierno griego y nuestros socios europeos e internacionales produjeron grandes coincidencias sobre las medidas necesarias para dejar atrás años de crisis económica y generar una recuperación sostenida en Grecia. Pero todavía no produjeron un acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué hace falta para lograr una agenda de reformas viable y mutuamente convenida?

Los griegos y nuestros socios ya coincidimos en muchas cosas. El sistema impositivo de Grecia necesita una remodelación, y hay que independizar a las autoridades fiscales de influencias políticas y corporativas. El sistema de pensiones está enfermo. Se han cortado los circuitos crediticios de la economía. El mercado laboral fue devastado por la crisis y está profundamente segmentado, y el crecimiento de la productividad se estancó. Se necesita una modernización urgente de la administración pública y un uso más eficiente de los recursos públicos. Hay grandes trabas a la creación de nuevas empresas. La competencia en los mercados de productos es deficiente. Y los niveles escandalosos de desigualdad a los que se llegó impiden la unión de la sociedad en pos de las reformas esenciales.

Pero más allá de este consenso, quedan todavía dos obstáculos por superar para acordar un nuevo modelo de desarrollo para Grecia. En primer lugar, debemos coincidir en el modo de encarar la consolidación fiscal. En segundo lugar, necesitamos una agenda de reformas integral y compartida que posibilite esa trayectoria de consolidación e inspire confianza en la sociedad griega.

Por el lado de la consolidación fiscal, la cuestión inmediata es el método. La “troika” de instituciones (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) usan hace tiempo un método de inducción regresiva: ponen una fecha (por ejemplo, el año 2020) y un objetivo para el cociente deuda nominal/PIB (por ejemplo, 120%) que se considera prerrequisito para que Grecia pueda endeudarse en los mercados de divisas a tasas razonables. Después, calculan el superávit primario que se necesitará cada año, retrocediendo desde el plazo fijado hasta el presente, bajo supuestos arbitrarios respecto de los índices de crecimiento, la inflación, la recaudación de las privatizaciones, etcétera.

Nuestro gobierno considera que este método da lugar a una “trampa de austeridad”. Convertir la consolidación fiscal en la necesidad de alcanzar un cociente de deuda predeterminado en una fecha futura predeterminada implica buscar superávits primarios cuyo efecto sobre el sector privado impedirá lograr los índices de crecimiento presupuestos y, por lo tanto, seguir la trayectoria fiscal planeada. Es esta, precisamente, la razón del fracaso estrepitoso de los planes de consolidación fiscal ya aplicados en Grecia.

La posición de nuestro gobierno es que hay que abandonar el método de inducción regresiva. En cambio, debemos trazar un plan prospectivo basado en supuestos razonables sobre superávits primarios que serán compatibles con las tasas de crecimiento de la producción, las cifras de inversión neta y el aumento de las exportaciones necesarios para estabilizar la economía de Grecia y su cociente de deuda. Si esto implica que en 2020 la relación deuda/PIB será mayor que 120%, entonces se idearán formas de racionalizar, reperfilar o reestructurar la deuda, teniendo siempre presente el objetivo de maximizar el valor actual efectivo devuelto a los acreedores.

Además de convencer a la troika de que el análisis de endeudamiento sostenible debe evitar la trampa de austeridad, el segundo obstáculo por superar es la “trampa de las reformas”. El programa de reformas anterior (que nuestros socios insisten en defender contra nuestra decisión de revertirlo) se basaba en devaluación interna, reducción salarial y de las pensiones, pérdida de protecciones laborales y privatización de activos públicos a precios máximos.

Nuestros socios creen que con el tiempo funcionará. A una mayor caída de los salarios le seguirá un aumento del nivel de empleo. La reducción de las pensiones será la cura para un sistema de pensiones enfermo. Y privatizar los activos públicos a precios más altos permitirá el pago de una deuda que muchos (en privado) consideran insostenible.

En cambio, nuestro gobierno cree que este programa fracasó y dejó a la población cansada de reformas. La mejor prueba de su fracaso es que, a pesar de una inmensa caída de salarios y costos, el crecimiento de las exportaciones se amesetó (la eliminación del déficit de cuenta corriente se debe exclusivamente al derrumbe de las importaciones).

Seguir con los recortes salariales no ayudará a las empresas exportadoras, que están atrapadas en la falta de crédito. Y seguir reduciendo las pensiones no resolverá la causa real de los problemas del sistema jubilatorio (bajo nivel de empleo y altos niveles de empleo no declarado). El único resultado de esas medidas sería dañar todavía más el ya tensionado tejido social de Grecia e imposibilitarlo de ofrecer el apoyo que nuestra agenda de reformas necesita con urgencia.

Los desacuerdos actuales con nuestros socios no son insuperables. Nuestro gobierno está decidido a racionalizar el sistema de pensiones (por ejemplo, limitando el retiro anticipado), avanzar con la privatización parcial de activos públicos, encarar el problema de los préstamos incobrables que traban los circuitos crediticios de la economía, crear una comisión tributaria totalmente independiente y alentar la creación de empresas. Las diferencias que subsisten tienen que ver con la forma de entender la relación entre las diversas reformas y el entorno macro.

No quiere decir que no podamos llegar a un acuerdo en poco tiempo. El gobierno griego quiere una trayectoria de consolidación fiscal razonable y reformas sobre cuya importancia todos estemos de acuerdo. Es nuestra tarea convencer a nuestros socios de que buscamos objetivos estratégicos, no tácticos, y de que nuestro razonamiento es válido. La tarea de ellos es renunciar a una metodología que fracasó.

Con la colaboración de Project Syndicate