Una deuda y un juicio justo

En julio pasado, cuando el juez federal de Estados Unidos Thomas Griesa dictaminó que Argentina tenía que pagar el total, sin ningún descuento, a los llamados fondos buitres, que habían comprado su deuda soberana a precios extremadamente bajos, el país se vio obligado a suspender sus pagos, es decir a entrar en una “moratoria a la Griesa”. La decisión tuvo repercusiones a lo largo y ancho, afectando a los bonos emitidos en distintas jurisdicciones, lo que sugiere que los tribunales estadounidenses tuviesen dominio sobre contratos celebrados en otros países.

Desde aquel momento, abogados y economistas han tratado de desentrañar las desconcertantes implicaciones de la decisión de Griesa. ¿Se extiende realmente la autoridad de los tribunales de Estados Unidos más allá de las fronteras estadounidenses?

Ahora, un tribunal del Reino Unido por fin ha arrojado algo de luz sobre este problema, dicho tribunal dictaminó que los pagos de intereses que debe realizar la Argentina sobre los bonos emitidos de conformidad con la legislación del Reino Unido se encuentran bajo la autoridad de la legislación británica, y no bajo la autoridad de las resoluciones judiciales estadounidenses. La decisión – un bienvenido descanso de una serie de decisiones de jueces estadounidenses que no parecen entender las complejidades de los mercados financieros mundiales – transmite algunos mensajes importantes.

En primer lugar, el hecho de que las negociaciones de la deuda argentina fueron tramitadas bajo la supremacía de un tribunal estadounidense – que luego fue contradicha por un tribunal británico – es un claro recordatorio de que las soluciones a las crisis de la deuda soberana que se fundamentan en el mercado tienen una alta probabilidad de causar caos. Antes de que sobrevenga la moratoria a la Griesa, con frecuencia se asumía erróneamente que las soluciones a los problemas de repago de las deudas soberanas podrían alcanzarse a través de negociaciones descentralizadas, sin tener un marco legal sólido. Incluso después de la mencionada moratoria, la comunidad financiera y el Fondo Monetario Internacional esperaban establecer un poco de orden en los mercados de bonos soberanos simplemente al hacer ajustes en los contratos de deuda, en particular en los términos de las llamadas cláusulas de acción colectiva (que hacen que una propuesta de reestructuración aprobada por un súper mayoría sea vinculante para todos los acreedores).

Sin embargo, modificaciones simples como ser enmiendas contractuales no lograrán que se superen las deficiencias del sistema. Debido a que existen múltiples deudas en distintas jurisdicciones, mismas que están sujetas a un raudal de leyes, que en ocasiones son contradictorias entre sí, tener una fórmula básica para la adición de los votos de los acreedores – que es el abordaje promovido por los partidarios de un enfoque basado en el mercado – haría poco por resolver problemas de negociación complicados. Dicha fórmula básica tampoco establecería los tipos de cambio a utilizarse para valorar la deuda emitida en distintas monedas. Si se dejan estos problemas para que sean los mercados los que los aborden, será el poder de negociación puro, y no los criterios de eficiencia o equidad, el que determinará las soluciones.

Las consecuencias de estas deficiencias no son meros inconvenientes. Los retrasos en la conclusión de las reestructuraciones de las deudas pueden hacer que las recesiones económicas sean más profundas y persistentes, tal como el caso de Grecia ilustra.

Esto nos lleva a la segunda lección de la sentencia británica. Ya que lo que está en juego es de tan alto valor y el sistema es tan deficiente, los mercados de deuda tienen pocas razones para permanecer en EE.UU. Este país siempre se ha enorgullecido de la fortaleza de su “estado de derecho”, una ventaja que ha hecho que Wall Street sea la sede del mercado de deuda soberana más grande del mundo. Pero la sentencia dictada por Griesa, que se fundamenta en una interpretación peculiar – y en nuestra opinión, insostenible – de ciertos términos en el contrato de Argentina, mostró que los intereses comerciales estadounidenses pueden dominar las decisiones de sus tribunales.

El alardeado estado de derecho estadounidense ya no luce tan robusto. Contra toda lógica, protege a los fuertes en contra de los débiles. La moratoria a la Griesa es sólo la última de muchas decisiones y cambios legales que han revelado lo que uno podría denominar como un síntoma de “la corrupción al estilo estadounidense”, en la que el cabildeo y las contribuciones a las campañas electorales comprometen a todo el sistema, incluso cuando ningún funcionario de manera individual acepta algún tipo de soborno. Estados Unidos actuaría de manera prudente si reaccionaría antes de que el mercado de deuda soberana migre de Nueva York.

China debe estar preparada para hacerse cargo y relevar a EE.UU. Los ahorros de China superan con creces los de EE.UU., y China se esfuerzan por convertir a Shanghai en un centro financiero mundial. Esa ambición se ha vuelto más asequible si se consideran los daños causados a la credibilidad del sistema estadounidense a raíz de la crisis financiera del año 2008. No obstante, si Shanghai va a surgir como líder en los mercados de la deuda soberana, China debe estar consciente de las deficiencias de los marcos legales en otros lugares, y debe diseñar una alternativa más eficiente y equitativa.

El mensaje final y principal de la decisión del tribunal británico es uno que todos los países deberían tener en cuenta. Hay una necesidad urgente de renovar los esfuerzos de las Naciones Unidas dirigidos a crear un marco legal multinacional para la reestructuración de la deuda soberana. A pesar de que Estados Unidos está tratando de socavar dichos esfuerzos, la sentencia británica nos recuerda que los jueces de Estados Unidos no son los jueces del mundo.

Puede que esta última revelación no cause felicidad en Wall Street; sin embargo, para los muchos países alrededor de todo el mundo que dependen de la deuda soberana, es en verdad una muy buena noticia.

Con la colaboración de Project Syndicate.

Autores: Joseph E. Stiglitz ha sido galardonado con el Premio Nobel en economía y es profesor en Columbia University. Martin Guzman es investigador en el posgrado en el Departmento de Economía y Finanzas de la Escuela de Negocios de Columbia University.  

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