La financiación de la seguridad climática

El objeto del sistema financiero mundial es el de asignar los ahorros del mundo a sus utilizaciones más productivas. Cuando el sistema funciona adecuadamente, se canalizan dichos ahorros en inversiones que aumentan el nivel de vida; cuando no funciona bien, como en los últimos años, se canalizan los ahorros en burbujas inmobiliarias y proyectos medioambientalmente perjudiciales, incluidos los que exacerban el cambio climático inducido por el hombre.

El año 2015 será un punto de inflexión en el empeño de crear un sistema financiero mundial que contribuya a la seguridad climática en lugar de a la ruina climática. En julio, los gobiernos del mundo se reunirán en Addis Abeba a fin de acordar un nuevo marco para la financiación mundial.

El objetivo de la reunión será el de facilitar un sistema financiero que apoye el desarrollo sostenible, lo que quiere decir un crecimiento económico que no sea socialmente excluyente y sí medioambientalmente racional. Cinco meses después, los gobiernos del mundo firmarán en París un nuevo acuerdo mundial para luchar contra el cambio climático inducido por el hombre y canalizar fondos en la energía inocua para el clima, partiendo de los avances logrados este mes en las negociaciones celebradas en Lima (Perú). También allí la financiación cobrará gran importancia.

Los principios básicos están claros. La seguridad climática requiere que todos los países substituyan sus sistemas energéticos basados en el carbón, el petróleo y el gas por otros eólicos, solares, geotérmicos y de otra índole que entrañen escasas emisiones de carbono. También debemos probar la viabilidad de la captura y el secuestro del carbono en gran escala, que podría permitir la utilización inocua y a largo plazo de al menos algunos combustibles fósiles. En cambio, el sistema financiero mundial ha seguido aportando centenares de miles de millones de dólares al año a la exploración y el desarrollo de nuevas reservas de combustibles fósiles, al tiempo que destina muy poco a la captura y el secuestro del carbono.

Muchas inversiones en nuevas reservas de combustibles fósiles perderán dinero –grandes cantidades de él– por la reciente bajada de los precios del petróleo y muchas de las reservas de combustibles fósiles que las empresas están desarrollando actualmente  quedarán tarde o temprano “varadas” (mantenidas en el subsuelo) como parte de las nuevas políticas climáticas mundiales. La realidad es, sencillamente, que el mundo tiene muchos más recursos de combustibles fósiles que los que se pueden quemar de forma inocua, en vista de las manifestaciones del cambio climático inducido por el hombre.

Aunque las señales del mercado aún no son demasiado claras, los inversores que han tenido más éxito este año han sido los que han vendido sus acciones correspondientes a combustibles fósiles, con lo que se han librado del hundimiento de los precios del petróleo. Tal vez hayan tenido suerte simplemente este año, pero su decisión de desinvertir es acertada a largo plazo, porque se adelanta correctamente al futuro cambio normativo de abandono de los combustibles fósiles y su substitución por energía con escasas emisiones de carbono

Varios importantes fondos de pensiones y fundaciones de los Estados Unidos y de Europa han adoptado esa iniciativa recientemente. Han hecho caso a las palabras del ex director gerente de la gigantesca empresa petrolera BP, Lord Browne, quien  recientemente observó que el cambio climático representa una “amenaza existencial” para la industria petrolera.

Ahora otros gobiernos del mundo están introduciendo la fijación de los precios del carbono para reflejar los elevados costos sociales inherentes a una utilización continua de los combustibles fósiles. Cada tonelada de dióxido de carbono emitido a la atmósfera por la quema de carbón, petróleo o gas contribuye al calentamiento planetario mundial a largo plazo y, por tanto, a los costos a largo plazo que recaerán sobre la sociedad en forma de sequías, inundaciones, olas de calor, tormentas extremas y aumento de los niveles del mar. Si bien no se pueden predecir con precisión dichos costos futuros, los costos sociales actuales de cada tonelada de CO2 añadida a la atmósfera ascienden, según cálculos recientes, a entre 10 y 100 dólares y el Gobierno de los Estados Unidos ha optado por un cálculo mediano de unos 40 dólares por tonelada para orientar la reglamentación de la energía.

Algunos países, como Noruega y Suecia, hace mucho que introdujeron un impuesto a las emisiones de CO2 para reflejar un costo social de 100 dólares por tonelada o incluso mayor. Muchas empresas privadas, incluidas las petroleras mayores, han introducido también recientemente una contabilidad interna del costo de las emisiones de carbono para orientar sus decisiones en materia de inversiones en combustibles fósiles, lo que les permite adelantarse a las consecuencias financieras de las futuras reglamentaciones y fiscalidad estatales.

A medida que otros países y empresas introduzcan la fijación de precios correspondientes al carbono, la contabilidad interna del costo de las emisiones de carbono aumentará, las inversiones en combustibles fósiles resultarán menos atractivas y las inversiones en sistemas energéticos con escasas emisiones de carbono resultarán más interesantes. Las señales aparecidas en el mercado de la fiscalidad del CO2 (o el costo de los permisos de emisión de CO2) ayudarán a los inversores y gestores de fondos a prescindir de nuevas inversiones en combustibles fósiles. Los impuestos al carbono ofrecen también a los gobiernos una fuente decisiva de ingresos para las inversiones futuras en energía con escasas emisiones de carbono.

Al haber bajado los precios internacionales del petróleo –nada menos que 40 dólares por barril desde el pasado verano–, éste es un momento ideal para que los gobiernos introduzcan la fijación de precios del carbono. En lugar de dejar que el precio al consumo de petróleo baje en la misma medida, los gobiernos deben establecer en su lugar un impuesto al carbono.

Los consumidores seguirán ganando igualmente. Como cada barril de petróleo emite 0,3 toneladas, aproximadamente, de CO2, un impuesto al carbono de 40 dólares –pongamos por caso– por tonelada de CO2, entraña un impuesto al petróleo de tan sólo doce dólares por barril y, como los precios del petróleo han bajado más del triple del impuesto, los consumidores seguirían  pagando mucho menos que hace unos meses.

Además, unos nuevos ingresos procedentes de los impuestos al carbono serían una bendición para los gobiernos. Los países con renta elevada han prometido ayudar a los países con renta baja a invertir en seguridad climática, tanto desde el punto de vista de la energía con escasas emisiones de carbono como desde el de la capacidad de resistencia contra las crisis climáticas. En concreto, han prometido 100.000 millones al año en financiación relacionada con el clima a partir de 2020, frente a los entre 25.000 y 30.000 millones de dólares en este año. Los nuevos ingresos procedentes de un impuesto al CO2 brindarían una forma ideal de cumplir esa promesa.

El cálculo es sencillo. En este año, los países de renta elevada han emitido unos 18.000 millones de toneladas de CO2: la mitad, aproximadamente, de todas las emisiones mundiales. Si esos países asignaran tan sólo dos dólares por tonelada de CO2 para las organizaciones de financiación mundial como el nuevo Fondo Verde para el Clima y los bancos de desarrollo regionales, transferirían unos 36.000 millones de dólares al año. Utilizando parte de ese dinero para movilizar la financiación del sector privado, se podrían conseguir los 100.000 millones completos de financiación climática.

Tanto las grandes empresas petroleras como las grandes financieras han cometido errores graves en los últimos años, al canalizar fondos en inversiones socialmente destructivas. En 2015, esos dos potentes sectores y el mundo en conjunto pueden empezar a enderezar la situación. Tenemos a nuestro alcance la creación de un nuevo sistema mundial que dirija los ahorros a donde son urgentemente necesarios: el desarrollo sostenible y la seguridad climática, para nosotros y para las generaciones futuras.

En colaboración con Project Syndicate.

Autor: Jeffrey D. Sachs es profesor de Desarrollo Sostenible, profesor de Políticas y Gestión de Salud y director del Earth Institute en la Universidad de Columbia.

Imagen: REUTERS/Heinz-Peter Bader