¿Puede América Latina restaurar su estado de derecho?

La mayoría de los países latinoamericanos se enfrentan a persistentes debilidades y fallas recurrentes de sus infraestructuras institucionales. El repetido desbordamiento del Río Bogotá ilustra la naturaleza cíclica y en expansión de dichas debilidades y de su devastador impacto socioeconómico.

El río se desborda una vez cada pocos años, e inunda grandes porciones de áreas semirurales en torno a la ciudad, lo cual ocasiona grandes pérdidas económicas. Cada vez que esto pasa, los terratenientes construyen muros para proteger sus tierras contra daños futuros. Con cada inundación, los muros desvían el agua hacia áreas vecinas cuyos dueños construyen sus propios muros. Es un patrón que parece una carrera de armas-muro contra la inundación.

El instinto de proteger nuestras tierras a expensas de los demás representa tres problemas. El primero es que los muros no resuelven el problema, simplemente lo desplazan. El segundo es que el costo cumulativo de esta solución parche es probablemente más alto que la solución permanente de dragar el río. Por último, los muros tienen un efecto regresivo; los terratenientes más adinerados pueden construir muros más altos, y cada inundación trae consigo pérdidas económicas mayores a los agricultores más pequeños y que ya están en desventaja.

Esta historia ilustra por qué, en América Latina, combatir las fallas institucionales por medio de una acción coordinada es tan difícil. En lugar de dragar el río (o atender las causas que originan la violencia y la corrupción), construimos vallas (o contratamos agentes de seguridad para que protejan nuestros hogares). No obstante, como el agua, el crimen fluye alrededor de las vallas y nunca resolvemos el problema.

Lo mismo puede decirse de la descomposición generalizada de los sistemas judiciales a lo largo de la región y de la interminable guerra contra el narcotráfico. La nuestra es una región de reformas cosméticas e incompletas, las cuales cuidadosamente evitan atacar los problemas estructurales. ¿Así que cómo podemos escapar de este ciclo vicioso? A largo plazo, la solución requiere un cambio colectivo en la manera que entendemos la sociedad y nuestro papel en ella. Esa transformación profunda sólo puede alcanzarse por medio de la educación.

En nuestro artículo titulado “Educación, quejas y rendición de cuentas”, publicado por el Journal of Law and Economics, Alejandro Ponce, Andrei Shleifer y yo proponemos que los países mejor educados tienen gobiernos que desempeñan un mejor papel en el rendición de cuentas, gracias a mecanismos eficaces para que la ciudadanía exprese sus opiniones. Debemos comenzar a enfatizar a nuestros hijos que somos partícipes del estado de derecho y que, a final de cuentas, hacer las cosas por las vías legítimas es mejor que tomar atajos para obtener beneficios personales a expensas de otros.

Por supuesto que también se pueden emprender acciones a corto plazo. El primer paso es evaluar el problema en sus verdaderas dimensiones, lo cual requiere una medida objetiva e imparcial. El 5 de marzo el Proyecto para la Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en inglés), del cual soy director ejecutivo, dio a conocer el Índice WPJ 2014 del Estado de Derecho. El informe se basa en más de 100.000 hogares y 2.400 encuestas expertas para medir cómo se experimenta la ley en la vida cotidiana de los/as ciudadanos/as alrededor del mundo. Los hallazgos muestran señales positivas: en la región de América Latina y el Caribe, la protección a los derechos fundamentales y la apertura del gobierno son más sólidas que en cualquier otro lugar, excepto Europa occidental y Norteamérica.

También encontramos graves retos: los países latinoamericanos son los que sufren más de violencia, corrupción y una justicia ineficaz. Los índices de crimen son los más altos del mundo y el uso de violencia para resolver reclamos personales está generalizado. En promedio, los sistemas criminales de justicia de la región son los menos eficientes del mundo. Los retrasos judiciales y la aplicación ineficaz de justicia civil están también generalizados. La corrupción y la impunidad siguen siendo grandes retos, sobre todo entre los cuerpos legislativos.

WJP mide el estado de derecho para proporcionar una base independiente y objetiva a múltiples actores para que puedan mejorarlo. Se dispone de información detallada y desglosada por género acerca de múltiples dimensiones del derecho de estado de la mayoría de los países de la región. Por ejemplo, mientras que el 72% de los mexicanos dicen poder expresar libremente sus opiniones en contra del gobierno, más del 60% de los hogares del país reportan haber sobornado a algún policía en los últimos tres años. Los gobiernos y actores privados deberían de usar información oportuna e imparcial para fijar objetivos de referencia, estimular y guiar reformas y supervisar el progreso.

En el caso de América Latina, la información sugiere que deberíamos volver a lo esencial: en lugar de depender de soluciones temporales, como construir vallas más altas y comprar vehículos blindados (las cuales son soluciones cumulativamente más caras, tienen un efecto regresivo en la sociedad y a final de cuentas no resuelven el problema), todas las secciones de la sociedad deben comprometerse a realizar un esfuerzo colectivo mayor para ayudar a limpiar y revitalizar las instituciones básicas del estado.

Un ejemplo sería movilizar los recursos para garantizar que los policías en las calles reciban capacitación y remuneración adecuadas y que se les pueda exigir una rendición de cuentas en casos de mala conducta. En América Latina, donde las desigualdades de ingresos están entre las más altas del mundo, las compañías privadas y las personas adineradas deberían de asumir el liderazgo.

Autor: Juan Carlos Botero, vice-presidente del Consejo de la Agenda Global del Foro Económico Mundial para el Estado de Derecho.

Imagen: REUTERS/Ricardo Moraes