• COVID-19 ha erosionado el acceso a los servicios de salud, escribe Anatole Manzi, profesor adjunto de la Universidad de Equidad en Salud Global de Ruanda.
  • Los países deben actuar ahora para asegurar la continuidad de los servicios de salud esenciales para evitar un mayor número de muertes por otras enfermedades.

La provisión de atención médica en casi todos los países se vio alterada por el error inicial de las autoridades de suponer que los sistemas sanitarios ganarían pronto la lucha contra la COVID‑19. El incremento diario de contagios y muertes impone a menudo pausas o retrocesos en el arduo progreso que se había logrado en minimizar el impacto de otras enfermedades como la diabetes o la malaria.

Al inicio de la pandemia, funcionarios y autoridades sanitarias consideraron que se podía tolerar una interrupción relativamente breve de los servicios de salud esenciales, pero ya es evidente que la COVID‑19 durará mucho más de lo previsto. Ningún país puede seguir posponiendo la provisión de servicios sanitarios cruciales. Si no se toman medidas inmediatas para garantizar la continuidad de esos servicios, las cifras futuras de muertes por enfermedades transmisibles y no transmisibles serán inaceptables.

La Fundación Bill y Melinda Gates publicó hace poco una dura evaluación del costo mundial de la COVID‑19, donde informa que en 25 semanas, el mundo retrocedió unos 25 años en cobertura de vacunación, que es un buen indicador del funcionamiento general de los sistemas sanitarios. Es urgente asegurar que los servicios de salud esenciales no queden postergados.

Esto demandará financiación exclusiva, estrategias innovadoras y servicios descentralizados para llegar a las comunidades más pobres y enfermas del mundo. Las autoridades deben reasignar partidas de los presupuestos nacionales y suscribir acuerdos de asociación con inversores privados, para reunir los recursos necesarios. También es crucial la creación de fondos solidarios nacionales e internacionales (similares al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria) ya que pueden ayudar a los países y a las instituciones multilaterales a mantener la continuidad de los servicios de salud esenciales y así fortalecer los sistemas sanitarios y las economías nacionales en el largo plazo.

Ya antes de la pandemia se calculaba que al menos la mitad de la población mundial de 7800 millones de personas carecía de acceso a servicios de salud esenciales. Enfermedades evitables o tratables provocan cada año la muerte de seis millones de niños y adolescentes y de 2,8 millones de embarazadas y recién nacidos. La COVID‑19 incrementó estas cifras y empeoró el acceso a la atención médica.

Los expertos en salud mundial siempre supieron que una emergencia prolongada provocaría grandes trastornos en los servicios sanitarios. En 2018, la Organización Mundial de la Salud definió un paquete esencial de servicios que deberían brindarse sin costo para los usuarios durante una crisis extendida, entre ellos la atención médica maternoinfantil y el tratamiento referido a enfermedades transmisibles y no transmisibles, salud mental y enfermedades tropicales desatendidas.

Pero la provisión del paquete mencionado enfrenta diversas dificultades, comenzando por un considerable retroceso en el tratamiento de las enfermedades no transmisibles. En una encuesta de la OMS a 155 países, el 53% informó una interrupción parcial o total de los servicios terapéuticos para la hipertensión, el 49% para la diabetes, el 42% para el cáncer, y el 31% para las emergencias cardiovasculares.

La detección y el tratamiento del VIH y la tuberculosis no están exentos. En Sudáfrica, uno de los países más afectados por ambas enfermedades, la falta de pruebas para la tuberculosis durante la cuarentena redujo un 33% los diagnósticos. También disminuyó la cantidad de pacientes con tuberculosis o VIH que retiran los medicamentos según el cronograma; el incumplimiento de los protocolos llevará en última instancia a más resistencia a fármacos, fracaso terapéutico y aumento de los costos de tratamiento.

Pero otros países, entre ellos Ruanda, Nueva Zelanda y Taiwán, han conseguido una continuidad de los servicios de salud esenciales destacable. Por ejemplo, Taiwán mantuvo la cobertura de salud universal a bajo costo funcionando durante toda la pandemia, y en Ruanda ocurrió lo mismo con un nuevo centro de radioterapia para el tratamiento del cáncer.

En Sierra Leona (donde una de cada 17 madres corre riesgo de morir durante el parto) una campaña de comunicación masiva conjunta del Hospital Estatal Koidu en el distrito de Kono y Partners In Health (una organización mundial sin fines de lucro) para alentar a las embarazadas a usar los servicios de salud materna consiguió revertir una marcada reducción que se había registrado en la cantidad de consultas médicas prenatales.

Las clínicas de África subsahariana también están innovando para continuar el seguimiento y el tratamiento de los 19 millones de pacientes de diabetes de la región durante la pandemia. Por ejemplo, la Asociación de Endocrinología y Metabolismo de Camerún elaboró diez «reglas de oro» sobre COVID‑19 y diabetes, que incluyen información para hacer ejercicio durante el confinamiento. Además, se introdujeron herramientas virtuales para limitar la necesidad de consultas ambulatorias.

En tanto, algunos países están buscando formas novedosas de proveer atención médica. Por ejemplo, Ruanda implementó el uso de drones para distribuir medicamentos a pacientes de cáncer y robots para hacer seguimiento de signos vitales de pacientes de COVID‑19 y prevenir contagios hospitalarios. Las soluciones tecnológicas no siempre son baratas, pero el rédito puede superar el costo financiero.

Para obtener resultados similares, muchos países deben rediseñar con urgencia sus sistemas de asignación de recursos y provisión de servicios sanitarios. En la medida de lo posible, los centros de testeo y tratamiento para la COVID‑19 deberían incorporar la provisión de servicios de salud esenciales, por ejemplo detección de embarazos de alto riesgo y enfermedades crónicas.

¿Qué está haciendo el Foro Económico Mundial en relación con el brote de coronavirus?

Una nueva cepa de coronavirus, COVID-19, se está extendiendo por todo el mundo y está causando muertes y graves problemas en la economía mundial.

Para responder a esta crisis se requiere una colaboración global entre gobiernos, organizaciones internacionales y empresas, que ocupa un lugar central en la misión del Foro Económico Mundial como organización internacional para la cooperación público-privada.

El Foro Económico Mundial, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha creado la Plataforma de Acción contra el COVID. Esta plataforma tiene por objeto catalizar el apoyo del sector privado a la respuesta sanitaria pública mundial al COVID-19, y hacerlo con la magnitud y rapidez necesarias para proteger la vida de los ciudadanos y sus medios de vida, con el fin de encontrar maneras de contribuir a poner fin a esta emergencia mundial lo antes posible.

El Foro, como organización, ya ha apoyado anteriormente iniciativas para la contención de epidemias. En 2017, durante nuestra Reunión Anual, se puso en marcha la Coalición para la Innovación en Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés), que reúne a expertos del ámbito gubernamental, empresarial, sanitario y académico así como de la sociedad civil, con el fin de acelerar el desarrollo de vacunas. Actualmente, la CEPI está colaborando en la carrera por obtener una vacuna contra esta cepa de coronavirus.

Además, la descentralización de servicios sanitarios puede ayudar a fortalecer la disponibilidad general y limitar las interrupciones. Esto demandará crear y capacitar una fuerza ampliada de agentes de salud comunitarios, incluidos jefes de familia, docentes, líderes religiosos y sanadores tradicionales. En Liberia, por ejemplo, esos agentes son parte fundamental de la respuesta a la COVID‑19 y de la provisión de otros servicios esenciales.

Es evidente que las alteraciones que causó la COVID‑19 a los sistemas sanitarios pueden superarse. Lo más importante es que los países reevalúen sus estrategias de provisión de atención médica e inviertan en los servicios esenciales. Así fortalecerán su capacidad de hacer frente a crisis sanitarias similares en el futuro.