Cómo Chile y Argentina están abordando, desde el punto de vista legal y político, el flujo de inmigrantes venezolanos en su territorio. ¿Qué lecciones pueden aprenderse?

Desde hace más de diez años ha aumentado la migración internacional como consecuencia de las crisis económicas y políticas, así como debido a factores como el cambio climático y los desastres naturales, entre otros. Esto ha llevado a una modificación en las dinámicas de los movimientos de personas, la tendencia tradicional en América Latina de flujos sur-norte ha variado e incluye también las movilizaciones intrarregionales.

La actual migración de venezolanos hacia otros Estados de la región se debe a una coyuntura compleja. Según Naciones Unidas, han salido cerca de 2,3 millones de venezolanos de su país de origen, lo que lo convierte en el cuarto Estado con mayor número de solicitantes de asilo, después de Siria, Irak y Afganistán. Sin embargo, las cifras presentan inconsistencias, puesto que ha sido imposible obtener un registro único que refleje a ciencia cierta la cantidad total de migrantes. Por su parte, la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) señala que el total de venezolanos que han dejado su país se sitúa en 2.648.509, de los cuales 1.848.581 se encuentra en países de América del Sur. Su presencia es evidente en Colombia, pero Chile y Argentina no son ajenos a esta realidad.

Una de las prioridades de Chile, según lo manifestado por el Gobierno, es lograr una “migración segura, ordenada y regular, sin perder nunca de vista los derechos y la protección de las personas migrantes”.

A finales de 2017 podían contabilizarse en Chile 600.000 migrantes, ocupando los venezolanos el primer puesto, seguidos por los nacionales de Haití, Perú y Colombia. En diciembre de ese año, habían llegado 164.866 venezolanos, lo que representa casi el doble del dato registrado en 2016, de los que 72.607 cuentan con permiso de residencia; en el primer semestre de 2018, se calcula la llegada de 147.429 venezolanos, lo que convierte a Chile en el cuarto país de destino en la región superado por Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, estas cifras evidencian la fluctuación de la migración.

Entre las medidas promovidas por el Gobierno chileno para hacer frente a la actual situación migratoria se encuentra un proyecto de ley que pretende modificar el sistema migratorio con el ánimo de tener una normatividad integral basada en cinco grandes ejes temáticos: la igualdad de derechos (educación, acceso a la justicia, vivienda, seguridad social, integración e inclusión y libertad de tránsito), la promoción de la regularización, la adecuación del proceso para llevar a cabo los trámites migratorios administrativos, el mejoramiento de las condiciones laborales y el fortalecimiento de la institucionalidad. Justamente, entre las recomendaciones de los Mecanismos de Derechos Humanos en Chile, en el período entre 2015 y 2018, se señala que es necesario continuar con la idea de modernizar la ley migratoria, procurando incorporar una perspectiva de derechos humanos, con derechos y deberes para los migrantes, independientemente de su situación, y apuntar elementos para una adecuada política nacional en ese tema.

Además, en Chile está abordándose un proceso de regularización y se adoptó la visa de responsabilidad democrática, que se concibe como una respuesta humanitaria a la crisis política que vive Venezuela y como mecanismo de reciprocidad histórica, dada la emigración chilena hacia este país en los 70. Una de las prioridades de Chile, según lo manifestado por el Gobierno, es lograr una “migración segura, ordenada y regular, adecuándose a los tiempos actuales y a las necesidades del país, pero sin perder nunca de vista los derechos y la protección de los migrantes”, a pesar de que en algún momento se habló de ajustar la política para hacerla selectiva.

Según el Departamento de Extranjería y Migración chileno, pueden identificarse tres momentos de la migración: aquella de medio/largo plazo, caracterizada por la existencia de una residencia con ánimo de permanencia; la de corto plazo, donde la residencia se encuentra en trámite; y la migración reciente que está caracterizada por aquellos que acaban de llegar al país y no tiene regularizada su situación. La diferencia entre los tres momentos está dada principalmente en función del posible retorno, lo cual obedece a un cambio en las condiciones sociales, políticas y económicas del país de origen. Estos momentos evidencian el dinamismo de los flujos migratorios, mostrando un aumento considerable en los migrantes venezolanos y haitianos, en la categoría de corto plazo y aquellos recientes, los cuales, además, son en su mayoría hombres y se asientan sobre todo en las comunas de la ciudad de Santiago.

La posibilidad del retorno es un asunto pendiente para muchos venezolanos; de un lado, los detiene la delicada situación política y social que enfrenta su país, pero de otro, ante las dificultades presentadas en materia laboral en los Estados de destino, han empezado a emprender viajes de regreso, evidenciando que el tema laboral, al estar asociado con la consecución de los mínimos necesarios para sobrevivir, es el centro de muchas de las problemáticas sociales de los migrantes en el exterior. El “Informe sobre la movilidad humana venezolana”, señala cómo el tema del acceso al trabajo ha sido uno de los aspectos más relevantes en esta oleada migratoria.

Atendiendo a la llegada masiva de venezolanos a Chile, la OIM realizó un estudio que permite tomar los siguientes datos: el 45% de los venezolanos llegaron a Chile por vía aérea, mientras que un 53% lo hizo por tierra. Del total de datos referidos en el informe, un 98,7% entró a través de un paso fronterizo formal y un 49% viajó sin familiares. En términos de impacto socio-económico, los migrantes señalaron que el viaje para llegar a Chile tuvo un coste medio de 554 dólares por persona. En relación con el ánimo de permanencia en este país, el documento muestra que un 34% manifestó el deseo de permanecer de forma indefinida, un 34% no lo sabía, un 4% señaló que sería menos de un año y un 28% de ellos prefirió no contestar.

De la situación descrita es importante tener presente que el caso venezolano supone enormes desafíos para la migración en Chile, dado que un importante número de estos ciudadanos cuenta con un permiso temporal de permanencia en este país, y las circunstancias políticas que atraviesa Venezuela no permiten barajar la probabilidad de una normalización que promueva el retorno. Así lo expone el informe Retos y oportunidades de la movilidad humana venezolana en la construcción de una política migratoria, al analizar en profundidad el contexto político que se vive en Venezuela. En este sentido, los venezolanos que permanezcan en Chile podrían quedar en situación de irregularidad migratoria, aumentando su vulnerabilidad y las posibilidades de ser víctimas de violaciones sistemáticas de sus derechos humanos e incluso de la trata de personas. De ahí la urgencia de que la iniciativa normativa llegue a buen puerto y de que vaya acompañada de un proceso social y cultural de entendimiento de la migración como una oportunidad que erradique progresivamente y con éxito conductas de discriminación y xenofobia.

Imagen: Determinantes sociales de la salud de los migrantes en la Región de las Américas/ Organización Panamericana para la Salud OMS

Por su parte, Argentina es catalogada en América Latina como el país de inmigración más alto; en 2013 recibió casi 280.000 migrantes, aumentando un 25% respecto de 2010. En los informes de 2018 se registran alrededor de 95.000 venezolanos, cifra que ha crecido en comparación con 2017 (56.621), la cual, a su vez, triplicaba la de 2016. Del porcentaje actual de migrantes, cerca del 65% son profesionales, principalmente ingenieros, médicos y periodistas, lo cual ha conducido al Estado a adoptar importantes normas con impacto social, como el tema de la simplificación de trámites para la convalidación de títulos universitarios y el acceso al trabajo. El proceso de integración cultural se ha dado de manera positiva y al parecer sin traumas, por un lado, gracias a la flexibilización de los trámites para acceder al trabajo y para obtener la residencia y, por otro, debido a la red de connacionales existentes en el país que permite una dinámica de incorporación a la sociedad. De la misma manera, se evidencia una alta cultura de aceptación a la migración debido a la tradición de Argentina como Estado de destino.

La legislación abierta en materia de migración que promueve Argentina ha superado las dificultades que se han presentado en los procesos de integración económica, pues pese a que Venezuela se encuentra suspendida por Mercosur, eso no ha supuesto un rechazo de los migrantes venezolanos en ese país, aunado a la solidez con la que se conciben los derechos sociales en la legislación argentina, que va más allá de la condición migratoria y se asocian al hecho mismo de ser persona.

Argentina es catalogada en América Latina como el país de inmigración más alto. Se evidencia una alta cultura de aceptación a la migración debido a la tradición de Argentina como Estado de destino.

En los resultados de un monitoreo realizado por ACNUR y la OIM a la migración en Argentina, presentados en septiembre de 2018, se observa que el 83% de los migrantes llegó al país en el último año, el 54% utilizó solo el transporte aéreo, el 86% tenía previsto quedarse a medio plazo, el 75% contaba con documentación argentina o estaba en trámite, el 61% tenía entre 26 y 44 años de edad y los hombres son mayoría, al igual que en el caso chileno. Llama la atención que del grupo de migrantes que manifestaron tener personas a su cargo, un 70% de estas aún reside en su país de origen, lo que muestra la magnitud de la crisis social que sufre Venezuela al preferir emigrar para conseguir lo que su familia requiere para vivir en condiciones dignas. Además, de nuevo se repite que la causa por la cual las personas emigran no se debe a la falta de empleo en el momento de salir de Venezuela, sino a la situación política y social del país, así como en la necesidad de marcharse en búsqueda de mejores condiciones. Primero viaja alguien del núcleo familiar, aspirando a llevar luego a su familia si todo sale mejor que en Venezuela.

El Estado argentino goza de una legislación que se ha tornado en un referente de buenas prácticas para la región, porque ser abierta, acorde con los lineamientos internacionales en materia de derechos humanos y consciente de la necesidad de que exista una gestión ordenada de la movilización de personas. Esto ilustra a los demás países de América Latina sobre la necesidad de percibir los flujos migratorios no como un problema, sino como una oportunidad, pues el proceso de globalización e integración no se circunscribe solo al ámbito económico, sino que ha trascendido al marco de los derechos humanos de los migrantes.

Imagen: Medidas de política que abordan los determinantes sociales de la salud para los migrantes/ Organización Panamericana para la Salud OMS

Es importante anotar que tanto en Argentina como en Chile se han dado importantes procesos de participación de la sociedad civil para promover el cambio normativo en asuntos migratorios; esto es una consecuencia derivada del aumento en los índices de migración, según el informe conjunto SICREMI de 2017, elaborado entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En el caso argentino, esto se ve reflejado en la manera en que las instituciones adoptan sus planes y políticas. Por su parte, en Chile están promoviéndose importantes reflexiones desde las organizaciones sociales para que se asuma este asunto como prioritario en la agenda social y política del Estado. Sin embargo, el problema común a toda la región es el acceso efectivo e igualitario a los derechos humanos, así como a trabajos reales, no aquellos informales que fomentan la explotación laboral e incluso la trata de personas.