La Ciencia, un (viejo) Derecho Humano con mucho futuro

Estos días se ha celebrado en Guatemala la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Entre los acuerdos que aparecen en la Declaración Final se incluye un compromiso de "avanzar hacia el reconocimiento efectivo de la ciencia como derecho humano". Hay que reconocer que la consideración de la ciencia como derecho humano -o la expresión Derecho Humano a la Ciencia- resulta novedosa es este tipo de encuentros. ¿Significa esto que estamos ante una formulación biensonante pero quizá vacía de contenido?, ¿estamos ante una expresión resultona, una idea que se ha puesto de moda, pero inconsistente?

Todo lo contrario. El Derecho Humano a la Ciencia es un concepto tan potente como bien fundamentado en el Derecho Internacional, tan cargado de futuro como sólidamente basado en los principales instrumentos de Derechos Humanos. La ciencia aparece ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 27, cuando se indicaba que "toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten". Como ve, se trata de un derecho que tiene dos partes: la protección de la participación en esa empresa universal que es la ciencia (cada uno en la medida de sus capacidades e intereses) y el acceso a los beneficios que la ciencia pueda aportar para el bienestar básico de personas y sociedades.

De la Declaración Universal surgieron dos tratados de Derechos Humanos, los conocidos como Pactos del 1966, que resultaban ya vinculantes para los estados que los ratificaban. Y la ciencia de nuevo se coló en estos instrumentos cuando en el artículo 15 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales los estados "reconocen el derecho de toda persona (...) a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones". Este artículo 15 incluía además la obligación de adoptar medidas "para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia", así como el compromiso de "respetar la indispensable libertad para la investigación científica" y recomendaciones para "el fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas".

Los contenidos de estos artículos citados forman en su conjunto lo que se ha dado en llamar el Derecho Humano a la Ciencia, de la misma forma que los contenidos de otros artículos de esos mismos documentos (Declaración y Pactos) conforman lo que conocemos como Derecho Humano a la Salud o el Derecho Humano a la Educación, por poner solo dos ejemplos con el mismo fundamento jurídico pero más conocidos.

Dado el desconocimiento sobre este Derecho Humano a la Ciencia y sus posibilidades, las Naciones Unidas han iniciado trabajos para su puesta al día, para la definición de su contenido normativo y para urgir a los estados (y otros agentes) a su desarrollo.

La UNESCO ha dado un gran paso al adoptar el enfoque y el discurso de Ciencia como Derecho Humano y dedicar a su difusión el muy reciente Día Internacional de la Ciencia. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU celebró hace un mes un día de debate sobre este asunto, donde algunos países (Dinamarca, Holanda, Italia y España) aprovecharon para posicionarse. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU es el órgano que tiene ahora la misión de definir, interpretando los textos internacionales citados de manera actualizada, ese contenido normativo del Derecho a la Ciencia y sus elementos. Tras el documento del Comité, deberían posicionarse el Consejo de Derechos Humanos y, finalmente, la Asamblea General de la ONU.

Es España el país que ahora, de la mano del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, lidera esta nueva fase de diplomacia científica. Tras posicionarse España claramente ante la ONU, fue el ministro Duque quien llevó la iniciativa a la Cumbre Iberoamericana de Ministros de Ciencia celebrada en Guatemala el mes pasado y consiguió no solo el unánime apoyo regional, sino elevar la iniciativa a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que, como hemos visto, la ha respaldado convirtiéndola ya en un mandato para toda la región. Lo que hasta hace poco era un proyecto trabajado en un discreto nivel técnico por unos pocos pero significativos agentes (la Diputación de Bizkaia, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores de España, las universidades de Deusto, Cleveland, Copenhague y Ámsterdam, así como algunas academias científicas) de pronto ha devenido, gracias al impulso político y diplomático comentado, en un mandato que coloca la región iberoamericana, junto a los citados países europeos, a la cabeza de este reto global.

Regreso de una gira por México, Chile y Argentina y puedo asegurarles que el interés que en la región ha despertado este mandato ha sido enorme: son muchos (desde universidades a defensorías del pueblo, pasando por ministerios y organizaciones de la sociedad civil) quienes ahora se muestran ávidos, primero, por conocer en profundidad el alcance y contenidos de este derecho y, segundo, por participar activamente en su desarrollo.

Como demostró la experiencia del desarrollo del Derecho Humano al Agua, el reconocimiento al máximo nivel político y jurídico de un derecho humano no garantiza por sí solo su cumplimiento, es obvio, pero sí aporta un instrumento de extraordinaria potencia para reivindicar e impulsar su disfrute, para mover a los estados y para armar con argumentos y herramientas a los agentes interesados.

Este año celebramos el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No podríamos haber elegido mejor forma de sumarnos a esta conmemoración que comprometiéndonos internacionalmente en la actualización y desarrollo de uno de los derechos más desconocidos y menos trabajados, pero al tiempo más potentes, contenidos en dicha declaración.

Para otro día queda hablarles de los contenidos del derecho, de sus elementos, de las obligaciones que crea, de las posibilidades que abre, de los casos concretos, con víctimas concretas, que están ya siendo enfocados y resueltos por tribunales (nacionales e internacionales) y otros órganos de la ONU con fundamento en este derecho, viejo pero lleno de vida y de futuro; de este derecho a participar en la ciencia y a beneficiarnos de ella; de este derecho que nos debe ayudar a fomentar la participación ciudadana en los retos de la ciencia, a ampliar nuestros conocimientos y capacidades, a poner la ciencia aún más el servicio de los grandes retos de la humanidad, a protegernos de las pseudociencias, las medias verdades y las mentiras enteras, a fomentar el conocimiento y el aprecio de la ciencia y de quienes la hacen, tanto entre la ciudadanía como entre los agentes públicos (que deben ponerla en la base de sus decisiones), a que la ciencia nos ayude a participar mejor, con conocimiento y responsabilidad, en los increíbles retos que afrontamos como comunidad internacional, retos que no tienen únicamente una respuesta científica, pero que desde luego sin la ciencia como muy estrecha aliada, jamás resolveremos.

Mikel Mancisidor es profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la American University (Washington D.C.) y miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU