¿De verdad es México el segundo país más peligroso del mundo? Lo que dicen los datos

Este año México celebra el centenario del nacimiento de Juan Rulfo, uno de los mejores escritores mexicanos del siglo XX.

Su primera novela, Pedro Páramo (1955), cuenta la historia de un hombre que viaja por Comala, un pueblo fantasma "sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno". En Comala se encontrará con Pedro Páramo, el hombre más importante y más temido del pueblo que, ofendido por la indiferencia de los vecinos ante la muerte de su amada, acaba convirtiendo a sus habitantes en sombras medio muertas.

La obra de Rulfo representa los altos niveles de violencia sufridos en el país tras la Revolución Mexicana (1910-1921). Pero a día de hoy, cien años después de su nacimiento, los mexicanos vuelven a enfrentarse a luchas de poder y a masacres despiadadas.

Según una encuesta sobre conflictos armados del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) publicada en mayo de 2017, México ha pasado a ser el segundo país más peligroso del mundo con 22.967 víctimas por homicidio en 2016. Según este estudio, México, que ya lleva once años en guerra contra el narco, ha pasado a ser un país más violento que otros países en guerra como Afganistán o Yemen. El número de muertes solamente se ha visto superado por las 50.000 muertes del conflicto de Siria en 2016.

El informe de IISS tuvo como ávido lector al presidente estadounidense Donald Trump, quien retuiteó un enlace del blog estadounidense Drudge Report a un artículo sobre la violencia en México. Sin embargo, en un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Asuntos Exteriores, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto decía que las afirmaciones del informe "no tienen sustento" y que estaba basado en "metodologías inciertas".

También argumentaba que el informe usaba de forma incorrecta términos legales relacionados con los conflictos armados, afirmando que no todos los homicidios en México estaban relacionados con la guerra contra el narco y que ni los grupos de crimen organizado ni la involucración el ejército para cumplir la ley pueden ser considerados legalmente como pruebas de un conflicto armado.

El gobierno de Trump ha retractado su comentario sobre el informe del IISS tras reunirse con el gobierno mexicano. Técnicamente, el gobierno de México lleva razón en sus críticas. Normalmente los criminólogos calculan los índices de criminalidad según el número de crímenes denunciados a los organismos de seguridad por cada 100.000 personas y no como una cifra total como ha hecho el IISS. Con esta metodología, los datos de la ONU sitúan la tasa de homicidios de México en 16,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una cifra más baja que Brasil (25,2), Venezuela (53,7) y Honduras (90,4).

Pero las cifras no dejan de ser desoladoras: según la administración de Peña Nieto, en México ha habido 7.727 homicidios entre enero y abril de 2017. Si esta tendencia continúa, advierte Alejandro Hope, un experto en seguridad pública de México, el número de personas asesinadas llegará a las 30.000 para finales de año, la que sería la mayor tasa de homicidios en México desde los años 60.

Esta pesadilla de violencia incesante es provocada tanto por las organizaciones criminales como por los agentes del Estado mexicano: muerte nacional por anomia o anarquía.

El mismo día en el que el gobierno mexicano denunciaba el informe del IISS, la agencia de noticias mexicana Diario Cambio publicaba un vídeo del ejército mexicano llevando a cabo lo que parecía ser una ejecuciónextrajudicial. Tras una escaramuza con unos supuestos contrabandistas de combustible en la ciudad de Palmarito, Puebla, un soldado disparó directamente a la nuca de un hombre herido.

El ejército mexicano lleva siendo acusado de ejecuciones extrajudiciales durante una década. El vídeo revela, a sangre fría, una de las peores violaciones de derechos humanos perpetradas por el ejército durante una guerra contra el narco que ya dura más de 10 años.

Solamente unas horas más tarde, en el estado norteño de Tamaulipas, un grupo de hombres armados mataron a la activista de los derechos humanos Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez. Rodríguez se había convertido en la líder del movimiento de las familias en busca de sus seres queridos tras haber encontrado los restos de Karen, su hija de 14 años desaparecida en 2012, en una tumba escondida en la ciudad de San Fernando en 2014.

En México, 13 personas "desaparecen" cada día, según una investigación llevada a cabo por la revista de tirada semanal Proceso y por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). Cinco días después del asesinato de Rodríguez, Javier Valdéz, un galardonado periodista mexicano famoso por cubrir los carteles de la droga, fue asesinado en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa al oeste del país y antigua casa del infame narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

A Valdéz lo sacaron de su coche varios hombres armados y le pegaron un tiro en la cabeza en plena calle a medio día. Se trata del sexto periodista asesinado en México en 2017, haciendo de México el tercer país más mortal para reporteros, por detrás de Siria y Afganistán.

El presidente de México respondió a los actos violentos del mes de mayo reuniendo a su gabinete y a los gobernadores del país y prometiendo más recursos para ayudar a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos bajo amenazas. También aumentó el presupuesto para la oficina del fiscal especializada en investigar los crímenes contra estos grupos y pidió una mejor coordinación entre las autoridades federales y las estatales.

Tras anunciar estas medidas, Peña Nieto guardó un minuto de silencio por los periodistas asesinados. En un acto simbólico y emocional, se escucharon gritos de "¡Justicia!" por parte de los reporteros que cubrían el evento: una forma de acusar al gobierno mexicano de su silencio culpable ante tantos asesinatos.

El estado, saturado e impotente al mismo tiempo, tiene pocas respuestaspara el pueblo mexicano, en parte porque simplemente está en medio de una guerra que no le pertenece, puesto que en realidad está en manos de Estados Unidos.

El 18 de mayo, El Secretario de Estado Rex Tillerson reconoció el papel que juegan los consumidores de drogas estadounidenses en la crisis de la falta de ley en México, diciéndoles a los reporteros que los estadounidenses "necesitaban hacer frente" al hecho de que los Estados Unidos habían provocado la constante violencia relacionada con las drogas en México. "Si no fuera por nosotros", dijo Tillerson "México no tendría estos problemas de crimen organizado y la violencia que están sufriendo. Realmente tenemos que reconocerlo".

Sin embargo unos días después el gobierno de Trump, lleno de contradicciones, publicó una propuesta presupuestaria en la que se reducía en 87,66 millones de dólares la ayuda a México para la lucha contra los narcos en 2018, un 45% menos que en el año 2016. Y así es como México se ha convertido en el Comala de Rulfo, el reino fantasma de condenación en el donde "los que van al infierno vuelven a casa a buscar manta".

Pero entre tanto derramamiento de sangre hay esperanza.

El 28 de mayo, cientos de representantes de los pueblos indígenas se reunieron en el Congreso Nacional Indígena para elegir a María de Jesús Patricio Martínez como su candidata independiente para las próximas elecciones presidenciales de México en 2018. Patricio Martínez es una indígena nahua y una médica tradicional. "Nuestra participación en la política," afirmaba, "no busca los votos, [sino que] persigue la vida".

Ante representantes de los pueblos Mayas, Yaquis, Zoques y de otros pueblos indígenas, Patricio Martínez pedía superación, resistencia y regeneración. Ha llegado el momento para trabajar para "reconstruir nuestro pueblo, tanto años vapuleado", afirmaba. Al igual que en Comala, la supervivencia es el mayor reto político de México. Sin embargo y por desgracia, el gobierno de Peña Nieto no se atreve a aceptar este reto.

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer el artículo original aquí.