La economía tras el 1-O

La economía empieza a resentirse del conflicto en Cataluña. Los primeros síntomas se han manifestado en los mercados financieros. El dinero se ha desplazado en busca de seguridad, como lo ilustran las caídas de los índices bursátiles. Los valores de empresas con mayor presencia en Cataluña han sufrido fuertes pérdidas. Sin duda la banca catalana se ha enfrentado a turbulencias especialmente intensas, por la rapidez con que los ahorradores pueden transferir tanto los depósitos como los productos de inversión hacia otras entidades, que consideran firmemente establecidas en la zona euro.

La presión de los mercados también se ha notado en la prima de riesgo sobre la deuda pública, aunque por ahora el impacto ha sido limitado. El diferencial de tipos de interés entre los títulos españoles y los alemanes, considerados los más seguros de Europa, ha experimentado un leve repunte. El jueves el Tesoro colocó bonos a 10 años a un tipo de interés del 1,867%, cerca de dos décimas más que la anterior colocación. De perpetuarse, el aumento de tipos conllevaría que la Hacienda estatal se gastara, cada año, 200 millones de euros adicionales en concepto de pago de intereses.

Por otra parte, el euro ha interrumpido su alza frente al dólar, ante el peligro de extensión del conflicto soberanista a otras regiones de Europa. Esta evolución tendría un efecto positivo sobre la competitividad, pero también encarecería las importaciones de petróleo, que cotiza en dólares.

Más allá de la volatilidad financiera generada por el conflicto, no se detecta todavía un impacto significativo sobre la economía real. Fuentes del sector turístico han registrado esta semana una disminución de la llegada de extranjeros a los principales destinos catalanes, pero probablemente se trata de algo temporal. La industria del automóvil establecida en Cataluña ha registrado una reducción de actividad, consecuencia de la huelga general del pasado martes. Cada día que pasa son más las empresas que deciden trasladar su sede hacia otros territorios, y esto sí que supone un cambio más sustantivo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no hay planes de desplazar los principales centros de producción y de creación de empleo.

Si bien el conflicto catalán surge en un contexto de desaceleración de la economía (antes del 1-O ya se percibían señales de debilitamiento), las bases del crecimiento de la economía española siguen en pie, como lo demuestran los datos más recientes de empleo y de actividad. Por ejemplo, los ingresos del turismo aumentan a un ritmo anual que supera el 10% —incluso más en Cataluña—. También llegan buenas noticias de la eurozona, que acelera su recuperación, lo que abre nuevas oportunidades para los exportadores.

No obstante, un conflicto prolongado acabaría por afectar gravemente al ritmo de crecimiento de la economía española. En todo el país, la inversión productiva sería la más vulnerable a las incertidumbres económicas —teniendo en cuenta el peso de la economía catalana y de su interconexión con el resto del país—. Las empresas, que requieren de un horizonte de previsión estable para ampliar la capacidad productiva o crear empleo estable, han empezado a adoptar una actitud expectante.

Este es pues el peor momento para la prórroga probable de los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno apenas dispone de margen de maniobra para reaccionar a un brusco cambio de tendencia o a un “accidente de mercado”. Una prórroga tampoco deja espacio para las reformas que necesita la economía en materia impositiva, ni para luchar contra el paro de larga duración y la precariedad, o reorganizar la financiación autonómica.

La incapacidad para debatir y adoptar una estrategia presupuestaria es especialmente preocupante, teniendo en cuenta que el BCE anunciará próximamente una reducción de su apoyo a la financiación de la deuda.

Pese a la gravedad de la situación, la economía mantiene el pulso. Su sostenibilidad requiere no solo de una solución a la inseguridad jurídica, potencialmente explosiva, generada a raíz del conflicto. También depende de la salida del inmovilismo al que se enfrenta la política económica.