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El gobierno francés acaba de anunciar los lineamientos para un nuevo código laboral, su principal reforma de relevancia para impulsar la economía de Francia, dándole una mayor flexibilidad a las empresas para adaptarse al mercado. La segunda reforma importante que quiere implementar el gabinete del presidente Emmanuel Macron -una reestructuración del estado francés- es lo que vendrá a continuación.
Los cambios en el código laboral tienen cuatro objetivos. Primero, las negociaciones directas entre empleadores y empleados en pequeñas y medianas empresas (que representan el 55% de la fuerza laboral) se verían facilitadas al permitirles a esas empresas negociar con representantes elegidos y no designados por los sindicatos. Segundo, se simplificaría el diálogo social al interior de empresas al fusionar los diferentes comités de trabajadores (para higiene, salud, seguridad y demás) en un organismo central. Tercero, se descentralizaría la negociación colectiva sobre salarios y empleo: pasaría del nivel nacional a un nivel sectorial y/o empresarial. Finalmente, el despido de los empleados se tornaría más fácil y más predecible, en particular con la introducción de niveles superiores e inferiores en las retribuciones sancionadas por los tribunales laborales.
La reforma del código laboral pronto estará acompaña por reformas del seguro de desempleo y de los sistemas de capacitación laboral. En el primer caso, el gobierno asumirá el control de manos de los sindicatos, para ofrecer beneficios de desempleo a todas las categorías de trabajadores, inclusive los autónomos y aquellos que voluntariamente abandonan su empleo actual para buscar uno nuevo. Sin embargo, se calcula que el costo de reformar el seguro de desempleo es de 3.000-5.000 millones de euros (3.600-6.000 millones de dólares), lo que puede resultar difícil de cuadrar con los planes presupuestarios de 2018, que prevén un recorte de 20.000 millones de euros en el gasto.
En general, la reforma del mercado laboral está destinada a reconciliar una mayor flexibilidad para las empresas a la hora de contratar y despedir empleados -algo que se necesita en una economía donde el crecimiento está impulsado por la innovación y la destrucción creativa- con una mayor seguridad de ingresos y una mayor capacitación para los desempleados. El mercado laboral francés actualmente padece una enorme división entre los trabajadores calificados con contratos de largo plazo y los trabajadores escasamente calificados que oscilan constantemente entre el desempleo y los empleos temporarios. La reforma del gobierno está pensada para cerrar esa división aumentando la movilidad social.
El segundo pilar del programa económico de Macron, la reforma del estado, tiene dos componentes importantes: una renovación de la política fiscal y una reestructuración del sistema del gasto público. Aquí también la reforma apunta a abordar cuatro problemas principales de larga data.
Primero, el ingreso de capital está excesivamente gravado en Francia, en comparación con otros países desarrollados, lo que desalienta la innovación y la iniciativa empresarial. Segundo, el dinero público no se invierte de la manera más costo-efectiva, favoreciendo el crecimiento. Tercero, Francia se caracteriza por una multiplicidad de estratos administrativos, que genera ineficiencias y redundancias en el suministro de servicios públicos. Finalmente, Francia sigue siendo un país altamente corporativista, con una multiplicidad de sistemas de subsidios para la salud, de pensiones y familiares. En una economía impulsada por la innovación donde los individuos probablemente cambien de empleos y sectores varias veces en el transcurso de su vida, esta maraña burocrática se convierte en una fuente de ineficiencia y riesgo.
En el frente fiscal, Macron tomó dos medidas importantes. Primero, en el terreno de los ingresos, el ingreso de capital sería gravado a una tasa plana del 30%, mientras que antes el capital estaba más gravado que la mano de obra. Segundo, se eliminará el impuesto a la riqueza sobre activos que no sean inmobiliarios -una decisión destinada a alentar a los emprendedores e innovadores.
El gobierno aún no ha decidido sobre un curso de acción preciso para el gasto, aunque Macron y su equipo están analizando de cerca las reformas llevadas a cabo por Canadá y Suecia en los años 1990. En particular, el gobierno puede decidir reducir la cantidad de empleados públicos eliminando algunas capas administrativas de gobierno regional y local, y delegando algunas tareas administrativas a agencias autónomas. Es más, el gobierno podría -y debería- fusionar todos los esquemas de pensiones existentes en un sistema único (como debería hacerlo con la seguridad social, el seguro de salud y los sistemas de subsidios familiares). Esto podría permitirle al gobierno invertir en educación, seguro de desempleo e innovación, cumpliendo a la vez con sus compromisos presupuestarios europeos.
Después de décadas durante las cuales Francia experimentó crecimiento lento, alto desempleo, caída industrial e instituciones corporativistas rígidas que bloqueaban todos los intentos de reforma, ha surgido una nueva esperanza de cambio. Las decisiones que se tomen en el próximo año nos dirán si esta esperanza puede hacerse realidad.
