Problemas “retorcidos” en la prevención antiterrorista: bolardos y radicalización

Según aminora el shock tras los ataques yihadistas en Barcelona y Cambrils, surgen las lógicas preguntas acerca de qué pudo fallar. Con la investigación policial todavía en curso, hay quienes se han prestan a señalar rápidamente los errores que permitieron a los terroristas llevar a cabo sus macabros planes. Pero lo cierto es que, hasta el momento, son más bien escasos los elementos de juicio sobre los que elaborar dictamen alguno. Tiempo habrá de extraer las lecciones del caso.

Lecciones como las aprendidas de la lucha contra ETA o el 11M, y que propiciaron una serie de severas reformas, detalladas por Fernando Reinaresen su artículo, After the Madrid Bombings: Internal Security Reforms and Prevention of Global Terrorismo in Spain. En estos últimos años se han ido adoptado otras medidas para profundizar en estos cambios, como ha sido la creación del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado -fusión a su vez de dos centros de inteligencia post 11M- o la publicación del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, que aunque de carácter integral, se dirige en buena medida hacia el extremismo de tipo yihadista. En definitiva, más de 170 operaciones antiterroristas y casi 700 detenidos desde 2004 dan buena cuenta del dinamismo de la respuesta policial frente a esta amenaza. Un éxito afirmado también en foros internacionales -no en vano, que al frente del recién estrenado Centro Europeo Contra el Terrorismo de EUROPOL se situara un guardia civil, Coronel Manuel Navarrete, fue entendido como una suerte de reconocimiento a la experiencia y buena hacer español-.

Con todo, el ataque terrorista contra Barcelona ha puesto en entredicho esta buena trayectoria. Contestar ahora a esas preguntas no será fácil. Ejemplo de ello son dos cuestiones que entraron bajo el foco mediático desde el primer momento: la seguridad en los espacios urbanos -o de la polémica sobre la ausencia de bolardos en Las Ramblas- y la detección del proceso de radicalización -o de cómo no se pudo anticipar la conformación de la célula yihadista-. Dos aspectos sustancialmente distintos entre sí, pero que comparten, desde nuestro punto de vista, una característica: ambos son “problemas retorcidos”, siguiendo la didáctica explicación que, sobre este concepto propio del análisis de políticas públicas, ofrecían en este mismo espacio los investigadores Borja Santos y Fernando Fernández-Monge. Ambos problemas carecen de claridad analítica; ambos sufren de respuestas técnicas circunstanciales y adaptativas; para ambos casos no existe un modelo establecido que implementar y emular, sino “know-how” particulares y todavía en desarrollo; y ambos, por tanto, tienen en su formulación un amplio margen para la decisión política, lo que hace el terreno aún más resbaladizo. Con ellos se quiere mostrar cómo el debate público puede estar viciado, incluso, por los mismos términos en los que se proponga.

Sobre la primera de las cuestiones, la ausencia de bolardos u otros elementos físicos que bloquearan el paso a Las Ramblas, lo cierto es que no era una circunstancia exclusiva de esta zona ni de Barcelona, pues el resto de ciudades españolas se encontraban en parecidas circunstancias. Fue después del ataque del jueves cuando aparecieron maceteros, coches de policía y barreras para impedir el acceso a áreas similares. Más allá de en momentos puntuales, como en Semana Santa, después de Navidad las medidas adoptadas tras el atentado de Berlín se habían suprimido. Por tanto, no es un problema sólo de Barcelona, ni siquiera un problema exclusivo de España: Francia, Reino Unido o Alemania -todos ellos países que han sufrido este tipo de ataques terroristas- debaten estas mismas cuestiones y tampoco se han decidido a ejecutar de manera definitiva este tipo de medidas en sus ciudades. Ejemplo del debate internacional suscitado también es Australia, país que acaba de publicar su estrategia para proteger los espacios de concentración de masas frente al terrorismo*, la cual fija su atención en este tipo de atentados. Una lectura de la misma permite observar que, aunque contiene propuestas muy interesantes, muchos de sus puntos ya están sobre la mesa desde hace varios años: barreras físicas, compartir información entre agencias, colaboración público-privada, resiliencia… En definitiva, quizá la mayor virtud de esta novedosa estrategia esté en su esfuerzo de sistematización de la acción pública.

Este problema “retorcido” encierra además una paradoja: asegurar las ciudades de este modo implica, sino revertir, sí obstaculizar algunas de las tendencias actuales en planificación urbana, esto es, construir ciudades más sostenibles y accesibles -muchas veces también por razones de seguridad, como es garantizar el acceso de equipos de emergencia a cascos históricos, por ejemplo-. Como consecuencia, tenemos dos políticas públicas que empiezan a colisionar, sin llegar a entenderse: la geografía urbana se “securitiza” y la seguridad incorpora irremediablemente elementos de planificación urbana. Una tensión que resulta un verdadero quebradero de cabeza para los decisores públicos. En el fondo, la decisión de cambiar o no la morfología urbana para prevenir este tipo de ataques es una decisión de profundo calado político y social, como también ha señalado el investigador de la RAND, Colin P. Clark.

Otras medidas adoptadas ha sido el despliegue del Ejército en las calles, tal es el caso de Francia y la operación Sentinelle -aunque su misión sea más amplia-. Sin embargo, su prolongación en el tiempo también comienza a recibir duras críticas, al entender que repercute negativamente en el trabajo de las Fuerzas Armadas y que ha convertido a los propios militares en objetivo terrorista. Aunque éste es otro debate, se menciona Sentinelle aquí para señalar el carácter temporal de esta respuesta. No es una solución estructural al problema.

Por tanto, la seguridad de los espacios urbanos queda sin respuesta satisfactoria. En definitiva, “la polémica de los no-bolardos” en Las Ramblas parece más bien fruto de la impotencia frente al golpe recibido que una reflexión sosegada acerca del procedimiento seguido. Si Las Ramblas hubieran tenido este elemento disuasorio, cabe pensar que, en una ciudad como Barcelona -e igual en Londres, París, Berlín o Madrid-, los terroristas hubieran encontrado con facilidad otros espacios parecidos como objetivo.

En cuanto a la segunda de las cuestiones, la característica más peligrosa, la que de verdad ha despertado las alarmas, es la naturaleza de “vieja escuela” del grupo de 12 individuos -la investigación no está cerrada en el momento de escribir estas líneas- que atentaron: estructura amplia, radicalización lenta y offline, objetivo ambicioso -la intuición de que la explosión de Alcanar frustró un atentado de mayor complejidad que obligó a adelantar uno más sencillo-, financiación del ataque mezclando actividades ilícitas con otras legales, etc. Un escenario más semejante al de los comandos del 11S, 11M o 7J, que al de los ataques yihadistas de los últimos meses en países europeos. Como la ha definido la investigadora del Real Instituto Elcano, Carola García-Calvo, estaríamos ante “una célula yihadista de libro“. La presencia de varios grupos de hermanos -éste sí un elemento compartido con otros atentados terroristas como los de París, Bruselas o Boston-, es decir, un entorno cerrado, y su radicalización offline habrían impedido su detección temprana por parte de las autoridades, una de las claves del éxito de los cuerpos policiales españoles durante estos años.

La radicalización implica un proceso que atraviesa distintas fases. Comprender dicho proceso exige verlo, no como un tobogán por el que el individuo se desliza rápidamente -aunque es cierto que hay casos de “radicalización exprés”-, sino como un canal de compartimentos estancos, lo que significa además que no todo proceso culmina con el acto terrorista. La estrategia española de lucha antiterrorista ha puesto sus esfuerzos en detectarla en sus estadios iniciales, deteniendo a individuos dedicados a tareas de proselitismo o propaganda. Una acción donde se aprecia ése “saber cómo” obtenido de la lucha frente a ETA y que supone una diferencia fundamental con los países de nuestro entorno, donde se espera a que el individuo avance todavía más por ese camino para actuar contra él. Éste es uno de los motivos que explican que en varios de los atentados de Reino Unido o Francia la policía tuviera bajo su radar a los terroristas pero no hubiera procedido antes contra ellos. Por tanto, la ausencia de indicios en Cambrils, dada esa radicalización cercana y offline -aquí será fundamental investigar al entorno de los acusados y muertos-, habría provocado que no se estuviera tras la pista de estos asesinos.

No obstante, en los dos últimos años especialmente, y sobre todo por la alarma ante esos jóvenes europeos decididos a atacar sus países o a viajar al “califato” a hacer la yihad, la atención se ha dirigido también hacia la prevención de la radicalización, es decir, evitar que comiencen esa bajada a los infiernos. Incluso, y en último término, se estudia si es acaso posible la desradicalización, por ejemplo, para sujetos ya encarcelados.

El ámbito de la prevención de la radicalización es otro terreno minado para la puesta en práctica de políticas públicas exitosas, pues se parte de un nuevo “problema retorcido”. Establecer perfiles de terroristas es extremadamente complejo: explicar la radicalización como resultado de la combinación entre desesperación y pobreza resulta erróneo, mientras que el factor ideológico no se puede obviar. Lo único cierto es que las causas y factores son múltiples. De hecho, Peter Nesser, reputado investigador del Norwegian Defence Research Establishment, explicaba en 2016 en un curso de verano que era prácticamente imposible determinar un perfil único de yihadista de los estudios cualitativos que había realizado, más allá de que la mayoría fueran hombres jóvenes. Y de ahí su idea de centrarse en las dinámicas interpersonales de los miembros de las estructuras terroristas analizadas. Una línea de investigación que el estudio elaborado por los investigadores Fernando Reinares, Carola García-Calvo y Álvaro Vicente, y publicado por el Combating Terrorism Center de West Point, parece reafirmar, al incidir en los factores exógenos a los individuos -presencia de agentes radicalizadores- y en las dinámicas interpersonales -contacto con otros individuos ya radicalizados- como elementos decisivos de la radicalización yihadista en España. En conclusión, resulta extremadamente complejos establecer perfiles tipo y, por tanto, realizar un trabajo preventivo exhaustivo.

Si bien, son diversas las iniciativas que los distintos países europeos han puesto en marcha para abordar directamente el problema de la radicalización. Y es también posible que España necesite una reorientación en su política pública de prevención de la radicalización. Pero aquí el problema es doble: primero, un problema de definición, el “problema retorcido” sobre la radicalización y cómo se produce; segundo, la ausencia de evaluación de las políticas públicas implementadas, la gran ausente de todo el proceso. Por ende, desconocemos a ciencia cierta qué se está haciendo bien y qué es mejorable.

Sobre Barcelona y Cambrils queda todo por investigar, con más incertidumbres que certezas, y si acaso diversas hipótesis de trabajo. Una de las labores primordiales de los expertos en seguridad será tratar de informar el debate público, procurando mostrar la extrema complejidad de los problemas a los que se hace frente y las escasas certezas con las que se trabaja. Los estudios de caso cualitativos permiten conocer en profundidad muchos de los detalles de cada atentado, célula o individuo, pero impiden realizar extrapolaciones. La naturaleza “retorcida” de estos problemas no es una lectura pesimista del escenario, sino una llamada al análisis prudente frente a los trazos de brocha gorda y a los lugares comunes, certeros o equivocados, que permean el debate político.