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Los grupos de vigilantes, creados a menudo inicialmente para proteger a sus comunidades, han tenido cierto éxito cuando los Estados africanos débiles los contratan para combatir las insurgencias; pero esta táctica también ha resultado peligrosa para los gobiernos, sobre todo en Estados políticamente fracturados.
Un análisis del International Crisis Group, Double-edged Sword: Vigilantes in African Counter-insurgencies, concluye que es fundamental que los Estados africanos que subcontratan de este modo a grupos de vigilantes tengan objetivos y mandatos claros e inviertan en programas de desarme, desmovilización y reintegración.
Los autores señalan que muchos Estados africanos, a menudo frágiles, tienen pocas opciones aparte de reclutar a grupos de vigilantes para combatir a los insurgentes, y que cuanto más débil es el control del Gobierno sobre el poder, mayor es su dependencia de estos grupos. Sin embargo, esos mismos Estados son los menos capaces de supervisar estas organizaciones no oficiales o impedir que abusen de su poder.
Según el informe, cuanto más éxito tiene un grupo de vigilantes en la lucha contra los insurgentes, más difícil resulta desmovilizarlo y más probable es que se afiance en el país.
Los autores examinan cuatro casos ilustrativos en los que se ha recurrido a grupos de vigilantes para combatir a los insurgentes: Sierra Leona, la región de Teso, en Uganda, el antiguo estado de Ecuatoria Occidental, en Sudán del Sur, y el noreste de Nigeria. Su objetivo era descubrir los factores que determinan el surgimiento de estos grupos y sus efectos a largo plazo en la seguridad y la estabilidad.
Por su propia naturaleza, los grupos de vigilantes conllevan riesgos inherentes: «Como resultado de las rivalidades y lealtades étnicas, los grupos de defensa comunitaria pueden transformarse en organizaciones depredadoras, cuasicriminales, o en enemigos del Estado central», escriben los autores.
Sin embargo, incluso cuando los riesgos de reclutar a estos grupos superan los beneficios, muchos dirigentes africanos no tienen el lujo de elegir: la falta de recursos los obliga a recurrir a ellos. Pero, como mínimo, «los gobiernos africanos y sus aliados internacionales deberían aprender del pasado, intentar prevenir los abusos, evitar que los grupos de vigilantes amplíen sus funciones y planificar cómo gestionarlos cuando amaine el conflicto».
Identidad compartida
Los miembros de los grupos de vigilantes suelen ser reclutados en comunidades locales. Es probable que compartan identidades étnicas o políticas, intereses colectivos y percepciones de las amenazas. Esto aumenta la probabilidad de que actúen como milicias locales —potencialmente más poderosas que las autoridades estatales— y persigan objetivos étnicos limitados. El informe describe estos grupos como un mal necesario a corto plazo, que potencialmente puede allanar el camino a conflictos de más largo plazo.
Los investigadores descubrieron que estos grupos se aprovechan con demasiada frecuencia del poder que acaban de adquirir y compensan la falta de apoyo y recursos mediante la extorsión, los secuestros y otras formas de violencia.
Por tanto, existe el peligro de desatender a estos grupos o de adoptar una actitud hostil hacia ellos (como en Sudán del Sur), pues esto puede dar lugar a nuevos grupos rebeldes. Por otro lado, el apoyo estatal sin restricciones (como en Sierra Leona) puede envalentonar a grupos armados controlados por hombres fuertes y motivados, en parte, por intereses propios limitados.
Lecciones positivas
Sin embargo, los autores también destacan lecciones positivas.
Por un lado, los grupos de vigilantes pueden ser muy eficaces a la hora de proporcionar seguridad local, mucho más que el Estado. También suelen gozar de mayor legitimidad en sus comunidades gracias a las raíces locales de sus miembros, y pueden ser más eficaces a la hora de identificar, rastrear y combatir a los insurgentes porque conocen el idioma, la geografía y la cultura locales.
Cuando el Estado y los organismos internacionales implicados los gestionan adecuadamente, los grupos de vigilantes pueden ayudar a los dirigentes nacionales a «forjar pactos políticos duraderos con las élites provinciales y reforzar la legitimidad del Estado entre las comunidades locales».
En resumen, afirma el informe, «aunque los responsables políticos africanos e internacionales puedan temer que empoderar a fuerzas no estatales debilite al Estado, los grupos de vigilantes también pueden servir como intermediarios valiosos entre las comunidades locales y las autoridades centrales».
La eficacia de estos grupos, y la clave para controlarlos, dependen de sus objetivos y de la supervisión. «Cuanto más claros estén de antemano los objetivos y mandatos de los grupos de vigilantes, y cuanto mayor sea la supervisión por parte de los dirigentes nacionales y locales, las fuerzas armadas estatales y las comunidades locales, más eficaz podrá ser el grupo y menos probable será que se aparte de sus objetivos de defensa comunitaria y lucha contra la insurgencia», concluyen los autores.
Todo esto es más probable cuando los intereses políticos del Gobierno central y los de los dirigentes locales están más o menos alineados, como en Uganda.
En cambio, un mandato menos definido, que permita a los grupos asumir funciones de gobernanza local, puede acarrear problemas al prolongar su existencia, ampliar su ámbito de actuación y permitirles consolidar su poder.
Desmantelamiento
A más largo plazo, el informe recomienda invertir en programas generosos de desmovilización y reintegración; esto es fundamental para ofrecer a los miembros de los grupos medios de vida alternativos y el debido reconocimiento.
También recomienda que algunos miembros de los grupos de vigilantes pasen a desempeñar funciones de policía comunitaria.
Los investigadores enumeran varias lecciones extraídas de sus estudios de caso que, a su juicio, pueden aplicarse de forma más amplia si se adaptan a las condiciones locales.
Recomiendan que los Estados africanos que recluten grupos de vigilantes:
Colaboren con los dirigentes locales que ejercen influencia sobre los grupos de vigilantes, a fin de establecer objetivos limitados y aceptables para todas las partes dentro de una estrategia integral contra la insurgencia, y garantizar que ejerzan supervisión política sobre los miembros de base del grupo.
Sean claros con los dirigentes y los combatientes rasos de los grupos de vigilantes respecto a las recompensas que pueden esperar por sus esfuerzos y la compensación por cualquier pérdida;
Proporcionen a los grupos suficiente apoyo político y material, incluidas armas cuando sea necesario. El objetivo debe ser garantizar que los grupos de vigilantes estén equipados para perseguir sus objetivos y reducir así el riesgo de que extorsionen recursos a la población civil;
Siempre que sea posible, ejerzan supervisión militar sobre las acciones abusivas de los grupos de vigilantes y garanticen que rindan cuentas;
Establezcan de antemano un plan con perspectiva de género para desmovilizar a los grupos de vigilantes una vez que haya disminuido la amenaza insurgente, y ayudarlos a encontrar trabajo en la zona.
Según el informe, los donantes y socios internacionales afrontan un desafío similar al tratar con estos grupos.
«Deberían beneficiarse de autoridades estatales relativamente sólidas que gocen del monopolio del uso de la violencia. Pero cuando el Estado es demasiado débil para hacer frente por sí solo a una insurgencia, o cuando el grupo insurgente también actúa como organización terrorista que amenaza intereses externos, será muy grande la tentación de los actores internacionales de apoyar a una milicia o a un grupo de vigilantes, con el consentimiento del Estado o, en ocasiones, sin él».
Sin embargo, los actores internacionales sirven mejor a sus propios intereses si colaboran con las autoridades estatales para ayudarlas a gestionar las relaciones con los grupos de vigilantes y también para advertirles «de los riesgos del apoyo sin restricciones o de una represión contraproducente».
El informe recomienda que «en la medida en que los actores internacionales interactúen con grupos de vigilantes, eviten prestarles apoyo directo, para no debilitar la posición negociadora de las autoridades nacionales».
En cambio, deberían ayudar a los Estados a controlar a los grupos de vigilantes y a desmovilizarlos y reintegrarlos eficazmente. Los autores concluyen que, para los Estados que afrontan un problema de insurgencia que no pueden gestionar por sí solos, no hay alternativa a recurrir a estos grupos. Pero, como muestran los casos destacados en el informe, hay formas buenas y malas de gestionarlos y de garantizar que «una solución provisional no se convierta en un quebradero de cabeza a largo plazo».
Double-edged Sword: Vigilantes in African Counter-insurgencies, International Crisis Group
