La magnitud de una crisis humanitaria suele expresarse en estadísticas, pero se mide mejor en las vidas y los destinos de personas reales.
Personas reales como Darlys, una madre venezolana de un niño de siete años con una enfermedad renal grave, que huyó de las penurias económicas y la inseguridad de su país en busca de atención médica, solo para acabar en las calles de la ciudad colombiana de Maicao.
O Betty, que huyó de Sudán del Sur con sus cuatro hijos y dos de sus sobrinas hacia el campo de refugiados de Bidi Bidi, en Uganda. En el camino, encontró a otros seis niños, no acompañados y escondidos en un coche calcinado, y los acogió bajo su protección. Sin nadie más a quien recurrir, Betty se ha convertido en su madre de acogida.
O Myshara, una niña rohinyá de 13 años y aspirante a maestra, cuya educación se interrumpió de forma abrupta cuando huyó de la violencia en Myanmar, como cientos de miles de otras personas. Hoy, mientras se refugia en el mayor asentamiento de refugiados del mundo, en Bangladesh, Myshara ayuda a dirigir un proyecto diseñado para fortalecer la salud mental de otros niños mientras afrontan las terribles pérdidas que han sufrido.
Estas son personas cuyas vidas, esperanzas y ambiciones han sido destrozadas por los conflictos, la persecución, la pobreza y la inestabilidad. Algunas han logrado recuperarse y reconstruirse, o al menos han comenzado ese proceso. Muchas más siguen luchando frente a condiciones adversas, recursos insuficientes y lo que a ellas debe de parecerles un mundo indiferente y, en ocasiones, hostil.
Pero las estadísticas más recientes, dadas a conocer en el informe anual Tendencias Globales del ACNUR, publicado hoy, también cuentan una historia. En todo el mundo, el número de personas desplazadas por la fuerza superó los 70 millones en 2018, el doble del nivel de hace 20 años, incluidos 25,9 millones de refugiados, la cifra más alta registrada hasta la fecha. La historia que hay detrás de estas cifras es la de un fracaso a la hora de prevenir conflictos, promover la tolerancia y sentar las bases de una paz duradera: una crisis de liderazgo político que ha provocado que el número de refugiados aumente año tras año, batiendo nuevos y no deseados récords.
Algunas personas han sido expulsadas de sus hogares hace poco, como los millones de venezolanos que se han desplazado a numerosos otros países de Sudamérica y Centroamérica. Otros conflictos se han prolongado durante décadas; basta, por ejemplo, con ver a los millones de afganos que han sido desarraigados en los últimos 40 años. Y, dado que cerca de la mitad de todos los refugiados son menores de 18 años, el legado de la violencia y la pobreza se extiende a través de generaciones.
Nadie puede resolver este problema por sí solo. Pero si los ministros y jefes de Estado, los altos ejecutivos, los emprendedores, los influyentes y otros actores que se reúnen en el Foro Económico Mundial actuaran de forma conjunta, como ya hacen muchos, podríamos encontrar las soluciones que necesitamos.
Las empresas y los gobiernos podrían dar un primer paso con inversiones a largo plazo en la educación de los refugiados. La educación no solo es un derecho humano fundamental, sino también un método sostenible y práctico para aumentar la autosuficiencia y la independencia, y crea un grupo de futuros empleados más amplio y talentoso. Garantizar el acceso a la educación implica desde más escuelas y más docentes cualificados hasta becas, prácticas, programas de aprendizaje y formación. También implica la integración en los sistemas educativos oficiales para garantizar titulaciones reconocidas y viables.
En segundo lugar, el empleo. Permitir el acceso a los mercados laborales, crear puestos de trabajo y fomentar la actividad económica son formas en que las empresas y los gobiernos pueden tener un enorme impacto positivo en el bienestar económico, social y mental de los refugiados. Si los refugiados dejaron atrás su trabajo y sus fuentes de ingresos al huir para salvar la vida, llevaron consigo sus competencias, conocimientos y experiencia.
Estas acciones encajarían perfectamente con el Pacto Mundial sobre los Refugiados, el nuevo marco internacional que establece formas de hacer que el reparto de responsabilidades sea más previsible, eficaz y equitativo. Se verían considerablemente reforzadas con más visados de empleo y educativos, mejoras notables en los esfuerzos de reasentamiento y vías más seguras y fiables para que los refugiados salgan del peligro.
Ya existen muchos ejemplos admirables de generosidad individual, alianzas público-privadas y programas de comunidades locales en los ámbitos del empleo y la educación. El reto ahora, dado el número cada vez mayor de refugiados, es persuadir a los gobiernos y a las empresas de llevar estas iniciativas a una escala global.
Por supuesto, la mejor solución para cualquier refugiado es regresar a casa de forma segura, voluntaria y con el apoyo necesario para reconstruir sus comunidades. Sin embargo, en 2018 solo 600.000 refugiados pudieron hacerlo, una cifra eclipsada por las decenas de millones en el exilio. Aunque la comunidad internacional nunca debe perder de vista la necesidad de crear las condiciones que permitan a los refugiados regresar a casa, también debe encontrar la manera de ayudarlos a adaptarse a las nuevas circunstancias que se les impusieron, y, en ese proceso, darles esperanza, dignidad y un propósito. Esto incluye prestar un apoyo vital a las comunidades que acogen a refugiados, a menudo en regiones donde los empleos, los recursos y el dinero ya escasean.
La magnitud del desplazamiento forzado de seres humanos es uno de los grandes desafíos de nuestra época. Podemos afrontarlo, pero solo si actuamos juntos.
