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El Reino Unido trabaja desde 2013 para desarrollar su capacidad cibernética ofensiva, como parte de su estrategia para disuadir a sus adversarios y negarles oportunidades de atacar tanto en el ciberespacio como en el mundo físico.
Pero las informaciones de que el Gobierno consideró un ciberataque ofensivo como parte de su respuesta al envenenamiento de Sergei Skripal y su hija en Salisbury el 4 de marzo han puesto en primer plano la cuestión de si las operaciones cibernéticas ofensivas estarían justificadas conforme al derecho internacional y en qué circunstancias.
Conforme al derecho internacional, un Estado tiene derecho a adoptar contramedidas ante violaciones del derecho internacional cometidas contra él y atribuibles a otro Estado. Las contramedidas son actos de un Estado lesionado contra otro Estado que, por lo general, serían ilícitos, pero que están justificados legalmente como respuesta a la actividad ilícita del Estado infractor. Su uso está sujeto a condiciones estrictas. Su objetivo es alentar al Estado infractor a poner fin a su actividad ilícita, no castigarlo. Además, las contramedidas deben ser proporcionales y no deben implicar el uso de la fuerza.
No hay razón para que, en principio, no puedan usarse operaciones cibernéticas como contramedida ante una violación del derecho internacional. Su naturaleza no justifica que se haga una excepción. (Así lo confirman los Manuales de Tallin 1.0 y 2.0 sobre la aplicación del derecho internacional a las operaciones cibernéticas en tiempos de guerra y de paz, redactados por un grupo de destacados expertos académicos). El estado actual del derecho internacional no cambia por el hecho de que el grupo de la ONU cuyo propósito es acordar interpretaciones comunes del derecho internacional aplicable a las operaciones cibernéticas no lograra llegar a un acuerdo sobre esta cuestión.
Aun así, es probable que el Reino Unido actúe con cautela antes de lanzar una ofensiva cibernética como represalia. Cuando anunció en 2013 su plan para desarrollar capacidades cibernéticas ofensivas como parte de su estrategia de disuasión, fue el primer país en hacerlo públicamente. El anuncio causó sorpresa en algunos sectores, principalmente porque dificultaría oponerse al uso de capacidades cibernéticas ofensivas por parte de otros Estados, como China y Rusia. Además, recurrir a ciberataques ofensivos como represalia por una supuesta violación del derecho internacional podría sentar un precedente sobre cómo reaccionarán los Estados ante situaciones similares en el futuro.
En su último informe anual, el Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento del Reino Unido reconoció la importancia de las capacidades cibernéticas ofensivas para la seguridad nacional británica. Al mismo tiempo, el comité destacó la importancia de buscar un consenso internacional sobre las reglas de actuación y afirmó que apoyaría los esfuerzos del Gobierno en ese sentido. El Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido, que forma parte del GCHQ, también ha subrayado que las capacidades cibernéticas ofensivas se emplearán «de conformidad con el derecho nacional e internacional».
Uso de la fuerza
Es muy poco probable que una operación cibernética británica lanzada contra otro Estado como represalia por una violación del derecho internacional alcance el umbral del «uso de la fuerza» en términos del derecho internacional. Si lo alcanzara, la única manera de justificarla conforme al derecho internacional sería invocar la legítima defensa prevista en el artículo 51 de la Carta de la ONU. Para poder acogerse a esa justificación, la violación en cuestión tendría que constituir un «ataque armado» contra el Reino Unido; además, este tendría que cumplir las demás condiciones del derecho a la legítima defensa, incluidos los requisitos de necesidad y proporcionalidad.
El umbral para determinar qué constituye un ataque armado es alto. En el ataque de Salisbury, como han sostenido algunos comentaristas, un ataque contra una persona, aunque constituya un delito interno e interfiera en los asuntos soberanos de otro Estado, además de poder tener consecuencias conforme al derecho internacional de los derechos humanos, difícilmente podría alcanzar el umbral de un ataque armado.
El umbral para determinar qué constituye un «uso de la fuerza» en las operaciones cibernéticas es mucho menos claro que en el caso del armamento cinético tradicional.
sin definir
Otro factor que el Reino Unido tendrá en cuenta en relación con las ofensivas cibernéticas es que, aunque no pretenda que una operación cibernética de represalia constituya un uso de la fuerza, existe el riesgo de que el Estado objeto del ataque, o incluso la comunidad internacional en su conjunto, la interprete como tal, lo que provocaría una escalada de la situación.
¿Podrían la destrucción de datos, la piratería de sitios web o la interrupción periódica de servicios en línea constituir una violación de la prohibición del uso de la fuerza?
El umbral para determinar qué constituye un «uso de la fuerza» en las operaciones cibernéticas es mucho menos claro que en el caso del armamento cinético tradicional. Esta es otra cuestión sobre la que el grupo de la ONU no ha logrado llegar a un acuerdo: el rechazo del texto propuesto por algunos Estados (entre ellos Cuba, Rusia y China) ha dejado el proceso estancado. Un informe de Microsoft ha instado a los Estados a actuar con moderación al llevar a cabo operaciones ofensivas y ha señalado que el objetivo último de las reglas que orientan las acciones ofensivas debería ser reducir los conflictos entre Estados.
El derecho internacional se aplica a las operaciones cibernéticas igual que a las demás actividades estatales. Sin embargo, sería muy deseable alcanzar nuevos acuerdos internacionales sobre cómo se aplica el derecho a estas operaciones. Mientras tanto, el Reino Unido tendrá presente que todo uso de ciberataques ofensivos entraña el riesgo de sentar un precedente y agravar una situación que probablemente ya sea políticamente frágil.
Los ciberataques ofensivos deben equilibrar la disuasión legítima y los riesgos de escalada, Joyce Hakmeh y Harriet Moynihan
