Han pasado ya 20 años desde que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la Resolución sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad.
Sin embargo, aún no se han logrado avances reales y las mujeres y las niñas siguen corriendo un gran riesgo de sufrir violencia.
Solo el 14% de las personas negociadoras de paz entre 2015 y 2019 eran mujeres.
Han pasado ya 20 años desde que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la Resolución sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad (Resolución 1325), que instó a la comunidad internacional a mejorar las condiciones de las mujeres y las niñas, en particular de quienes se ven afectadas por conflictos armados. En concreto, la Resolución 1325 estableció cuatro pilares para la acción mundial: prevención de conflictos, protección de las mujeres y las niñas, participación de las mujeres en la pacificación y la consolidación de la paz, y socorro y recuperación.
¿Cómo le ha ido al mundo? Para empezar, la Resolución 1325 incorporó a las mujeres a los debates generales sobre paz y seguridad, dominados durante mucho tiempo por los hombres. Ahora comprendemos mucho mejor las dimensiones de género de estas cuestiones y hemos desarrollado un lenguaje común para hablar de ellas.
Aun así, los avances logrados para mejorar realmente la situación de las mujeres y las niñas han sido decepcionantes. Hoy las mujeres y las niñas están apenas más seguras que en 2000. Se libran más guerras, con consecuencias devastadoras para la población civil atrapada en el fuego cruzado.
Aunque se han logrado avances considerables en la lucha contra el uso de la violencia sexual como arma y táctica de guerra, estas atrocidades siguen ocurriendo. Nuevos datos publicados el año pasado revelaron niveles récord de violencia política contra las mujeres. Y aunque el número de acuerdos de paz que mencionaban específicamente a las mujeres o el género aumentó en los años posteriores a la adopción de la Resolución 1325, la mitad de esos acuerdos aún no los mencionan.
Podría decirse que el tercer pilar de la Resolución 1325, la participación, es el más importante. Las mujeres deben tener voz en la forma de lograr y mantener la paz, proteger a las personas y reconstruir las sociedades después de un conflicto.
No se trata de la equidad de género por sí misma. Las mujeres y las niñas tienen intereses y perspectivas propios que deben tenerse en cuenta, y, por lo general, viven la inseguridad y los conflictos de manera muy distinta a los hombres y los niños. Por ejemplo, los matrimonios forzados (a menudo de menores) son más frecuentes durante los conflictos y después de estos. Por ello, es más probable que las mujeres que participan en misiones de paz se ganen la confianza de estos grupos de población afectados por conflictos que sus homólogos hombres. Además, los estudios sobre procesos de paz de los últimos 30 años sugieren que, cuando las mujeres tienen voz en las negociaciones, hay una probabilidad mucho mayor de alcanzar un acuerdo y de lograr una solución duradera.
Pero, en general, los avances han sido decepcionantes. Las mujeres dirigen solo cinco de las 19 operaciones de paz de la ONU que estaban activas a mediados de 2020, y ninguna de las 17 misiones y operaciones de la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea. Solo el 14% de las personas negociadoras de paz entre 2015 y 2019 eran mujeres.
Aunque podamos mejorar estas cifras principales, solo será posible lograr avances reales si también abordamos las desigualdades de género subyacentes. El hecho de que las mujeres vivan los conflictos de manera distinta a los hombres y queden tan a menudo excluidas de los procesos de paz refleja la desigualdad de los roles de género en las sociedades.
Por ejemplo, pensemos en cómo las crisis ambientales afectan a la paz y la seguridad. En zonas como el Cuerno de África y el Sahel, las sequías prolongadas han hecho que el agua dulce, las tierras cultivables y los pastizales sean cada vez más escasos, lo que afecta directamente a los medios de vida de las familias que dependen del pastoreo y de la agricultura de secano. Estas condiciones dan lugar a violentas disputas por los recursos, a migraciones en busca de vidas más seguras y a una desesperación generalizada que los grupos armados locales pueden aprovechar.
En estas comunidades agrícolas, las estructuras de trabajo y autoridad suelen implicar que las mujeres asuman la responsabilidad de identificar y afrontar la escasez de recursos. Sin embargo, por lo general son los hombres quienes poseen las tierras, negocian y toman decisiones sobre los planes a largo plazo y los gastos. Por tanto, el desafío planteado por la Resolución 1325 consiste tanto en cambiar las leyes y actitudes que excluyen a las mujeres como en reclutar a más mujeres para las misiones de paz y como asesoras.
En definitiva, el balance de 20 años de la Resolución 1325 muestra logros limitados. ¿Cómo podemos asegurarnos de que el balance de 2030 sea mejor? Para tomar prestada una frase de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, esta debe ser la década de la acción. El primer paso, y el más sencillo, es que los gobiernos, la ONU y las demás organizaciones internacionales que despliegan operaciones de paz establezcan objetivos numéricos para la participación de las mujeres y luego se aseguren de cumplirlos.
El segundo paso, más ambicioso, es elaborar o renovar los planes de acción para implementar la Resolución 1325. Hasta la fecha, solo 86 países —bastante menos de la mitad de los Estados miembros de la ONU— han elaborado planes nacionales, y algunos tienen más de una década. Los nuevos planes de acción deberían procurar aumentar la participación de las mujeres en todos los aspectos de la paz y la seguridad. Solo si las mujeres y las niñas están más seguras y se las acepta en puestos de toma de decisiones en circunstancias normales, es probable que estén más seguras y se las acepte en esos puestos en las circunstancias más extremas de los conflictos y la guerra.
La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU fue fruto del activismo de las mujeres por la paz y la justicia. Su objetivo último es romper de manera decisiva los ciclos de conflicto e inseguridad, para que la prevención, la protección, el socorro y la recuperación dejen de ser necesarios. Este sigue siendo un objetivo inspirador y urgente.
