Este artículo forma parte de la plataforma de Geoestrategia del Foro Económico Mundial
El colapso financiero y la hiperinflación han convertido a Venezuela en una zona de desastre económico.
La crisis ya no se limita a un solo país: refugiados y migrantes están llegando en masa a los países vecinos. Las epidemias y la delincuencia violenta cruzan las fronteras, poniendo en peligro el frágil proceso de paz de Colombia en las regiones fronterizas.
Mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, busca afianzar su control del poder, su país se hunde en un abismo de miseria.
La hiperinflación ha agravado la escasez de alimentos y medicamentos. Las epidemias de enfermedades prevenibles y la crisis de desnutrición infantil son cada vez más mortíferas. La delincuencia violenta se ha disparado.
Se estima que cuatro millones de venezolanos han emigrado, y decenas de miles cruzan cada mes la frontera con Colombia en busca de un nuevo hogar. Los vecinos de Venezuela, que antes observaban desde fuera sus tensiones internas, se enfrentan ahora a una catástrofe en sus puertas.
Los gobiernos latinoamericanos, la ONU, la Unión Europea y Estados Unidos deben redoblar sus esfuerzos para gestionar la crisis humanitaria, entre otras cosas, garantizando que los países vecinos dispongan de los recursos necesarios para hacerle frente.
También deberían presionar, idealmente junto con China, para reanudar las conversaciones entre el Gobierno y la oposición, con el objetivo de impulsar reformas que permitan una política más representativa y la recuperación económica; la amenaza de nuevas sanciones podría ayudar a inducir al Gobierno a hacer concesiones.
La turbulencia de 2017 ha agravado las penurias de Venezuela y la dificultad de encontrar soluciones.
Aunque el Gobierno ha sofocado meses de disturbios civiles, ha despojado de poder a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y ha establecido una nueva Asamblea Constituyente con autoridad sobre todas las instituciones venezolanas, ha hecho pocos esfuerzos por aliviar los problemas económicos del país.
En cambio, afirma que protege a la población venezolana de las potencias extranjeras y sus aliados internos, y denuncia los informes sobre la muy real crisis humanitaria como mentiras destinadas a provocar una «intervención imperialista». También bloquea los esfuerzos para proporcionar alimentos y ayuda médica.
El autoritarismo creciente durante los últimos años del mandato del expresidente Hugo Chávez y los primeros años de Maduro ha mutado hasta convertirse en una explotación partidista generalizada de las instituciones estatales y judiciales.
Se descarta la información que cuestiona las versiones oficiales: el Estado no publica datos económicos fiables ni estadísticas sanitarias creíbles. El impago total de la deuda externa parece ser solo cuestión de tiempo. La escasez y el hambre han provocado un aumento de los saqueos, aunque estos siguen siendo esporádicos.
El deterioro del sector público ha dejado una profunda huella en las regiones periféricas. En su búsqueda de divisas, el Gobierno ha reservado más de 100.000 kilómetros cuadrados para la minería. La falta de regulación propicia la connivencia entre los militares, las bandas criminales y las guerrillas colombianas.
Los migrantes que se dirigen a Colombia deben esquivar a las fuerzas de seguridad estatales enfrentadas entre sí y a los grupos armados irregulares en las zonas fronterizas. Tras cruzar la frontera, los más pobres se ven obligados a ganarse la vida como pueden en una región con una de las tasas de desempleo más altas de Colombia.
La malaria vuelve a ser común y se está propagando a través de las fronteras. Han reaparecido enfermedades que se habían erradicado, como el sarampión y la difteria.
Pese a su pésimo historial económico, el Gobierno ocupa una posición sólida.
La oposición venezolana está dividida y carece de rumbo. Una parte considerable del electorado votará por Maduro, ya sea por lealtad o por depender del Gobierno para recibir raciones de alimentos y otros productos subvencionados. La autoridad electoral sigue bajo el control del Ejecutivo y ha demostrado estar dispuesta a manipular las reglas a favor del partido gobernante e incluso, en una ocasión, aparentemente a cometer un fraude descarado.
Las facciones más radicales de la oposición esperan que un embargo petrolero de Estados Unidos o una intervención extranjera sirvan de atajo para una transición, pero los peligros que entrañarían esas medidas en un país asediado por la violencia y el hambre son demasiado grandes para aceptarlos. En cambio, los gobiernos latinoamericanos, junto con las potencias occidentales y otras, deberían aprovechar el amplio consenso internacional y regional sobre la difícil situación de Venezuela para intensificar los esfuerzos por resolver la crisis.
La primera prioridad es aliviar el sufrimiento humano.
El Gobierno de Maduro debería aceptar la creación de un grupo tripartito, propuesto por organizaciones humanitarias, integrado por representantes del Estado venezolano, la sociedad civil y organismos especializados de la ONU, que coordinaría la prestación de asistencia humanitaria. Ese organismo debería abordar los temores del Gobierno de que permitir a los grupos de ayuda entregar alimentos facilitaría la injerencia externa. La ONU debería trabajar con los vecinos de Venezuela para ayudarles a atender a los venezolanos que abandonan su país.
La segunda prioridad es reanudar las conversaciones entre el Gobierno y la oposición. Lo ideal sería que el Gobierno aplazara las próximas elecciones presidenciales, pero, aunque se celebren, la prioridad después debería ser volver rápidamente a negociaciones sustantivas.
Estados Unidos, Canadá y la UE han impuesto sanciones al Gobierno, y varios líderes regionales están considerando hacer lo mismo. Por sí solas, esas sanciones rara vez resultan eficaces. Sin embargo, en el caso de Venezuela, la amenaza de nuevas sanciones, especialmente las impuestas por gobiernos latinoamericanos, podría mejorar las perspectivas de negociación, siempre que fuera acompañada de una diplomacia renovada y vinculada a concesiones específicas y realistas que se exijan al Gobierno de Maduro.
Las conversaciones deberían centrarse no solo en reformas electorales específicas, sino también en medidas de transición más amplias, como la representación de la oposición en instituciones estatales clave, la reforma económica y garantías para los altos cargos del régimen en caso de que finalmente pierdan el poder.
Aunque las rondas anteriores han fracasado, las negociaciones entre el régimen y la oposición, facilitadas por líderes regionales u otros, respaldadas por una presión internacional concertada y encaminadas a establecer un orden político más inclusivo y restablecer los controles y equilibrios, siguen siendo la única salida de la crisis.
Recomendaciones
Para hacer frente a la crisis humanitaria provocada por la escasez de alimentos, medicamentos y otros productos básicos, así como a la migración masiva resultante hacia los países vecinos:
El Gobierno venezolano debería facilitar el suministro de alimentos, medicamentos y otros insumos esenciales para salvar vidas por parte de organizaciones humanitarias internacionales, entre otras cosas, flexibilizando los controles a las importaciones y al cambio de divisas, y poner fin a la persecución de quienes buscan aliviar el sufrimiento.
También debería aceptar la formación del grupo tripartito propuesto por organizaciones humanitarias, integrado por representantes del Estado, la sociedad civil y organismos especializados de la ONU, cuyo único objetivo sería coordinar la prestación de asistencia humanitaria conforme a principios de estricta neutralidad.
La ONU debería dar seguimiento al compromiso del secretario general António Guterres de prestar asistencia a los vecinos de Venezuela para ayudarles a afrontar la crisis migratoria; también debería proporcionar información clara y pública sobre cuestiones como la salud, el bienestar y los programas sociales.
Los vecinos inmediatos de Venezuela deberían trabajar con organismos multilaterales, en particular con la ONU, para garantizar que se atiendan adecuadamente las necesidades de los migrantes y que se proteja de la mejor manera posible a quienes corren riesgo de ser víctimas de trata, incluidas las mujeres y las niñas.
Colombia debería adaptar su legislación migratoria y las normas que rigen los servicios educativos y sanitarios para eliminar los obstáculos burocráticos a su prestación a los migrantes.
Contener las ondas de choque que llegan desde Venezuela, International Crisis Group
