Francia cerrará la Torre Eiffel y otros lugares turísticos emblemáticos de París, y desplegará a miles de efectivos de seguridad adicionales el sábado para contener una nueva oleada de protestas violentas en el país por el coste de la vida.
Con los manifestantes del movimiento de los “chalecos amarillos” convocando en las redes sociales un “Acto IV”, es decir, un cuarto fin de semana de protestas, el primer ministro Édouard Philippe anunció que 89.000 agentes de policía serían desplegados en todo el país para evitar que se repita el caos del pasado sábado en Francia.
Unos 8.000 de estos agentes se desplegarán en París, donde los alborotadores incendiaron coches y saquearon tiendas en el famoso bulevar de los Campos Elíseos, y pintaron grafitis contra el presidente Emmanuel Macron en el Arco del Triunfo.
Con el objetivo de recuperar la iniciativa tras semanas de disturbios civiles, el Gobierno parecía dispuesto a ofrecer concesiones.
Philippe declaró ante el Senado que estaba abierto a nuevas medidas para ayudar a los trabajadores peor remunerados, mientras que el ministro de Economía, Bruno Le Maire, afirmó estar dispuesto a acelerar las reducciones de impuestos para los hogares y que deseaba que las primas de los trabajadores estuvieran exentas de impuestos.
“Estoy dispuesto a estudiar todas las medidas que ayuden a aumentar el salario de quienes perciben el salario mínimo, sin causar un daño excesivo a nuestra competitividad y a las empresas”, declaró Philippe ante la cámara alta del Parlamento.
La oleada de medidas paliativas para calmar la ira ciudadana comenzó con la retirada de Philippe respecto a la subida de los impuestos sobre los carburantes, el primer gran giro de la presidencia de Macron.
Sin embargo, cinco días después de los peores disturbios que ha vivido el centro de París desde 1968, todos los indicios apuntan a que el Gobierno no ha logrado sofocar la revuelta.
Una repetición de la violencia del pasado sábado en el centro de París supondría un golpe para la economía y generaría dudas sobre la supervivencia del Gobierno.
Mantenimiento del orden
Philippe afirmó que el Estado haría todo lo posible por mantener el orden. Se han cancelado seis partidos de la primera división de fútbol.
Las autoridades de París ordenaron el cierre, el sábado, de decenas de museos, lugares turísticos, tiendas y restaurantes, incluidos la Torre Eiffel y el Louvre.
También se pidió a las autoridades locales de 15 zonas de la capital que retiraran de las calles cualquier objeto que pudiera utilizarse como proyectil.
“Nos enfrentamos a personas que no están aquí para protestar, sino para destrozar, y queremos disponer de los medios para no darles libertad de acción”, declaró Philippe en el informativo de la noche de la cadena TF1.
Además del aumento del número de agentes, se utilizarían doce vehículos blindados de la gendarmería, por primera vez en una ciudad francesa desde 2005, año en que estallaron disturbios en los suburbios de la capital.
Existe preocupación por los grupos de extrema derecha, anarquistas y anticapitalistas, como el Black Bloc, que se han sumado al movimiento de los ‘chalecos amarillos’.
El Gobierno también estudia utilizar tropas que actualmente patrullan para luchar contra el terrorismo para proteger los edificios públicos.
Otras localidades de todo el país, entre ellas Burdeos, adoptaron medidas preventivas por temor a que los manifestantes optaran por concentrarse a nivel regional en lugar de enfrentarse a la mayor seguridad de París.
May sufre derrotas al comenzar el debate sobre el Brexit
En Facebook y en las redes sociales en general, los manifestantes convocaron el “Acto IV”.
“¡Francia está harta! Estaremos allí en mayor número, más fuertes, defendiendo a los franceses. Nos vemos en París el 8 de diciembre”, rezaba la pancarta de un grupo.
Concesiones
Las protestas, que deben su nombre a los chalecos fluorescentes de seguridad que los automovilistas franceses deben llevar en sus vehículos, estallaron en noviembre por el deterioro de los presupuestos domésticos provocado por los impuestos sobre los carburantes. Las manifestaciones crecieron rápidamente hasta convertirse en una amplia rebelión, en ocasiones violenta, contra Macron, sin un líder formal.
Sus reivindicaciones son diversas e incluyen la reducción de impuestos, salarios más altos, costes energéticos más baratos, mejores prestaciones de jubilación e, incluso, la dimisión de Macron.
La marcha atrás en las subidas de los impuestos sobre los carburantes previstas para el próximo año ha dejado un enorme agujero de 4.000 millones de euros en el presupuesto del Gobierno para 2019, que ahora busca la forma de cubrirlo.
Citando fuentes anónimas, el diario económico Les Echos afirmó que el Gobierno estudiaba aplazar la reducción del impuesto de sociedades prevista para el próximo año o posponer un aumento del salario mínimo.
Los disturbios han puesto de manifiesto el profundo resentimiento de los habitantes no urbanos hacia Macron, cuya popularidad se sitúa actualmente en torno al 20 por ciento, y a quien consideran desconectado de la clase media, muy presionada, y de los trabajadores manuales. Ven al antiguo banquero de inversiones de 40 años como alguien más cercano a las grandes empresas.
Macron también tiene otros problemas. El jueves, estudiantes de secundaria bloquearon el acceso a más de 200 institutos de todo el país y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. Según informaron los medios franceses, unos 700 estudiantes fueron detenidos.
Los agricultores y camioneros también amenazan con bloqueos y huelgas a partir del domingo.
