La violencia mortal en el Sahel se agrava y se extiende. Para acabar con ella se necesita algo más que una estrategia militar

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Este artículo forma parte de la plataforma Geoestrategia del Foro Económico Mundial

La situación de seguridad en el Sahel empeora. La región ha sufrido un fuerte repunte de la violencia mortal en el primer semestre del año, y los grupos armados siguen extendiendo su presencia hacia el sur, amenazando ahora la costa del oeste de África.

Los grupos armados atacan a diario a las fuerzas armadas y a la población civil, mientras que las milicias de autodefensa han matado a cientos de personas y arrasado aldeas enteras. Los actores de seguridad nacionales e internacionales, pese a los esfuerzos renovados y las nuevas estrategias, no logran contener la violencia.

Los grupos armados, especialmente el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (conocido por su acrónimo árabe JNIM), una coalición vinculada a Al-Qaeda formada por diversos grupos islamistas armados y fundada en marzo de 2017, han logrado ampliar su alcance territorial, reclutar personal y llevar a cabo ataques de gran escala y sofisticados.

Entre las numerosas razones del éxito de JNIM, la más preocupante es la forma en que utiliza la violencia para desestabilizar a las comunidades, aprovechando las líneas de fractura existentes para avivar los conflictos locales. En Malí, esta estrategia ha causado la muerte de cientos de personas en Bandiagara, Bankass y Koro, distritos de la región central de Mopti.

Image: Africa Center for Strategic Studies


La violencia comunal y la competencia por el acceso a la tierra no son nuevas en Malí, pero sí lo son su escala y su naturaleza, hasta el punto de que los analistas la han caracterizado como limpieza étnica, algo que la región nunca había experimentado antes.

En efecto, a medida que los grupos armados se extendían por la región, las comunidades bambara y dogón empezaron a organizar milicias de autodefensa para protegerse. En ausencia de presencia estatal, tomaron las armas contra los grupos armados y contra el pueblo fulani, al que acusan de aliarse con esos grupos, una acusación que utilizan para atacar de forma indiscriminada a las comunidades fulani.

La situación actual es distinta de la crisis que estalló en 2012, cuando un grupo tuareg, el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA), se alió con Ansar Dine y con el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO) para luchar por un Estado independiente en el norte de Malí. Desde entonces, los frentes han cambiado.

Los grupos armados que fueron expulsados de las principales ciudades por la Operación Serval francesa en 2013 se dispersaron, se reorganizaron y se extendieron.

· La primera expansión de los grupos armados fue del norte de Malí al centro de Malí a principios de 2015 (impulsada por el Frente de Liberación de Macina);

· La segunda tuvo lugar a finales de 2016, hacia el oeste de Níger (principalmente el Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS)) y el norte de Burkina Faso (Ansarul Islam, un grupo burkinés local con vínculos con Al-Qaeda);

· La tercera expansión de los grupos armados se produjo a principios de 2018, hacia el este de Burkina Faso, donde todos los grupos (JNIM, EIGS y Ansarul Islam) han establecido bases;

· Y la cuarta oleada podría llevar a los grupos armados a extender su alcance a Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín.

Nuevas prioridades para nuevos frentes de batalla

Operación Barkhane

Barkhane es una fuerza antiterrorista de 4.500 efectivos, liderada por Francia, que combate la propagación de la amenaza yihadista en el Sahel. Por ello, se mantiene alejada de Bandiagara, Bankass y Koro.

En este momento, las actividades antiterroristas se centran en dos regiones: la zona fronteriza entre Malí y Níger, Liptako, y la zona entre Malí y Burkina Faso, Gourma. Estas zonas se convirtieron en un punto de paso estratégico cuando los grupos armados (EIGS, JNIM y Ansarul Islam) se trasladaron al norte de Burkina Faso y al oeste de Níger a finales de 2016. Desde entonces, han utilizado las zonas fronterizas, en gran medida desprotegidas, para lanzar y retirarse tras los ataques, y para obtener suministros para nuevas operaciones.

La participación de Barkhane en la región de Liptako se remonta a 2017, cuando el EIGS comenzó a atacar la zona fronteriza. Más reciente es su traslado a la región de Gourma. En abril de 2019, construyeron una nueva base en Gossi y participaron en múltiples operaciones de seguridad conjuntas con las fuerzas malienses y burkinesas.

Pese al aumento de la presencia francesa en esta zona, los avances militares siguen siendo limitados. Ambas partes apenas llegan a enfrentarse directamente. Los grupos armados emplean tácticas de guerrilla, dependen en gran medida de artefactos explosivos improvisados y se esconden entre la población civil antes y después de lanzar ataques.

Barkhane trata, por tanto, de reforzar el componente de desarrollo de su operación y de centrarse en ganarse la confianza de la población local y en abordar las causas más amplias de la violencia, como las tensiones comunales y el bandidaje. Los críticos han subrayado que esta estrategia pretende, en cambio, reforzar la legitimidad de Francia en la región, a expensas de la de las autoridades malienses.

MINUSMA

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovó por un año más el mandato de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) el 28 de junio, y mantuvo su contingente en 13.289 efectivos militares y 1.920 agentes de policía.

La aplicación del acuerdo de paz de 2015 en el norte de Malí siguió siendo la prioridad estratégica de la misión, pero el nuevo mandato incluye una segunda prioridad estratégica: la aplicación de un plan integral para reducir la violencia comunal y restablecer la presencia y la autoridad del Estado en el centro de Malí. La MINUSMA no esperó a la renovación de su mandato para hacerlo; en mayo estableció un nuevo sector («sector centro»), con sede en Mopti, y puso en marcha la Operación Oryx para establecer una presencia disuasoria en los distritos de Bankass, Bandiagara y Koro, lo que permitió a las fuerzas armadas malienses centrarse en la zona fronteriza con Burkina Faso.

El mandato revisado es, en teoría, un avance bienvenido. Sin embargo, la falta de recursos ha obstaculizado los esfuerzos de la MINUSMA en el pasado. Seguirá haciéndolo con un mandato ampliado que no ha sido respaldado con el compromiso de más fondos. En definitiva, el mandato llega demasiado tarde y resulta insuficiente.

El centro de Malí lleva sumido en la violencia desde 2015. La población de esa zona tiene dificultades para entender por qué los cascos azules se han centrado durante tanto tiempo en el norte de Malí y en la aplicación del acuerdo de paz. La legitimidad de la MINUSMA, ya de por sí bastante baja, sufrió un golpe aún mayor a principios de este año, durante las oleadas de violencia de represalia entre comunidades, pues no fue capaz de proteger a los civiles.

Esfuerzos regionales

El secuestro de dos turistas franceses en mayo de 2019 en el norte de Benín, en la frontera con Burkina Faso, fue un duro recordatorio de que los grupos armados operan a través de las fronteras y constituyen una amenaza real para Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín. Estos países han adoptado medidas preliminares, han creado diversos comités, han llevado a cabo varias operaciones antiterroristas y han desplegado soldados en las zonas fronterizas para hacer frente a la creciente amenaza.

Además de los esfuerzos nacionales, en los últimos meses se ha debatido ampliamente sobre marcos de cooperación regionales. Las preocupaciones, los desafíos y las soluciones, en especial la necesidad de mecanismos de cooperación más amplios para responder a la expansión de los grupos armados, no son nada nuevo y ya se han señalado en repetidas ocasiones. No obstante, el tono alarmante del lenguaje utilizado y el llamamiento a la acción parecen indicar una creciente conciencia colectiva y un sentido de urgencia.

Aunque la Fuerza Conjunta del G5 Sahel (FC-G5S), creada en julio de 2017, ya está en pie, todavía carece de plena capacidad operativa y le ha costado encontrar su lugar en la región. Desde enero de 2019 solo ha llevado a cabo operaciones limitadas, tras reanudarlas después del ataque de JNIM contra su cuartel general en Sévaré, Mopti, el 29 de junio de 2018. La mayoría de las operaciones conjuntas se llevan a cabo de forma bilateral entre Malí, Burkina Faso, Níger y Francia.

Francia y Alemania anunciaron su intención de reforzar y ampliar su apoyo al G5 Sahel mediante la creación de una nueva plataforma, la «Asociación para la Estabilidad y la Seguridad en el Sahel» (P3S), para volver a involucrar a los países de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) en el entorno de seguridad.

Los países de la CEDEAO han estado debatiendo la posible activación de su Fuerza de Reserva de la CEDEAO y se comprometieron a aportar 1.000 millones de dólares de 2020 a 2024 para reforzar las operaciones militares nacionales y conjuntas en curso durante la cumbre de septiembre en Uagadugú. Si bien la considerable cuantía del compromiso demuestra que los países de la CEDEAO se toman en serio la amenaza de expansión y quieren evitar que escale, no está claro qué papel quiere desempeñar la comunidad en el entorno actual y junto a las demás iniciativas de seguridad.

Más allá de las respuestas militares

Pese a los esfuerzos internacionales y regionales, la actividad de los grupos armados parece haber seguido creciendo de forma constante. Prevenirla solo será posible con un cambio de paradigma. La primera prioridad debería ser garantizar un plan de seguridad coordinado que involucre a todos los Estados afectados. En lugar de crear nuevas plataformas en un entorno de seguridad ya saturado, los actores deberían reforzar las existentes compartiendo buenas prácticas y fomentando la sinergia y la cooperación impulsada a nivel local.

Esta estrategia debe centrarse en evitar que se avive la tensión con estrategias antiterroristas agresivas que dan lugar a graves violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y refuerzan la falta de confianza entre la población y las autoridades.

Además, las fuerzas armadas de la región no pueden seguir delegando las responsabilidades de seguridad en las milicias de autodefensa, ya que esto alimenta las tensiones comunales y proporciona un terreno fértil para los grupos armados.

La segunda prioridad debería ser abordar las causas socioeconómicas y políticas de la inseguridad. La forma más eficaz de hacerlo sería permitir que los objetivos de seguridad a corto plazo cedan paso a esfuerzos de desarrollo, sociales y políticos a largo plazo, con el objetivo último de fomentar la confianza entre la población y sus autoridades.

Abordar los agravios locales con un enfoque de abajo arriba y mediante el desarrollo de la gobernanza local, una política inclusiva y la descentralización, que se prometió desde la década de 1990 pero nunca se aplicó seriamente, debería situarse en el centro de las prioridades de los actores.

África Occidental: estrategias cambiantes en el Sahel, Flore Berger, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos

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