Este artículo forma parte de la plataforma de Geoestrategia del Foro Económico Mundial
La idea de un “nuevo centro” o “tercera vía”, una combinación de doctrinas económicas neoliberales y políticas sociales que supuestamente superaría la dicotomía entre los paradigmas de economía mixta y de libre mercado, dominó más o menos la política de Estados Unidos y Europa durante las últimas dos décadas.
Pero hoy, este consenso centrista se ha visto trastocado por una oleada de partidos populistas y nacionalistas, escribe Giulio Boccaletti en Seguridad hídrica en una nueva era del nacionalismo.
Muchos han ganado el apoyo de sus electorados cuestionando los beneficios del libre comercio y la globalización (así como de las instituciones internacionales que los respaldan), mientras aplican políticas económicas nacionales expansivas.
El impacto de esta agenda política en el desempeño económico y el bienestar público aún está por verse. Sin embargo, una de las primeras pruebas para los líderes nacionalistas podría ser su capacidad para satisfacer las necesidades hídricas de sus países.
La economía del agua
La seguridad hídrica es una de las expresiones más fundamentales del contrato social que une a los ciudadanos con el Estado. Su valor para la sociedad no reside en el recurso hídrico en sí, sino en la infraestructura y en las instituciones que garantizan suministros fiables de agua para el riego y el consumo, y que protegen los hogares y las empresas de las inundaciones.
La gestión del agua es un bien público esencial y un monopolio natural. El fallo puede ser catastrófico: en julio, las inundaciones en Japón causaron cientos de muertos y dejaron a cientos de miles de personas más sin agua potable. Pero el sector público a menudo no puede reunir el capital considerable que se necesita para garantizar la seguridad hídrica, lo que obliga a las sociedades a movilizar capital privado.
El agua es también un bien privado, una mercancía que puede comprarse a un proveedor. Con frecuencia, las sociedades gestionan el suministro de agua mediante mecanismos de mercado o sistemas tarifarios que operan en el margen económico.
Aunque un individuo podría asignar un valor relativamente bajo a una cantidad adicional de agua, el coste total de garantizar que el agua esté disponible suele ser mucho mayor. Este coste elevado puede agravar la desigualdad e incluso provocar problemas graves cuando los ingresos de una comunidad no bastan para sostener la inversión necesaria para suministrar agua y el sistema se desmorona.
El caso de Flint, en Míchigan, es un ejemplo flagrante. Después de que el estado asumiera el control financiero de la ciudad en dificultades, un gestor de emergencia nombrado por el gobernador cambió la fuente de agua potable de la ciudad del sistema de agua de Detroit al río Flint sin tratar adecuadamente el agua. La peligrosa contaminación resultante desembocó en una crisis sanitaria hoy bien documentada.
Garantizar la seguridad hídrica exige un equilibrio matizado entre el respaldo público explícito e implícito, los incentivos privados y las instituciones.
El éxito de la agenda política actual, y del contrato social implícito en ella, dependerá de su capacidad para aprender las lecciones del pasado.
Tres tendencias emergentes sugieren que esa prueba podría llegar antes de lo que se espera.
1. Nacionalización de infraestructuras
En los últimos años se ha intensificado en Europa el llamamiento a nacionalizar las empresas de agua (incluido el Reino Unido, que en su día fue pionero en la privatización) y a aumentar la propiedad pública de la infraestructura hídrica.
Aunque es claramente necesario aumentar las inversiones, garantizar la seguridad hídrica y poseer activos no son lo mismo. El agua es un monopolio natural, por lo que su calidad y el acceso a ella dependen de la eficacia de la regulación y la supervisión, tanto si la gestionan empresas privadas, entidades públicas corporativizadas o departamentos del sector público.
La propiedad pública no es una respuesta a los problemas de suministro de agua; más bien, es una decisión sobre qué riesgos asumen los contribuyentes. El sector público casi siempre será el garante de último recurso frente a pasivos contingentes e impredecibles, como sequías o inundaciones destructivas. Debe examinarse con cuidado si también debería inmovilizar capital escaso en la propiedad de activos. Las entidades públicas, especialmente las más pequeñas, pueden no tener acceso a capital suficiente para poseer y mantener activos frente a la depreciación, lo que podría deteriorar aún más la seguridad hídrica.
2. Tecnologías distribuidas
Una corriente de tecnoentusiasmo en los movimientos políticos emergentes se explica en parte por la percepción de que las redes y los medios sociales empoderan al individuo y “democratizan” los servicios. Este entusiasmo conduce de forma natural a preferir soluciones distribuidas; sin embargo, estas tecnologías distribuidas pueden tener consecuencias no deseadas.
Consideremos la infame sequía de Ciudad del Cabo, durante la cual los ricos gastaron millones de dólares para aislarse de un posible fallo del sistema público de agua, comprando equipos de desalinización o perforando pozos privados para extraer agua de depósitos subterráneos, mientras quienes tenían menos recursos esperaban con ansiedad a ver si los grifos seguían funcionando.
Las soluciones individuales y distribuidas ocultan una peligrosa transición desde los servicios públicos financiados colectivamente como bienes públicos hacia bienes privados que dependen por completo de los mercados. Quien pueda comprar, comprará; y quien no pueda —y siempre habrá algunos, por barata que sea la solución— no lo hará, lo que deteriorará la seguridad hídrica general de la sociedad.
3. Protección ambiental
La seguridad hídrica requiere un enfoque sistémico, en el que el medio ambiente cumple una función fundamental. El agua no se asegura solo construyendo, por ejemplo, un gran colector bajo Londres, sino gestionando el territorio de toda la cuenca. La degradación de la cuenca afecta directamente a la cantidad y la calidad del agua disponible para los ciudadanos y las industrias; y la cantidad y el tipo de zonas verdes dentro de una ciudad determinan su capacidad para absorber y filtrar el agua de lluvia y evitar que los sistemas de alcantarillado se desborden.
Los países no pueden garantizar la seguridad hídrica de forma eficaz y sostenible sin invertir en su capital e infraestructura naturales. A medida que se cuestionan las políticas de protección ambiental consolidadas y acordadas a nivel regional, las consecuencias no deseadas de la desregulación pueden manifestarse rápidamente a través del agua.
Los planes del Gobierno británico para las normas y la gobernanza ambientales tras el Brexit, por ejemplo, podrían traducirse en un deterioro de las normas exigidas por la directiva marco de la UE sobre el agua , que reconoce la gestión ecológica como parte integral del sector hídrico. Sin ella, el papel fundamental de los servicios ecosistémicos podría verse afectado.
Política pasada y futura
En la era del cambio climático, los problemas ambientales son problemas geopolíticos. Sin señales de que esta ola actual de sentimiento nacionalista vaya a disminuir, la seguridad hídrica podría convertirse en un punto de tensión para los políticos de distintos países, revelando vulnerabilidades inesperadas.
La antigua agenda centrista no gestionó adecuadamente la complejidad de la seguridad hídrica. Su énfasis en la globalización, el acceso a los mercados y el consumo dejó como legado una infraestructura hídrica con inversiones insuficientes, lo que hizo a las sociedades menos resilientes ante el cambio climático y los fenómenos extremos.
En muchos países, es probable que la inseguridad hídrica empeore, lo que tendrá repercusiones materiales en las ciudades, en la producción industrial y agrícola y en las comunidades vulnerables. La nueva ola de políticos populistas se enfrentará a decisiones complejas sobre el respaldo soberano, el despliegue de capital por parte de las instituciones públicas y regulaciones de mercado sofisticadas. Es inherente a la promesa populista que la resiliencia de estos políticos dependerá de la de la sociedad en su conjunto. La seguridad hídrica será una prueba material para ambos.
Seguridad hídrica en una nueva era del nacionalismo, colaborador Giulio Boccaletti, New Security Beat, el blog del Programa de Cambio Ambiental y Seguridad del Wilson Center
