Hace una década, los reguladores y el público daban por sentado que el auge de las plataformas digitales y su promesa de eliminar intermediarios y cuellos de botella ofrecerían nuevas oportunidades económicas a quienes habían quedado excluidos por los actores establecidos. Hoy, un puñado de empresas controla porciones inimaginables de la actividad económica y el capital de inversión del mundo.
Hace una década, el auge de las redes sociales parecía anunciar una edad de oro del periodismo ciudadano y de los movimientos prodemocráticos en todo el mundo; hoy vemos que estas mismas plataformas se utilizan para difundir teorías conspirativas, discursos de odio y noticias falsas destinadas a socavar nuestra democracia y sembrar desconfianza en nuestras instituciones gubernamentales fundamentales.
Como resultado, entre los reguladores nacionales y mundiales se ha instalado una sensación de urgencia que roza el pánico. Hemos pasado muy rápidamente del consenso de dejar las plataformas digitales sin regulación a las exigencias de que los reguladores limiten su poder aparentemente ilimitado, ya sea dividiéndolas en empresas más pequeñas o regulando estrictamente el contenido y los servicios que ofrecen. Solo el mes pasado, el Parlamento Europeo aprobó una ley que obliga a las plataformas digitales a retirar el «contenido terrorista» en la hora siguiente a su designación, mientras que un destacado candidato presidencial estadounidense ha pedido dividir las plataformas digitales en empresas minoristas y empresas de alojamiento de plataformas independientes, en nombre de la competencia.
Por otro lado, hay quienes siguen defendiendo el statu quo. Sostienen que, sean cuales sean los daños causados por las plataformas digitales, seguramente quedan eclipsados por los beneficios que ofrecen. Creen que imponer una regulación gubernamental masiva a las plataformas digitales no solo nos privará de los posibles beneficios futuros que prometen; hoy, gran parte de nuestro comercio y nuestras comunicaciones tienen lugar en estas plataformas, por lo que los cambios radicales en el régimen regulatorio causarán más trastornos y daños que cualquiera de los perjuicios identificados por los reguladores. Argumentan que el costo de la regulación consolidará el poder de mercado de los actores establecidos y bloqueará la entrada de nuevos competidores. A su juicio, los esfuerzos por frenar las noticias falsas y los discursos de odio terminarán socavando el libre intercambio de ideas, esencial para una sociedad libre y democrática.
Cada parte de este debate acusa a la otra de actuar de mala fe y de recurrir a una retórica distópica y exagerada. Ambas cuentan con un suministro inagotable de ejemplos del mundo real: desde la manipulación de Facebook por parte del Gobierno de Myanmar para promover la limpieza étnica, por un lado, hasta el uso de Facebook para documentar la brutalidad policial, por otro. Quienes apoyan la desregulación señalan la cantidad de empresas independientes que estas plataformas hacen posibles, mientras que quienes favorecen la regulación económica destacan la capacidad de estas compañías para aplastar a sus competidores y dictar las reglas del comercio internacional en su propio beneficio.
Ya hemos pasado por esto
Aunque a primera vista pueda parecer que tecnologías anteriores, como el teléfono o la televisión, tienen poco en común con internet y las plataformas digitales, debemos recordar que en su época también fueron igual de disruptivas. Al igual que las plataformas digitales, su capacidad para facilitar la comunicación y difundir contenido simultáneamente a millones de personas en todo el mundo cuestionó de manera fundamental todos los aspectos del comercio y la sociedad civil: creó nuevas oportunidades económicas y sociales, prometió democratizar el contenido y abrió la puerta al acoso y la demagogia a una escala sin precedentes.
La buena noticia es que ya hemos pasado por esto. La mala noticia es que los problemas son reales. Sabemos cómo resolverlos y contamos con un conjunto de valores perdurables que han resistido el paso del tiempo y pueden guiarnos. Pero hacerlo bien lleva tiempo y no hay atajos. Nuestros valores democráticos deben guiarnos, y las lecciones del pasado deben servirnos de orientación; sin embargo, solo un debate riguroso y transparente puede sortear las inevitables disyuntivas entre promover la competencia y promover la eficiencia, así como entre proteger al público del contenido dañino y respetar la libertad de expresión.
¿Cómo seguimos adelante?
Hoy, mi empleador, Public Knowledge, en colaboración con el Roosevelt Institute, publica un libro electrónico que examina el marco para abordar estas exigencias urgentes y aparentemente contradictorias en torno a las plataformas digitales. La defensa de la Ley de Plataformas Digitales: estructura del mercado y regulación de las plataformas digitalesanaliza los últimos 150 años de regulación de las telecomunicaciones y los medios electrónicos para orientar cómo podemos regular las plataformas digitales de manera coherente con nuestros valores perdurables como sociedad democrática, alcanzando el equilibrio adecuado entre la supervisión gubernamental y la libertad de innovar.
El libro propone una definición universal de «plataforma digital», necesaria para establecer un regulador sectorial capaz de ejercer una supervisión adecuada y específica para el sector, promover la competencia, abordar la moderación de contenidos, proteger debidamente a los consumidores y velar por la seguridad pública. Dado que las plataformas digitales suelen poner en entredicho los conceptos tradicionales de los mercados antimonopolio y los parámetros habituales del poder de mercado, proponemos una nueva métrica: el «costo de exclusión». Al reconocer que el poder de las plataformas digitales se deriva de los potentes efectos de red que permiten los mercados flexibles y multisectoriales, el costo de exclusión mide el costo que supone para una persona o empresa quedar excluida de la plataforma. Esta métrica está diseñada con suficiente flexibilidad para aplicarse tanto al costo económico de la exclusión como al costo que afrontan las personas al quedar excluidas de plataformas cada vez más centrales para el debate cívico y la esfera pública.
El libro examina la amplia gama de herramientas favorables a la competencia utilizadas en todo el mundo para pasar de la regulación monopolística de las telecomunicaciones y los medios de comunicación a un marco competitivo que también responda al interés público. En vez de recomendar una solución concreta, propone que los gobiernos faculten a un regulador nacional específico, capaz de abordar de manera integral la multitud de problemas que plantean las plataformas digitales. Aunque lo escribió un defensor estadounidense para el Congreso de Estados Unidos y los reguladores estadounidenses, La defensa de la Ley de Plataformas Digitalestambién ofrece un marco inicial útil para los responsables de formular políticas de todo el mundo. Recomienda a los gobiernos:
1) Adoptar una regulación integral y específica para el sector, facultando a un único regulador para supervisar las plataformas digitales, en vez de recurrir a múltiples organismos que apliquen una combinación de políticas de competencia, moderación de contenidos, protección del consumidor y seguridad pública. Solo si reconocen la naturaleza singular de las plataformas digitales podrán los gobiernos garantizar políticas integrales y adecuadas en todos estos ámbitos.
2) Orientar al regulador sectorial sobre la base de valores perdurables: promover mercados competitivos, proteger a los consumidores, fomentar la libertad de expresión y la producción de noticias, proteger del acoso a los miembros vulnerables de la sociedad y aprovechar las capacidades del sector para proteger la seguridad pública.
3) Los gobiernos deben reconocer que, si bien no debemos permitir que la complejidad de la tecnología y las difíciles disyuntivas sociales y económicas nos paralicen, tampoco debemos apresurarnos a aprobar leyes generales de amplio alcance que generen consecuencias imprevisibles. En cambio, los gobiernos deberían dotar al nuevo regulador sectorial de una amplia variedad de herramientas para abordar los numerosos problemas que plantea un sector tan importante y diverso.
4) Debemos reconocer que establecer una regulación eficaz e integral de un sector tan importante lleva tiempo. Ninguna ley funcionará a la perfección el primer día, ni siquiera el día 1.000. En el futuro próximo, seguiremos volviendo sobre estas cuestiones importantes.
Creo que este marco nos permitirá avanzar de una manera que sitúe nuestros valores perdurables en el centro y garantice que las plataformas digitales sirvan al interés público.
