La transición hacia una economía sin emisiones de carbono puede tener efectos negativos en los trabajadores y las comunidades.
El World Resources Institute (WRI) explica cómo el movimiento por una «transición justa» pretende reducir estos efectos y garantizar una distribución equitativa de los beneficios.
Destaca cinco factores clave que explican los avances de Sudáfrica en su camino hacia una transición justa.
Entre ellos figuran la participación plena y constante de todas las partes interesadas y la elaboración y adopción de un marco viable.
Cada país afrontará sus propios retos específicos durante la transición mientras trabaja para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, afirma el WRI.
El movimiento por una «transición justa» pretende reducir los efectos negativos que la transición hacia una economía sin emisiones de carbono tiene en los trabajadores y las comunidades, y garantizar al mismo tiempo que los beneficios se distribuyan de forma equitativa. En los últimos años, Sudáfrica se ha convertido en pionera mundial de la transición justa que otros países pueden tomar como ejemplo al emprender sus propios esfuerzos para lograr una transición justa.
El 31 de agosto de 2022, Sudáfrica alcanzó un hito histórico cuando el gabinete presidencial adoptó un marco para una transición justa. El marco presenta una visión compartida para avanzar hacia una economía equitativa y sin emisiones de carbono, e identifica ámbitos de política y principios clave para lograrlo.
Aunque el marco es pertinente para todas las políticas de Sudáfrica, debe desempeñar un papel fundamental para orientar la aplicación de la histórica Asociación para una Transición Energética Justa (JET-P), anunciada en la COP26 en noviembre de 2021. En ella, cinco países desarrollados (Francia, Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea) acordaron canalizar 8.500 millones de dólares para apoyar una transición justa y equitativa en Sudáfrica. La iniciativa se centra en aumentar la capacidad de energía renovable y acelerar la eliminación del carbón, además de impulsar la innovación en vehículos eléctricos e hidrógeno verde. Está por verse si los países donantes cumplirán sus promesas mediante compromisos financieros específicos que incorporen plenamente una transición justa; esto podría marcar el tono de la COP27.
Los avances recientes de Sudáfrica en su camino hacia una transición justa son fruto de años de colaboración entre numerosas partes interesadas, tanto dentro como fuera del Gobierno. Tras examinar los principales hitos y reveses del proceso de transición justa del país durante la última década, el WRI ha identificado cinco lecciones clave de esta revisión, entre ellas escollos que conviene evitar y logros que se pueden emular:
1) Crear un organismo centralizado de alto nivel y con amplia representación para gestionar el proceso de transición justa.
La expresión «transición justa» se incorporó por primera vez al léxico de las políticas sudafricanas en 2011, cuando el Gobierno publicó su Libro blanco nacional sobre la respuesta al cambio climático. El documento presentó una visión «de una respuesta eficaz al cambio climático y de una transición justa a largo plazo hacia una economía y una sociedad resilientes al clima y con bajas emisiones de carbono».
A medida que el movimiento cobró impulso en los años siguientes, diversos organismos y sectores gubernamentales mencionaron la transición justa en distintos documentos de políticas. Sin embargo, ningún organismo gubernamental tenía el mandato asignado de gestionar el trabajo relativo a la transición justa, y los esfuerzos carecían de coordinación.
La idea de crear un organismo estatutario independiente que encabezara el trabajo del Gobierno sobre la transición justa surgió por primera vez en la Cumbre Presidencial sobre Empleo de 2018. Los interlocutores sociales reunidos en la cumbre acordaron que este organismo —que ahora se conoce como Comisión Presidencial sobre el Clima (PCC)— coordinaría y supervisaría la transición justa, incluido el análisis de cómo maximizar las oportunidades de empleo. El gabinete de Sudáfrica aprobó la creación de la PCC en septiembre de 2020.
La PCC está presidida por el presidente Cyril Ramaphosa, y Valli Moosa, exministro de Asuntos Ambientales y Turismo, ocupa el cargo de vicepresidente. También forman parte de la PCC 10 ministros del Gobierno y otros 21 miembros que representan a las empresas, la juventud, los trabajadores, el mundo académico, las organizaciones de promoción, la sociedad civil, las instituciones de investigación y el liderazgo tradicional. Los comisionados ofrecen orientación estratégica y asesoramiento técnico, se reúnen trimestralmente y participan en grupos de trabajo ad hoc. La Secretaría, encabezada por el director ejecutivo Crispian Olver, se ocupa del funcionamiento cotidiano de la PCC.
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Hay varios aspectos de la estructura y el funcionamiento de la PCC que la hacen especialmente eficaz; algunos se describen en este estudio de caso sobre la PCC. En primer lugar, elevar la PCC al nivel de la Presidencia y contar con el presidente como titular permite a la comisión trabajar con todos los departamentos gubernamentales. Además, el hecho de que la PCC opere a tan alto nivel refuerza la importancia crucial que la transición justa tiene para Sudáfrica y su Gobierno. En segundo lugar, la PCC elige a sus comisionados entre los sectores y tipos de organizaciones más afectados, lo que le permite representar ampliamente a los principales grupos de partes interesadas y aporta credibilidad a su labor.
Si el Proyecto de ley sobre el cambio climático que actualmente se tramita en el Parlamento de Sudáfrica se aprueba según lo previsto, la PCC quedará establecida oficialmente por ley como organismo estatutario independiente. Esto formalizará su estructura y le dará mayor acceso a financiación gubernamental para cumplir su mandato de asesorar sobre la respuesta del país al cambio climático y el movimiento por una transición justa.
2) Involucrar a las partes interesadas desde el principio y con frecuencia.
Involucrar a las partes interesadas en cualquier decisión o proceso de política pública es importante para garantizar la equidad y obtener apoyo para su aplicación. Una participación eficaz de quienes más se verán afectados por una política permite que sus intereses queden representados en las decisiones finales. Por el contrario, no involucrar adecuadamente a las partes interesadas puede provocar el fracaso de una política o generar desconfianza entre el Gobierno y los principales grupos interesados.
Por ejemplo, en marzo de 2017, la empresa estatal de servicios públicos Eskom anunció que cerraría cinco centrales eléctricas de carbón debido a su escasa viabilidad económica y a la necesidad de dar prioridad a las energías renovables. Desde el punto de vista climático, el anuncio fue bienvenido; sin embargo, tomó por sorpresa a los sindicatos, que no habían sido consultados. El Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica (Numsa) convocó protestas.
En general, el Gobierno de Sudáfrica cuenta con sólidos procesos de participación de las partes interesadas, sustentados en un modelo de «concertación social» que reúne a partes interesadas con opiniones diversas para forjar consensos. La participación formal de las partes interesadas en el proceso de política pública sobre la transición justa de Sudáfrica se remonta, como mínimo, a 2018, cuando la Comisión Nacional de Planificación (NPC), un organismo autónomo e independiente adscrito al Departamento de Seguimiento y Evaluación, publicó un informe sobre las vías para una transición justa en el Cabo Occidental.
Al año siguiente de la publicación de ese informe, la NPC celebró talleres en cada provincia, que reunieron a interlocutores sociales y expertos en diálogos de alto nivel sobre la transición justa en sus respectivas provincias. Para concluir estos talleres, la NPC organizó una conferencia en mayo de 2019, donde presentó la Visión 2050 para Sudáfrica, elaborada por las partes interesadas como parte de los diálogos. La visión establece que para 2050 Sudáfrica creará una economía resiliente con cero emisiones netas, basada en energías renovables y con acceso equitativo y sostenible a los recursos, así como un entorno saludable para todos.
La participación sólida de las partes interesadas también está integrada en los principios fundamentales de la PCC. Tras la publicación de la propuesta de actualización de la NDC a principios de 2021, la PCC celebró una audiencia pública para recabar opiniones. Después encargó investigaciones adicionales para evaluar los objetivos propuestos y asegurarse de que Sudáfrica cumpliera con su contribución «justa» a la mitigación. Este amplio proceso de consulta llevó a la PCC a recomendar al Gobierno una Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) más ambiciosa, que finalmente se adoptó. En septiembre de 2021, Sudáfrica publicó una NDC reforzada, en virtud de la cual las emisiones de gases de efecto invernadero disminuirán una década antes de lo previsto, seguirán una trayectoria que limitará el calentamiento a 1,5 grados C (2,7 grados F) y situará la transición justa en el centro de todas las actividades climáticas. Es la primera vez que la NDC de Sudáfrica se ajusta a los objetivos del Acuerdo de París.
La principal tarea de la PCC durante su primer año fue elaborar un marco para una transición justa que ayudara a coordinar todo el trabajo relacionado entre los distintos sectores y grupos de partes interesadas. El marco definitivo, adoptado por el gabinete de Sudáfrica en agosto de 2022, presenta una visión compartida de cómo el país puede crear una economía sin emisiones de carbono para 2050, al tiempo que fortalece la resiliencia climática, elimina la pobreza y crea empleos sostenibles para todos. El marco señala algunas de las cadenas de valor más expuestas a los riesgos de la transición —carbón, agricultura, turismo y automoción— y establece ámbitos de política clave para ayudar a afrontarlos, entre ellos el desarrollo de recursos humanos y competencias; el desarrollo industrial, la diversificación económica y la innovación; y las medidas de protección social.
La PCC llevó a cabo una amplia labor de participación de las partes interesadas e investigación para redactar este marco. A lo largo de finales de 2021, organizó diálogos temáticos con partes interesadas clave para recabar aportaciones, y publicó un informe de políticas sobre cada tema. Los temas incluyeron: dinámicas de las políticas; la cadena de valor del carbón; empleo y medios de vida; financiación de una transición justa y seguridad hídrica. La PCC también encargó una serie de ensayos sobre adaptación y transición justa, escritos por expertos de una amplia variedad de campos y dedicados a temas que van desde la psicología hasta los recolectores de residuos y la agricultura. Estas consultas iniciales recabaron opiniones desde diversas perspectivas, en particular de voces ajenas al sector energético, que hasta entonces había centrado gran parte del debate sobre la transición justa.
A partir de todos estos esfuerzos, la PCC publicó un borrador del marco en febrero de 2022 y, durante los meses siguientes, llevó a cabo una amplia labor de participación de las partes interesadas para recabar sus comentarios. Como parte de este proceso, era esencial garantizar que quienes más se ven afectados por el cambio climático y la transición —en particular, las personas pobres y vulnerables— tuvieran la oportunidad de participar y que sus voces recibieran el mismo peso, o incluso más, que los intereses más poderosos. La PCC celebró ocho talleres públicos (resultados resumidos aquí), centrados en las zonas geográficas que se prevé que sufrirán los mayores efectos, como la provincia de Mpumalanga, donde se concentra la mayor parte de la producción de carbón de Sudáfrica. Estos talleres ofrecieron a los habitantes de las comunidades carboníferas una plataforma para expresar sus inquietudes y decirles la verdad a quienes ostentan el poder. También asistieron a varios de ellos dirigentes gubernamentales y empresariales.
Aunque los participantes de estos talleres públicos parecían valorar la oportunidad de hacer oír su voz, muchos expresaron también su desconfianza en el Gobierno y en su capacidad para mejorar sus vidas. Sus palabras revelaron la multitud de problemas que afrontan estas comunidades, más allá de las conversaciones sobre la transición justa. La PCC no podrá recuperar de la noche a la mañana la confianza de estas partes interesadas, pero escucharlas y tomar medidas para abordar sus preocupaciones en el marco de la transición justa es un primer paso fundamental.
La PCC también organizó talleres sobre el marco con grupos clave de partes interesadas que representaban a los trabajadores y al sector privado. Estas conversaciones culminaron en la Conferencia Multilateral de la PCC, celebrada en Johannesburgo en mayo de 2022, donde las principales partes interesadas se reunieron para hablar de la transición justa, el marco y sus esperanzas para el futuro. Tras la conferencia, la PCC incorporó al marco las opiniones recabadas en los talleres, la conferencia y los comentarios por escrito, con el fin de elaborar un documento que reflejara más plenamente los problemas y objetivos fundamentales de las personas más afectadas por una transición justa.
Al involucrar ampliamente a las partes interesadas en la elaboración de este marco, el Gobierno de Sudáfrica ha aumentado las probabilidades de que su aplicación tenga éxito y se perciba como justa y representativa de las opiniones de dichas partes. Este proceso puede servir de modelo para futuros procesos de formulación de políticas en Sudáfrica y otros lugares.
3) Promover la transparencia y la accesibilidad.
Esta recomendación va de la mano de una participación sólida de las partes interesadas. Mientras que el objetivo principal de esta participación es garantizar que se escuchen las voces de las personas, la transparencia y la accesibilidad buscan que la gente sepa y entienda qué ocurre durante todo el proceso de formulación de políticas.
Paralelamente a la labor de participación de las partes interesadas que realizaba la NPC, durante 2018 y 2019 el Departamento de Medio Ambiente y Silvicultura encargó a Trade & Industrial Policy Strategies (TIPS) investigar la transición justa. Esta investigación dio lugar a la elaboración de la Evaluación nacional de la vulnerabilidad del empleo y de planes de resiliencia laboral por sector, que describieron los principales riesgos relacionados con el clima y la transición en cinco cadenas de valor: carbón, metales, transporte basado en petróleo, agricultura y turismo. Estos informes describen claramente los principales riesgos que afrontan estos sectores, en especial los trabajadores, tanto a causa del cambio climático como de la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Poner los informes a disposición del público proporciona información fundamental a las partes interesadas afectadas. Además, han servido de base para buena parte de las investigaciones importantes posteriores.
Los principios de transparencia y accesibilidad también están integrados en toda la labor de la PCC. Desde su primera reunión de comisionados en febrero de 2021, la PCC ha retransmitido en directo y grabado todas sus reuniones y actividades de participación de las partes interesadas. Esto permite que cualquiera participe en tiempo real o vea las grabaciones más tarde y se mantenga al tanto de los últimos debates sobre políticas.
Sin embargo, la accesibilidad va más allá de poner recursos a disposición del público: también deben presentarse en un formato comprensible para todos. En la Conferencia Multilateral de la PCC, celebrada en mayo de 2022, algunos participantes expresaron su frustración porque la información suele comunicarse con un lenguaje excesivamente científico y técnico, difícil de entender para todos. También es fundamental ofrecer recursos traducidos para un público no científico y disponibles en varios idiomas para garantizar la accesibilidad.
Lamentablemente, hasta ahora la transparencia y accesibilidad que caracterizan los procesos de la PCC no se han reproducido en el acuerdo de financiación de la JET-P. Desde que el acuerdo se anunció a finales del año pasado, las partes interesadas se han sentido frustradas por la falta de avances percibida en la formalización y aplicación del acuerdo. En febrero, el presidente Ramaphosa creó el Equipo de Trabajo Presidencial sobre Financiación Climática para colaborar con los países donantes desarrollados en la elaboración de un marco para la JET-P. En una reunión reciente de comisionados de la PCC, los comisionados expresaron al responsable del Equipo de Trabajo su preocupación por la falta de avances. Les frustraba especialmente no poder informar a sus respectivos representados sobre cuándo y cómo se proporcionaría la financiación. También preocupa que el tipo de financiación concedida aumente la deuda del Gobierno si no se ofrece en forma de subvenciones y préstamos en condiciones muy favorables.
En junio de 2022, tras una visita del presidente de la COP Alok Sharma a Pretoria, el Equipo de Trabajo sobre Financiación Climática y los países donantes presentaron una actualización semestral sobre la JET-P. La actualización resumió los avances recientes de las actividades de transición justa en Sudáfrica en términos generales, pero aportó pocos detalles nuevos sobre los avances de la JET-P desde la COP26. En particular, no informó sobre la modalidad ni el calendario de la financiación, más allá de señalar que se estaba debatiendo. Por consiguiente, esta actualización no mejoró demasiado la transparencia del proceso de la JET-P.
El Equipo de Trabajo sobre Financiación Mixta y el Centro para la Sostenibilidad de la Universidad de Stellenbosch elaboraron un documento de consulta sobre la JET-P, con recomendaciones para mejorar la transparencia y otros principios que garanticen que la financiación sea «adecuada para su propósito». Entre las recomendaciones figuran especificar la fuente de los fondos y si se consideran financiación nueva además de los compromisos existentes; detallar las condiciones y los requisitos de la financiación; establecer hitos y plazos claros para proporcionarla, así como un mecanismo para hacer cumplir los plazos; y definir indicadores de desempeño como parte de un sistema claro de seguimiento y presentación de informes. Aplicar estas recomendaciones podría ayudar al Equipo de Trabajo y a los países donantes a mejorar la transparencia en torno a la JET-P y ampliar las posibilidades de participación de las partes interesadas. Sin mayor transparencia y participación, existe un riesgo real de que los principales grupos interesados, cuyo apoyo será necesario para llevar a cabo el acuerdo, no lo acepten.
4) Alinear las políticas con los objetivos climáticos.
Durante los últimos 10 años, los compromisos climáticos de Sudáfrica se han vuelto cada vez más ambiciosos, y algunas políticas nacionales han seguido esa tendencia. Sin embargo, varias políticas clave —especialmente en el sector energético— no están actualmente alineadas con la NDC del país, lo que pone en peligro su capacidad para cumplir sus compromisos climáticos.
En 2019, el Gobierno aprobó el Plan Integrado de Recursos (IRP2019), que añadió más capacidad de energía renovable a la combinación energética propuesta hasta 2030 y se comprometió a desmantelar la mayoría de las centrales de carbón para 2050. Sin embargo, también propuso añadir nueva capacidad de generación de carbón hasta 2024. Este plan parece contradecir las ambiciones expuestas en la Estrategia de desarrollo con bajas emisiones de Sudáfrica para 2050 y en la NDC actualizada.
El Gobierno de Sudáfrica siguió enviando señales contradictorias sobre el calendario para eliminar gradualmente los combustibles fósiles en septiembre de 2021, cuando el Departamento de Recursos Minerales y Energía (DMRE) publicó su propio plan de transición justa. El marco del DMRE pretende apoyar la descarbonización de acuerdo con los objetivos del IRP2019 y, al mismo tiempo, reconoce los análisis de la PCC que indican que quizá se requiera más ambición que la prevista en el IRP2019 para alcanzar el extremo más ambicioso del rango de la NDC. A continuación, el ministro del DMRE, Gwede Mantashe, hizo declaraciones durante la Semana de la Energía de África en Ciudad del Cabo, en plena COP26, en las que subrayó la importancia de explotar el petróleo y el gas en África. Luego, en febrero de 2022, el ministro Mantashe habló en el Coloquio sobre el Carbón y afirmó: «Muchos creen que en 2030 no habrá generación de energía a partir del carbón. Puedo asegurarles que en 2030 se generará mucha energía a partir del carbón».
Estos documentos y declaraciones se apartan considerablemente del mensaje de la PCC y del presidente Ramaphosa, quienes insisten en la necesidad de avanzar de inmediato hacia una sociedad justa y con bajas emisiones de carbono. Como el IRP2019 sigue siendo la política oficial que orienta los sectores de recursos minerales y energía de Sudáfrica, el DMRE y Eskom pueden seguir impulsando la incorporación de nueva capacidad de generación de carbón a la combinación energética conforme a la política gubernamental aprobada.
Sin embargo, el Plan Nacional de Infraestructuras 2050, aprobado en marzo de 2022, establece una vía para actualizar el IRP. El plan señala que el IRP2019 se revisará en los próximos tres años para extenderlo hasta 2050 y que se actualizarán los objetivos a medio plazo para «reflejar un enfoque centrado en la sostenibilidad y el menor costo». En comparación con los objetivos actuales del IRP2019, que proyectan que el carbón y el gas representarán el 27% de la combinación energética en 2050, la combinación energética más económica incluiría un 15% de carbón y gas. El DMRE confirmó posteriormente que ha iniciado el proceso de actualización del IRP2019; sin embargo, también declaró que seguirá añadiendo capacidad de acuerdo con el plan actual, lo que implicaría sumar más capacidad de generación de carbón.
Es de esperar que el plan actualizado y otras políticas en estudio, como el Proyecto de ley sobre el cambio climático y el Libro blanco preliminar sobre el avance de los vehículos de nueva energía en Sudáfrica, contribuyan a armonizar mejor las políticas del país con sus ambiciosos compromisos.
5) Forjar coaliciones políticas y un pacto social en torno a la transición justa.
La transición justa puede reunir a organizaciones que quizá no coincidan en muchos otros temas, pero que desempeñan un papel importante en la promoción del movimiento en Sudáfrica, como sindicatos, ONG, instituciones académicas y el sector privado.
Antes de que el concepto de transición justa entrara en el ámbito formal de las políticas sudafricanas, el Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU) la convirtió en un elemento central de su Marco de políticas sobre el cambio climático, adoptado en 2011. La definición de transición justa de COSATU destacaba la importancia de mejorar las condiciones de la clase trabajadora y de los países en desarrollo, mientras que los países industrializados pagan la parte que les corresponde de las emisiones.
Desde entonces, los sindicatos han seguido siendo una voz influyente en el debate sobre la transición justa y han trabajado constantemente para garantizar que los trabajadores afectados y las personas pobres ocupen un lugar central en todas las conversaciones. En 2018, la Federación de Sindicatos de Sudáfrica (SAFTU) organizó una Cumbre de la Clase Trabajadora con más de 1.000 delegados que representaban a 147 organizaciones de la clase trabajadora. La declaración resultante señaló la necesidad de una transición justa que lleve energía limpia a todos y atienda los intereses tanto de los trabajadores del sector energético como de las personas de clase trabajadora afectadas por el cambio climático.
Como los sindicatos están muy bien organizados y suelen tener gran influencia política en Sudáfrica, pueden ser aliados poderosos o convertirse en obstáculos si no se los involucra adecuadamente. Un ejemplo de esto último ocurrió en 2018, cuando Numsa recurrió a una medida cautelar del Tribunal Superior para impedir que el ministro de Energía firmara 27 nuevos contratos de productores independientes de energía, que ampliarían la capacidad de energía renovable de propiedad privada en Sudáfrica. En un artículo de opinión publicado en The Daily Maverick, Karl Cleote, entonces subsecretario general de Numsa, aclaró la postura del sindicato y afirmó que «no estamos en contra de las energías renovables [ER]. Al contrario, luchamos por un sector de ER de propiedad social, bajo propiedad pública, comunitaria o colectiva y diseñado para anteponer a las personas a los beneficios».
Las ONG y el mundo académico también han desempeñado un papel importante en el camino de Sudáfrica hacia una transición justa. En 2017, la organización ambientalista sin ánimo de lucro groundWork publicó una investigación sobre los efectos del carbón en la salud, que concluyó que la contaminación de la flota de centrales de carbón de Eskom causa más de 2.200 muertes al año y cuesta a la economía 2.400 millones de dólares cada año. En 2019, groundWork y Vukani Environmental Movement utilizaron este estudio y otras investigaciones para presentar una demanda contra el Gobierno, acusándolo de vulnerar el derecho constitucional a un aire limpio. En marzo de 2022, los tribunales se pronunciaron sobre el caso, al decidir que, en efecto, el Gobierno es responsable de mejorar la calidad del aire y estipular que el ministro de Asuntos Ambientales debe establecer nuevas normas en el plazo de un año para mejorar la vigilancia y sancionar los incumplimientos. Este ejemplo demuestra cómo investigadores y organizaciones sin ánimo de lucro pueden colaborar para aumentar la presión sobre el Gobierno a fin de que adopte medidas climáticas acordes con una transición justa.
La investigación y el mundo académico también fueron fundamentales para sentar las bases de la JET-P. En 2018, Meridian Economics comenzó a elaborar una propuesta para una transacción para una transición justa (JTT, por sus siglas en inglés), concebida como modelo de cómo podría ser un acuerdo de financiación para el cierre anticipado de centrales de carbón. A mediados de 2020, investigadores de la Universidad de Ciudad del Cabo publicaron un informe de estudio de caso titulado Financiación climática para transformar la infraestructura energética como parte de una transición justa en Sudáfrica. El estudio contribuyó a definir con mayor claridad la visión de la JTT.
En los dos últimos años, el sector privado ha aumentado drásticamente su participación en el movimiento por una transición justa y ha anunciado numerosos objetivos ambiciosos propios. En marzo de 2020, Exxaro, uno de los mayores proveedores de carbón de Eskom, tomó la iniciativa al publicar su declaración sobre su postura climática, que incluía un «objetivo aspiracional de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050» y el compromiso de apoyar una transición justa. Más tarde ese año, Eskom creó una Oficina para la Transición Energética Justa y anunció su propio objetivo de cero emisiones netas para 2050. Aunque Eskom es una empresa pública de servicios públicos, sus decisiones tienen un impacto significativo en los productores privados de carbón y en el sector energético en general.
La acción del sector privado cobró aún más impulso en 2021, cuando Sasol, una importante empresa energética y química con sede en Sudáfrica, anunció un objetivo de cero emisiones netas para 2050 y un objetivo más ambicioso de reducción de gases de efecto invernadero para 2030. Anglo American, una empresa minera que extrae platino, mineral de hierro y diamantes en Sudáfrica, publicó su Informe sobre el cambio climático 2021, en el que actualizó los avances hacia la neutralidad de carbono en sus emisiones de Alcance 1 y 2 para 2040 y anunció un nuevo objetivo de reducir a la mitad las emisiones de Alcance 3 para 2040. Además, Exxaro y Seriti Resources, los dos mayores proveedores de carbón de Eskom, firmaron un memorando de entendimiento con Eskom para desarrollar proyectos de energías renovables que abastezcan sus operaciones vinculadas a Eskom.
Aunque estos avances son alentadores, los compromisos deben ir acompañados de acciones concretas por parte de estas empresas. La presión constante de los principales grupos de interés y un marco legislativo favorable contribuirán a garantizarlo.
Aprendizajes de la transición justa de Sudáfrica
Cada país afrontará sus propios desafíos particulares durante la transición mientras trabaja para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la experiencia de Sudáfrica ofrece enseñanzas de aplicación general que otros pueden aprovechar, tanto en cuanto a los logros que conviene replicar como a los escollos que se deben evitar.
Un elemento fundamental para todas las recomendaciones anteriores —y para el éxito de cualquier transición— es poner la equidad y la justicia en el centro de todos los aspectos del paso a una sociedad con bajas emisiones de carbono. No hacerlo conlleva el riesgo de reproducir o agravar las desigualdades existentes que han contribuido a la crisis climática actual o la han exacerbado. Una transición justa procura garantizar que nadie se quede atrás al alejarnos de los combustibles fósiles y puede ayudarnos a crear sociedades más equitativas y sostenibles.
