Los jóvenes de África están más formados, informados y conectados con el mundo que nunca. La próxima generación no puede –y no debe– enfrentarse a un futuro en el que el soborno y la corrupción se consideren normales.
La historia de África está marcada por la colonización y la corrupción, con entidades corporativas que se aprovechan de la rica riqueza natural de la región en detrimento del medio ambiente y de las poblaciones locales, y que a menudo dejan muy poco beneficio a cambio. En una era de cumplimiento normativo y transparencia, esto ya es inaceptable, pero el cumplimiento de los requisitos regulatorios solo debería ser el punto de partida.
Las organizaciones que operan en África (locales o extranjeras) suelen hacerlo en lugares alejados de la supervisión regulatoria o en países que tienen dificultades para hacer cumplir la ley. El soborno ha sido a menudo una de las formas de corrupción más fáciles de practicar. Transparencia Internacional –que se define a sí misma como «la coalición mundial contra la corrupción»– afirma que 75 millones de personas en África pagan sobornos. El soborno es especialmente problemático en el sistema judicial, donde se aceptan sobornos para eludir el castigo o para acceder a los servicios jurídicos más básicos.
El anterior presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, afirmó: «La corrupción crea y agrava la pobreza y la exclusión. Mientras que los individuos corruptos con poder político disfrutan de una vida lujosa, millones de africanos se ven privados de sus necesidades básicas, como la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, el acceso a agua limpia y el saneamiento.»
Los responsables políticos deben trabajar para erradicar la corrupción del continente, facilitando y garantizando la seguridad de quienes la denuncien. Los denunciantes deben estar protegidos, independientemente de dónde trabajen, ya sea en el sector público o en el privado. Deben contar con protección jurídica y estar resguardados de represalias. Los canales de denuncia deben ser transparentes y figurar en registros públicos. Sin embargo, el soborno y la corrupción también proceden de fuentes inesperadas.
La existencia de pobreza y conflictos en distintas partes de África hace que muchos de los más pobres, desposeídos y vulnerables de la sociedad sean susceptibles al soborno. En algunas circunstancias, refugiados que huyen de zonas de guerra o comunidades desplazadas por limpiezas étnicas se han visto obligados a pagar sobornos para poder ponerse a salvo. En 2017, a civiles que huían de la limpieza religiosa y étnica en la República Centroafricana se les exigió pagar sobornos de hasta 100 dólares a contratistas privados para ser sacados de contrabando a través de la frontera. Los contratistas privados no solo infringen la ley en estas situaciones, sino que traicionan la obligación moral que han asumido. Además, erosionan la confianza en las empresas privadas, en las agencias gubernamentales y en los propios organismos internacionales que trabajan tan intensamente para mejorar sus circunstancias.
Una responsabilidad que va más allá de nuestras obligaciones
Una sociedad civil sólida se sustenta en la seguridad y en la confianza en los legisladores y en quienes ocupan posiciones de poder, incluidos los empleadores. Las empresas que operan en mercados en desarrollo tienen la responsabilidad de ir más allá del cumplimiento normativo. Deben actuar con total transparencia y demostrarlo. Deben tomar medidas para garantizar que cualquier posible acto indebido se anticipe y se evite mediante la creación y aplicación de normas y políticas de denuncia que dificulten enormemente las conductas poco éticas. Todas las empresas, sean extranjeras o africanas, tienen el deber moral de garantizar que las irregularidades que han azotado al continente en el pasado no vuelvan a producirse.
Por ello, las organizaciones privadas no solo deben cumplir con sus obligaciones, sino ir más allá de ellas para asegurarse de dejar un legado positivo. Las Naciones Unidas establecen directrices claras en los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Este insta a las empresas a alinear sus estrategias y operaciones con los principios universales en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción, y a adoptar medidas que promuevan objetivos sociales. Estos principios deben ser asumidos por los contratistas privados para que los intentos de corrupción o soborno resulten imposibles. Esto es especialmente importante para aquellas empresas que operan en comunidades desfavorecidas o que emplean a personas vulnerables.
En África, muchas empresas privadas son contratadas para crear y gestionar comunidades enteras en zonas remotas, incluidas minas situadas a cientos de millas de las fuerzas del orden. Para operar por encima de las prácticas estándar del sector, nuestra organización, RA International, ha adoptado voluntariamente las normas del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para garantizar una transparencia total en todas nuestras operaciones. Hemos adoptado públicamente una política de tolerancia cero frente al soborno, de modo que, en toda la cadena de suministro y en los puestos fronterizos, todos sepan que los sobornos no se toleran. Esta postura firme y pública envía una señal poderosa a todos: que incluso la mera sugerencia de un soborno tendrá consecuencias severas.
Un enfoque de tolerancia cero es importante desde el punto de vista simbólico y constituye una forma poderosa de cambiar mentalidades. Si quienes tienen inclinación hacia la corrupción perciben que la mayoría de las personas de su entorno no la tienen, puede producirse un cambio social. En entornos remotos, como las minas o durante catástrofes humanitarias, los contratistas privados solo tienen un día para transmitir este mensaje poderoso: el primer día. Desde el primer día en el lugar de trabajo, los directivos y supervisores deben dejar claro que la tolerancia cero significa tolerancia cero, sean cuales sean las circunstancias. Las empresas también deben presupuestar en consecuencia para garantizar que el tiempo necesario para establecer políticas y procedimientos anticorrupción in situ sea una parte integral del trabajo, debidamente remunerada: segura, transparente, ética y eficaz. Las organizaciones que contratan a contratistas privados también deben reconocer el valor de invertir en dichos protocolos.
Quienes llegamos a lugares marcados por la pobreza arraigada, los conflictos o las crisis humanitarias somos afortunados: podemos ayudar a algunas de las personas más pobres y vulnerables del mundo. Es moralmente reprobable y absolutamente aborrecible participar en el soborno o hacer la vista gorda cuando somos precisamente quienes tenemos la confianza para prestar ayuda. Al asociarse con empresas privadas que arrojan luz sobre la corrupción y el soborno, las organizaciones pueden operar por encima de los estándares del sector y ofrecer mejores resultados a quienes más lo necesitan.
