El Protocolo de Maputo es un tratado histórico que fue aprobado por la Unión Africana en 2003.
El Protocolo ha contribuido a avanzar en los derechos de las mujeres en África en varios ámbitos, entre ellos la violencia sexual y de género, la mutilación genital femenina y el derecho a la educación.
Sin embargo, el Protocolo también se ha enfrentado a dificultades, como la falta de aplicación y de cumplimiento.
A pesar de estas dificultades, el Protocolo sigue siendo un instrumento importante para avanzar en los derechos de las mujeres en África.
2023 marca dos décadas desde la aprobación del Protocolo de Maputo. El Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los Derechos de la Mujer en África (el Protocolo de Maputo) es posiblemente el instrumento jurídicamente vinculante más progresista en materia de derechos de la mujer y derechos humanos a nivel mundial. En total, 44 países africanos lo han firmado y ratificado .El Protocolo de Maputo establece derechos de la mujer amplios y progresistas. Entre ellos se incluyen el derecho a la salud y a la reproducción, a la herencia, al bienestar económico y social, a la educación y la formación, al acceso a la justicia y a la igual protección ante la ley, y a la eliminación de las prácticas nocivas. A continuación, más información sobre el tratado y su importancia.
¿Qué significa para los derechos sexuales y reproductivos?
Los artículos 2 y 14 establecen disposiciones específicas para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas.
El artículo 2 obliga a los Estados miembros a promulgar y aplicar leyes y otras medidas para combatir todas las formas de discriminación, en especial las prácticas nocivas que ponen en peligro la salud y el bienestar general.
Las iniciativas de promoción para poner fin al matrimonio infantil y a la mutilación genital femenina se basan en esta disposición específica. Estos esfuerzos han permitido que 43 países africanos cuenten ya con leyes que fijan la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años o más, tanto para niñas como para niños. Si bien algunos de estos países mantienen excepciones con consentimiento parental y leyes consuetudinarias paralelas sobre el matrimonio, en los últimos diez años más países han eliminado estas excepciones. Además, 22 de los 29 países africanos que practican la mutilación genital femenina cuentan ahora con leyes nacionales que prohíben esta práctica.
El artículo 14 obliga a los Estados miembros a garantizar el derecho de las mujeres a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. Esto incluye el derecho a controlar la fecundidad, a decidir si tener hijos, el número de hijos y el espaciamiento entre ellos, y a elegir cualquier método anticonceptivo.
¿Ha sido eficaz?
Desde la entrada en vigor del Protocolo de Maputo, la mayoría de los países africanos han eliminado las tasas de usuario para los servicios de salud materna en los centros sanitarios de titularidad pública. Esto ha aumentado el acceso a servicios de atención materna de calidad para las mujeres y niñas marginadas. Como resultado, las muertes maternas han disminuido notablemente.
Más países han ampliado sus leyes para permitir el acceso al aborto seguro en casos de agresión sexual, violación, incesto, malformaciones fetales que pongan en peligro la vida, y cuando un embarazo ponga en peligro la salud mental y física de la mujer o su vida. Entre 2000 y 2021, 22 países africanos ampliaron sus motivos legales para el aborto. Seis —Cabo Verde, Sudáfrica, Túnez, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe (hasta las 10 semanas de gestación en Angola)— permiten el aborto a petición de la mujer durante el primer trimestre del embarazo. Más países han elaborado y puesto en marcha directrices de atención posaborto para ampliar el acceso de las mujeres y niñas.
El éxito del Protocolo de Maputo en la protección y garantía de los derechos de las mujeres y en la eliminación de la discriminación es muy notable. Cuando se vulneran los derechos de las mujeres y niñas, el Protocolo de Maputo se ha convertido en un instrumento para buscar reparación jurídica y una herramienta para exigir rendición de cuentas. Se ha hecho referencia a él en los siguientes ejemplos:
Una sentencia judicial de diciembre de 2020 determinó que el Gobierno de Kenia vulneróvarios instrumentos de derechos humanos, entre ellos el Protocolo de Maputo, por no investigar ni enjuiciar casos de violencia sexual y de género ocurridos durante la violencia poselectoral de 2007. Se ordenó al Gobierno pagar una indemnización de 4 millones de chelines kenianos (unos 40.000 dólares estadounidenses) a cada una de cuatro supervivientes.
En diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la CEDEAO determinó que la prohibición de que las escolares embarazadas asistieran a la escuela en Sierra Leona era discriminatoria y vulneraba el derecho de las niñas a la educación, en contravención de los artículos 2 y 12 del Protocolo de Maputo. Desde la sentencia, el Gobierno de Sierra Leona ha levantado la prohibición.
Los artículos 13 y 17 de la Ley de Matrimonio de Tanzania, que fijan la edad mínima para contraer matrimonio en 15 años para las niñas y 18 años para los niños, fueron impugnados en el tribunal de apelación en 2019. Citando el Protocolo de Maputo, el tribunal confirmó la sentencia anterior según la cual el matrimonio antes de los 18 años era ilegal.
¿Cuáles han sido sus deficiencias?
Los avances en la realización de los derechos de las mujeres y niñas siguen siendo desiguales dentro de los países y entre ellos. Once países no han ratificado el protocolo. Veinticuatro no han cumplido su obligación de presentar informes a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. En consecuencia, las leyes discriminatorias persisten. Además, las leyes consuetudinarias, comunes y civiles siguen coexistiendo con las disposiciones constitucionales. Esto crea lagunas que facilitan la vulneración de los derechos de las mujeres y niñas.
Por ejemplo, 11 países (Camerún, Seychelles, Sudán, Sudáfrica, Burkina Faso, Gabón, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal y Tanzania) permiten que las niñas menores de 18 años contraigan matrimonio. Un Estado miembro no tiene una edad mínima para contraer matrimonio. No obstante, se están llevando a cabo reformas legales en cinco de estos países.
Se han registrado mejoras en los resultados de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, la violencia sexual y de género, el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina siguen siendo elevados en la mayoría de los países africanos. la mayoría de los países africanos. Las muertes maternas y las nuevas transmisiones del VIH han disminuido. Sin embargo, la incidencia sigue siendo relativamente alta en varios países.
Los jóvenes, en particular las niñas, soportan una carga desproporcionada de malos resultados en salud sexual y reproductiva. Esto dificulta su transición hacia la edad adulta y afecta a su salud presente y futura a lo largo de la vida (física y mental), así como a su bienestar socioeconómico y su empoderamiento.desproporcionada carga
¿Qué más hay que hacer?
Se necesitan más iniciativas de promoción para garantizar que:
los 11 países restantes ratifiquen el protocolo
los países que tienen reservas sobre algunos de los artículos del protocolo deben abordarlas
quienes lo han ratificado en su totalidad incorporen y apliquen plenamente sus disposiciones.
Estas iniciativas de promoción deben basarse en pruebas contextualmente pertinentes sobre salud sexual y reproductiva, incluido lo que funciona para abordar las prácticas nocivas, aumentar el acceso de los jóvenes a la información y los servicios, y reducir las nuevas infecciones por VIH y las muertes maternas.
La alianza entre todos los actores que trabajan para garantizar la realización de la salud de las mujeres y de sus derechos reproductivos debe revitalizarse y mantenerse para asegurar que los avances se consoliden y no se reviertan.
Consolidar una cultura de equidad en torno a los derechos sexuales y reproductivos también exigirá una colaboración específica con líderes comunitarios y religiosos para fortalecer su capacidad en materia de salud sexual y reproductiva. Es igualmente fundamental la financiación sostenida de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para garantizar los derechos de las mujeres, así como la necesidad de reforzar el movimiento de mujeres en el continente.
