El ciberespacio es el nuevo sistema nervioso de África. De Argel a Ciudad del Cabo, internet está cambiando la vida de las personas y transformando sectores económicos como la agricultura, la banca y el transporte. La rápida adopción de los teléfonos inteligentes junto con la población más joven del mundo han contribuido a situar a África en el primer puesto de la clasificación mundial de crecimiento de la penetración de internet. La conectividad digital aumentó de 167,3 millones de personas en 2012 a 412 millones en diciembre de 2017, lo que apunta a un futuro prometedor.
La participación de África en la economía digital mundial ya es una realidad. Para 2020, la economía digital representará más del 26 % del PIB mundial, y se espera que África se beneficie de ello incluso según las estimaciones más conservadoras. Sin embargo, muchos países deben hacer más para hacer realidad su potencial digital. La revolución digital de África no es solo una cuestión de conectividad y acceso: se trata de aplicar políticas significativas que permitan a los sectores público y privado participar en la nueva economía. Aunque la brecha digital fue un obstáculo importante para el desarrollo en la década de 1990, la falta de políticas cibernéticas adecuadas podría ahora impedir el progreso de África y crear una nueva brecha.
El ciberespacio africano es un hervidero de riesgos. Los gobiernos y las empresas privadas se enfrentan a una explosión de ciberamenazas. La población en general se ve afectada por intrusiones de malware, ciberdelincuencia financiera, ataques de phishing y vigilancia masiva. La ciberdelincuencia en África es cada vez más sofisticada y genera pérdidas económicas exorbitantes. Solo en 2016, se estimó que el coste de la ciberdelincuencia ascendía a $2.000 millones, con pérdidas de $550 millones para la economía nigeriana. La situación se agrava por la falta de tecnología y competencias para repeler este tipo de ataques.
El ecosistema digital de África es un espacio dinámico y en crecimiento que ofrece una multitud de beneficios. Sin embargo, varios países siguen teniendo dificultades para hacer frente a los desafíos relacionados. De hecho, muy pocos gobiernos han aplicado estrategias nacionales de ciberseguridad, lo que convierte al ecosistema en línea de África enuno de los más vulnerables del mundo.Solo el 20 % de los Estados africanos ha establecido un marco jurídico de ciberseguridad, mientras que apenas 11 países han aprobado leyes sustantivas sobre ciberdelincuencia. Incluso cuando existen leyes y procedimientos, los ciclos legislativos van a la zaga del rápido ritmo de innovación de la economía digital.
Construir un ciberespacio resiliente es una tarea política difícil. En 2014, la Unión Africana (UA) dio un paso importante hacia una mayor seguridad digital al adoptar el Convenio sobre Ciberseguridad y Protección de Datos Personales (2014). El documento tiene como objetivo mejorar la manera en que los Estados africanos abordan cuestiones que van desde la ciberdelincuencia hasta la protección de datos personales y el comercio electrónico.
La UA panafricana optó por desarrollar su propio instrumento jurídico en lugar de promover la participación en tratados internacionales existentes, como el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia (2001). La idea era suscitar un debate continental fructífero sobre los riesgos y desafíos cibernéticos y coordinar las políticas emergentes de los Estados miembros. Sin embargo, en la práctica, esto no ha ocurrido.
Los países africanos handemostrado cautela a la hora de aplicar una estrategia continental coherente. Desde la adopción del Convenio, solo 9 de los 55 Estados miembros de la UA lo han firmado. En 2017, Ghana fue el único miembro que firmó el Convenio. Senegal sigue siendo el único país que lo ha ratificado, lo que significa que estamos muy lejos de las 15 ratificaciones necesarias para que el Convenio entre en vigor. Las cuatro principales potencias africanas —Argelia, Egipto, Nigeria y Sudáfrica— aún no lo han firmado. Este nivel de participación inesperadamente bajo demuestra que los Estados miembros se muestran reacios a implantar un sistema común de gobernanza cibernética,dando prioridad a la soberanía y la independencia.
En 2014, las partes interesadas internacionales acogieron el Convenio de la UA como unprimer paso hacia el desarrollo cibernético de África, pese a algunas críticas a lasdisposiciones imprecisas sobre el acceso a los datos personales. Al menos, la Unión Africana intentó implicar en esta cuestión a los Estados miembros y a lasComunidades Económicas Regionales (CER). Sin embargo, tres años después de la adopción del Convenio, la revolución digital de África sigue frenada por la falta de acción política.
La Unión Africana debe utilizar sus recursos y conocimientos especializados para movilizar a sus miembros. Los Estados miembros deben aplicar las mejores prácticas digitales y mantenerse al día con la innovación. Es necesario armonizar las políticas nacionales y los marcos jurídicos. Todo esfuerzo individual está condenado al fracaso.
La adopción de leyes compatibles en cada Comunidad Económica Regional mejoraría sin duda la situación. Además, la Unión Africana debe trabajar muy estrechamente con los países que aún carecen de agendas de ciberseguridad. Al fin y al cabo,el artículo 24 del Convenioestipula que los Estados deben diseñar y aplicar una política nacional de ciberseguridad.
Para que la acción política tenga éxito, se necesita liderazgo al más alto nivel. Los líderes africanos tienen la responsabilidad de proteger a sus sociedades frente a los riesgos cibernéticos emergentes, respetando al mismo tiempo la privacidad en línea. Esto exige un diálogo entre múltiples partes interesadas: gobiernos, sector privado y organizaciones de la sociedad civil.
Además, los Estados miembros pueden beneficiarse de participar en iniciativas internacionales comoDiligencia debida en materia de ciberseguridad en África, desarrollada por el Foro Global sobre Ciberexperiencia, que ayuda a los Estados a redactar marcos nacionales de ciberseguridad.
Un ciberespacio resiliente es esencial para hacer realidad el potencial de África y responder a las crecientes expectativas de la sociedad. Esto requiere una acción política pragmática, una buena gobernanza cibernética, un sistema de regulación ágil y una agenda eficaz que trate el ciberespacio como un bien público común.
